Matías Moreno / La Nación (GDA)
Después de que se oficializará el primer paquete económico, que implica un importante recorte del gasto público, una fuerte devaluación y quita de subsidios, entre otras medidas, el gobierno de Javier Milei presentó ayer un nuevo protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad ante eventuales cortes parciales o piquetes en la vía pública. En una decisión de alto voltaje político, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció que las fuerzas federales podrán intervenir para despejar los cortes totales o parciales en las calles y asegurar la libertad de transitar. “Si hay un delito, las fuerzas federales podrán intervenir en flagrancia”, puntualizó Bullrich.

Esto implica, según indicaron fuentes oficiales, que no se requerirá de una intervención judicial previa para que las fuerzas federales procedan ante un corte y se actuará según lo establecido al artículo 194 del Código Penal. Con esa medida, apuntan, sobre todo, a los líderes de las organizaciones sociales más combativas.

“El anuncio ya está hecho: las calles no se toman. Si se toman las calles, habrá consecuencias. Ya se sabe, vamos a ordenar el país; el corte se termina”, enfatizó Bullrich.

La presentación de Bullrich se produjo a menos de una semana que se concrete la primera movilización piquetera de gran magnitud con la que lidiará la administración de Milei. Eduardo Belliboni, del Polo Obrero, prepara una manifestación en la Capital para el 20 de diciembre, en lo que será la primera prueba de fuego para el protocolo que presentó Bullrich.

Tras su asunción, el Presidente ratificó que aplicará la doctrina de “el que las hace las paga” y del “que corta no cobra” el plan social.

El control de las calles es uno de los grandes desafíos de Milei mientras pretende ordenar la economía y domar la inflación con un shock de ajuste.

Según lo dispuesto por Milei y Bullrich, las cuatro fuerzas federales -Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA)- intervendrán frente a piquetes parciales o totales de la vía pública. A esos efectivos se sumará los integrantes del Servicio Penitenciario Federal, que Milei traspasó del ministerio de Justicia a la órbita de Bullrich.

“La ley no se cumple a medias. Se cumple o no se cumple”, argumentó la funcionaria.

Al desglosar el nuevo protocolo, Bullrich anticipó que serán “identificados los autores, cómplices e instigadores” de los piquetes o bloqueos bajo jurisdicción federal.

También los vehículos o micros y conductores que trasladen a manifestantes. Se procederá a incautar los autos que estén en infracción o sin documentación. Avisó que habrá fuertes controles en el transporte público para incautar palos o pañuelos para no ser identificados y dar aviso al juez competente en “caso de daño ambiental”, por la quema de cubiertas.

En caso de que haya niños en el corte, dijo Bullrich, se notificará a las autoridades a cargo de la protección de menores, para avanzar con sanciones a los padres o “quienes los lleven”.

“Sin orden no hay libertad”, justificó. En paralelo, explicó, el Ministerio de Seguridad no solo notificará a la Justicia, sino a las dependencias o autoridades “pertinentes” del Estado, como la Inspección General de Justicia (IGJ), sobre las infracciones cometidas por los involucrados.

Dicho de otro modo: Bullrich no aplicará la sanción ni podrá disponer la quita del plan social a una persona que corte y reciba la asistencia social, sino que avisará al Ministerio de Capital Humano. Lo mismo ocurrirá para la incautación de los vehículos o micros que participen en las marchas. Incluso anticipó que a los involucrados en los piquetes -ya sean individuos, organizaciones sociales o gremios con personería- se les demandarán los costos de los operativos de seguridad por los cortes.

A su vez, dijo que los agentes actuarán hasta despejar “totalmente” el espacio de circulación y advirtió que, para llevar adelante las medidas, emplearán la fuerza mínima y suficiente, que será graduada en proporción a la resistencia” de los manifestantes. Emplearán armas no letales para despejar y “la concentración de personas o colocación de vallas u otros obstáculos que incidiesen en la libre circulación de vehículos o estorbaren el tránsito ferroviario, aun cuando no crearen una situación de peligro”.

La Casa Rosada aspira a tener la cooperación de las provincias, que tienen el control de la policía en sus jurisdicciones. Bullrich dijo que espera un “trabajo en común” con los gobernadores para liberar a los argentinos de las “extorsiones”. Las fuerzas federales solo intervienen en caso de que lo requieran los mandatarios.

Sindicatos y grupos de izquierda tacharon ayer de “provocación” la decisión del nuevo Gobierno de Argentina de no permitir bloqueos como forma de protesta.

“Es una provocación”, afirmó Gabriel Solano, dirigente del Partido Obrero. “Es una amenaza que nosotros la calificamos como ilegal. La ministra (Patricia Bullrich) no tiene ningún instrumento legal para llevar adelante lo que dijo que va a hacer. En Argentina existe un derecho a la protesta que está amparado por la Constitución”, señaló Solano. Y opinó que, si no se puede cortar una vía, el derecho a la manifestación queda abolido. Para el próximo 20 de diciembre están convocadas manifestaciones, en el aniversario de las violentas protestas de 2001, que se dieron durante una explosiva crisis económica y que terminaron con la renuncia del entonces presidente, el radical Fernando de la Rúa (1999-2001). “Bullrich vino a amenazar a aquellos que lógicamente van a protestar”, dijo Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero.