EFE, AFP
El presidente de Argentina, Javier Milei, envió esta semana al Parlamento un proyecto de ley para combatir a los grupos de hinchas violentos en el ámbito del fútbol. “Esta ley tipifica los delitos de las barrabravas como organizaciones criminales”, dijo la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, al presentar el denominado proyecto de “ley antibarras”.
La iniciativa declara a las barrabravas como un tipo especial de asociación ilícita, establece la responsabilidad de los dirigentes de los clubes en la actuación de estos grupos y determina fuertes sanciones a cualquier tipo de violencia.
Argentina cuenta ya desde hace años con una ley que permite prohibir el ingreso a espectáculos deportivos a quienes cometen actos violentos. Según Bullrich, en virtud de esa ley, unas 15.000 personas tienen vedado el acceso a los eventos deportivos.
Bullrich dijo que la nueva ley permitirá combatir, entre otros, a los hinchas violentos que el pasado miércoles participaron en una marcha en Buenos Aires de apoyo a los jubilados y que fue reprimida por las fuerzas de seguridad, con un saldo de más de 120 detenidos y casi cincuenta heridos.
También busca erradicar todos los negocios que rodean a las barrabravas y que “en muchos casos están avalados por la conducción de los clubes”.
“Además, la ley castiga a los dirigentes de los clubes que facilitan entradas a los barrabravas, que les alquilan buses, que permiten estas acciones violentas o que facilitan la entrada a los estadios con elementos contundentes o armas”, indicó la ministra.
El disparador de este proyecto de ley fue la violencia desatada en la marcha de los jubilados del miércoles pasada por parte de barrabravas de clubes de fútbol.
Las imágenes de esos incidentes frente al Congreso y la Plaza de Mayo recorrieron el mundo: barrabravas de clubes rivales, en un país donde desde hace años los partidos se juegan sin público visitante, se unieron en una protesta que terminó en violentos incidentes con la policía.
El gobierno dijo que los disturbios buscaban “una especie de intento de golpe de Estado”. Así justificó la dura represión que dejó decenas de heridos, el más grave un reportero gráfico con fractura de cráneo por el disparo de una bomba lacrimógena.
La inédita convocatoria y su violento desenlace es objeto de interpretaciones polarizadas. Para unos, los barrabravas dejaron de lado su rivalidad por la defensa de “los abuelos”. Para otros, los desórdenes fueron obra de esos barrabravas y “agrupaciones de izquierda violentas”, como dijo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Un centenar de detenidos fue liberado horas después por falta de pruebas según una jueza a la que el gobierno acusó luego de “prevaricato” y “encubrimiento”. Otros 26 arrestados “tenían causas” previas, según Bullrich.
La convocatoria para la marcha surgió semanas atrás cuando un jubilado con la casaca del club Chacarita fue gaseado por la policía en la habitual marcha frente al Congreso.
La protesta futbolera tuvo “una dosis de espontaneidad” pero también de “oportunidad política”, que permitió poner en agenda la causa de los jubilados, dijo a la AFP Iván Schuliaquer, politólogo de la Universidad Nacional de San Martín.
Además, “sin ser la más numerosa de las marchas que hubo contra el gobierno, fue la más importante porque fue la más violentamente reprimida”, declaró Sergio Morresi, doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de San Pablo.
Para Diego Murzi, doctor en Ciencias Sociales, la marcha “no hubiera tenido tanta relevancia si no fuera por el lugar central que ocupa el fútbol”. “La crisis de representación del espacio opositor es tan grande que cualquier chispa colectiva enciende la pólvora”, dijo. Para hoy miércoles está convocada otra marcha.
En riesgo la imagen del gobierno en el exterior
Para Sergio Morresi, doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de San Pablo, “la escenificación de una marcha vehemente y de una represión salvaje increíblemente les sirve a las dos partes porque los opositores se ven fortalecidos, victimizados, y los que apoyan al gobierno ven en la represión, aún desmedida, algo no solo a tolerar sino a alentar”. Pero lo que pasó “no fue para nada bueno para el gobierno”, advirtió Morresi, porque “mella su imagen hacia el exterior”.
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