Por Hernán Cappiello de La Nación (GDA)
La Cámara Federal de Casación Penal se encamina a confirmar la condena a seis años de prisión contra Cristina Kirchner (CK) por el delito de fraude al Estado al direccionar licitaciones de obras públicas en la provincia de Santa Cruz en beneficio del empresario Lázaro Báez.

Así lo tienen decidido los jueces de la Sala IV de la Cámara de Casación Penal Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, según anticiparon a La fuentes de los tribunales.

Los camaristas rechazarán todos los recursos, tanto de la fiscalía como de las defensas, con lo que quedarán confirmadas las mismas penas y absoluciones que impusieron los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, del Tribunal Oral Federal N° 2, cuando firmaron la sentencia el 6 de diciembre de 2022.

El fallo, que se prenuncia que sería dictado esta semana, no será unánime sino que hay posturas diferentes en la Cámara de Casación.

El juez Gustavo Hornos, que preside la Sala IV en este caso y fue el primero en votar, se inclinó por endurecer la condena e incorporar a la de fraude el cargo de asociación ilícita, que reclamó el fiscal de Casación Mario Villar, del mismo modo que el fiscal del juicio oral Diego Luciani. Pero su posición quedó solitaria.

Los otros dos jueces que están terminando de delinear sus votos (por separado) son Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña.

Borinsky analizó en un momento reducir la condena tratándose de una persona primaria y sin antecedentes penales. Ya falló así en otros juicios como en el caso de la Ruta del dinero K, contra Lázaro Báez, y en una causa contra Julio De Vido por la tragedia de Once, cuando le tocó votar como conjuez de la Corte Suprema de Justicia.

El tercer juez a votar, Barroetaveña, está más cerca de rechazar todos los recursos y mantener las mismas penas que impuso el tribunal oral federal.

Para que un tribunal colegiado dicte una sentencia debe haber al menos dos votos coincidentes, sino no hay fallo.

Hubo algunos experimentos, como llamar a un cuarto juez a votar, para conformar una mayoría, pero la Corte Suprema de Justicia se encargó de anular esas sentencias y ratificó el criterio de la necesidad de deliberar y de llegar a un consenso.

Así las cosas, en la Casación la decisión está tomada: se confirmará la sentencia por dos votos a uno, con la opinión mayoritaria de Borinsky y Barroetaveña, con el voto de Hornos en disidencia, dijeron fuentes de los tribunales.

Son 14 imputados y 13 condenas que hay que revisar, que se mantendrían como están.

El Código Procesal Penal refiere en el art. 458 inciso 2 que el fiscal puede apelar la sentencia condenatoria, “cuando se haya impuesto una pena privativa de libertad inferior a la mitad de la requerida”.

En este caso el fiscal de juicio, Diego Luciani, pidió 12 años y el tribunal oral impuso la condena de seis años, es decir que no es inferior a la mitad de lo pedido, sino justo la mitad. Este sería uno de los argumentos para rechazar el recurso de la fiscalía.

Hay otro asunto. Si la Casación cambia las penas, el caso debería ser revisado en un recurso de Casación horizontal por otra sala del mismo tribunal, lo que habilita el “efecto extensivo” del recurso que permite que los jueces alteren otras condenas y no sólo las corregidas en un primer momento. Todo un escenario imprevisible. Primó la idea de dejar todo como está.

CK fue condenada a seis años de cárcel, considerada autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

También se dictó su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Los jueces la absolvieron, por mayoría, por el delito de asociación ilícita.

El empresario dueño de Austral Construcciones, Lázaro Báez, fue condenado a seis años de prisión como partícipe necesario del delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.

El exsecretario de Obras Públicas José López también fue sentenciado a seis años de cárcel. Ya había sido condenado previamente por enriquecimiento ilícito y por la tenencia ilegal de un arma de fuego.

El extitular de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) Nelson Periotti recibió una condena a seis años de prisión por ser considerado autor penalmente responsable de delito de administración fraudulenta.

El exministro de Planificación Julio De Vido fue absuelto de todos los cargos por los que había sido acusado, y seguirá así. Héctor Garro, fue absuelto por el tribunal, pero fueron condenados los titulares durante tres gobiernos kirchneristas de la Agencia de Vialidad Provincial de Santa Cruz Mauricio Collareda (4 años), Raúl Daruich 3 años y seis meses), Raúl Pavesi (cuatro años y seis meses), José Raúl Santibañez (4 años) y Juan Carlos Villafañe (cinco años). Abel Fatala -que fue el segundo de José López en la secretaría de Obras Públicas, fue absuelto y seguirá así, al igual que Santiago Kirchner, primo de Néstor, que fue sobreseído.

Si bien en la deliberación en el caso se inclinaba la balanza hacia un fallo dividido donde primaba la idea de reducir la pena de Cristina Kirchner y la de otros acusados, esa posición finalmente no logró consenso y se llegó a una sentencia con dos votos coincidentes, cuando se impuso el criterio de mantener las mismas penas que en el juicio oral.