La Nación/GDA
La CGT (Confederación General del Trabajo) argentina marchó este miércoles, junto a otras organizaciones sociales, políticas y gremiales, hacia el Palacio de Tribunales, en rechazo del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por el presidente Javier Milei. Luego, se hizo una presentación judicial de la central obrera ante el juez José Ignacio Ramonet, quien rechazó la medida cautelar.

La presentación judicial que hizo la CGT lleva la firma de los miembros del triunvirato de mando, Héctor Daer, Carlos Acuña y Pablo Moyano, y quedó radicada en el juzgado laboral Número 69, a cargo de José Ignacio Ramonet. El magistrado rechazó conceder la medida cautelar interina porque todavía no está en vigencia el decreto de Milei. Ramonet, en tanto, sí se asumió competente para tramitar la acción de amparo que presentó la central obrera y le corrió vista a la Jefatura de Gabinete.

“No encuentro que se den razones graves y objetivamente impostergables (conf. Art.4 inc. 1ro. Párrafo 3) que habiliten el dictado de una medida cautelar interina, considerando para ello que la norma todavía no entró en vigencia, y que, de hacerlo, solo afectaría a las situaciones que regula a partir de su vigencia, pudiendo, además, ser motivo de cuestionamiento en los procesos individuales que puedan suscitarse con motivo de su aplicación”, argumentó Ramonet.

Y agregó: “Es cierto que, de entrar en vigencia, habría derechos colectivos afectados -como por ejemplo lo relativo a la regulación de las medidas de acción directa-, pero ello debería ser necesariamente cuestionado ante la existencia misma de un conflicto de estas características que, al menos en la demanda, no se especifica”.

La comisión todavía no quedó constituida de manera oficial y se estima que recién podría abocarse en la segunda semana de enero al tratamiento del DNU. Por lo pronto, el Poder Ejecutivo tiene plazo hasta el 5 de enero para enviarlo al Congreso.

El decreto limita el derecho a huelga, deroga la ley de alquileres, elimina normas de protección a los trabajadores y de resguardo al consumidor frente a aumentos de precios cuando la inflación anual supera el 160% y la pobreza el 40%. En la Casa Rosada se muestran confiados y ponen de relieve que “ningún DNU de la democracia fue invalidado por ambas cámaras”.

Por este y otros cambios, no faltaron los rumores de un paro general por parte de la CGT, que sería su primera acción de este tipo desde mayo de 2019.