El Gobierno de Argentina planea iniciar en enero próximo la construcción de una base militar naval en el extremo sur del país, en un punto cercano a las islas Malvinas, administradas por el Reino Unido y cuya soberanía reclama la nación suramericana. También refuerza la coordinación de su política exterior para reclamar por Malvinas-
“Vamos a hacer unas cinco o seis licitaciones públicas para poder empezar cuanto antes y comenzar las obras de la base naval el 2 de enero”, dijo el ministro de Defensa argentino, Carlos Presti. En una entrevista on el canal LN+, Presti resaltó el “valor estratégico” que tendrá la base para “posicionar y proyectar” a Argentina en el Atlántico sur.
El pasado 3 de agosto, el presidente argentino, Javier Milei, anunció su decisión de reactivar el proyecto para instalar una base de la Armada en Ushuaia, capital de la sureña provincia de Tierra del Fuego, a unos 700 kilómetros de las islas Malvinas, escenario en 1982 de una guerra entre Argentina y el Reino Unido por la soberanía del archipiélago. Milei hizo ese anuncio en un mensaje por cadena nacional para informar sobre un conjunto de medidas orientadas a sancionar a petroleras que operan en Malvinas bajo licencias concedidas por el gobierno isleño que Argentina considera “ilegales”.
La construcción de la base en Ushuaia (3.000 kilómetros al sur de Buenos Aires) fue anunciada en 2022 por el entonces Gobierno del peronista Alberto Fernández (2019-2023), pero el proyecto se paralizó a partir del severo recorte de gastos ordenado por Milei al llegar a la Presidencia argentina a finales de 2023. Presti señaló que la base será de la Armada argentina, con submarinos, infantería de marina y aviación naval.
El ministro dijo que este sitio operará como un “polo logístico” de conexión con la Antártida, donde Argentina posee siete bases permanentes y seis temporales. La construcción de la base cuenta con el apoyo de Gustavo Melella, político opositor a Milei que gobierna Tierra del Fuego, provincia que considera a Malvinas como parte de su territorio.
“Más allá de que uno tenga diferencias políticas e ideológicas en algunas cuestiones, en este proyecto estamos totalmente de acuerdo y hay que hacerlo”, afirmó Melella en un comunicado difundido este sábado.
Además, Milei firmó un decreto para reforzar la coordinación de la política exterior del Gobierno orientada al reclamo de soberanía sobre las islas Malvinas, archipiélago del Atlántico sur bajo administración del Reino Unido.
El decreto, publicado en el Boletín Oficial, crea el Sistema de Articulación de la Política Exterior en el ámbito del Ministerio de Exteriores de Argentina. De este modo, la Cancillería tendrá a su cargo la implementación de mecanismos de información, coordinación y asesoramiento respecto de actividades internacionales desarrolladas por las diversas dependencias y organismos del Estado argentino que pudieran tener alguna incidencia o relación con el reclamo de soberanía sobre las Malvinas. “El Sistema de Articulación de la Política Exterior tendrá como finalidad asegurar la coherencia, compatibilidad y uniformidad con los lineamientos generales de la política exterior de toda actividad que verse sobre relaciones exteriores de la República Argentina”, indica el decreto.
El decreto alega que “la defensa de los derechos de soberanía” de Argentina sobre las Malvinas “exige una acción estatal coordinada y coherente en todos los ámbitos de relaciones internacionales, con el fin de evitar gestiones, manifestaciones o posiciones que pudieran afectar la posición nacional en la materia”.
El pasado 3 de septiembre, Milei anunció la aceleración en la aplicación de sanciones a empresas petroleras, sus accionistas y proveedores que operen en Malvinas sin autorización de Argentina.
Esta semana, Argentina presentó una denuncia penal contra diez petroleras de Israel, el Reino Unido y Canadá que tienen licencias para desarrollar actividades en Malvinas otorgadas por el gobierno local isleño, unos permisos que Argentina considera “ilegales”.
Además, el Gobierno ha abierto medio centenar de procedimientos administrativos contra estas empresas y sus accionistas con vistas a sancionarles. Entre los denunciados está la petrolera israelí Navitas, que lidera el proyecto Sea Lion, a 220 kilómetros al norte de Malvinas, en aguas bajo disputa de soberanía.
La iniciativa prevé iniciar la extracción de crudo de 2028, lo que marcaría el inicio de la explotación petrolera en las islas, algo que Argentina busca evitar mediante sanciones y advertencias a las empresas, sus proveedores e inversores.
Suma a la demandas
Río Grande, la ciudad argentina más cercana a las islas Malvinas, se sumó el viernes a la demanda presentada por abogados ambientalistas y excombatientes argentinos en la guerra de 1982 contra el proyecto petrolero Sea Lion, impulsado por la británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas en aguas próximas al archipiélago. Por su cercanía geográfica, Río Grande, ubicada en la provincia de Tierra del Fuego, tuvo un papel estratégico durante la guerra y mantiene una relación especialmente estrecha con las islas Malvinas, administradas por el Reino Unido desde su ocupación en 1833.
El Gobierno local adhirió a la demanda presentada el pasado 1 de septiembre ante la Justicia Federal de Río Grande por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA) y el Centro de Excombatientes de las Malvinas de La Plata (Cecim), que buscan frenar el desarrollo del proyecto petrolero.
Denuncian que el emprendimiento avanzaría sin la evaluación de impacto ambiental y las autorizaciones exigidas por la legislación argentina.
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