Redacción El País
El presidente Javier Milei sufrió un nuevo revés anoche cuando el Senado argentino rechazó su megadecreto de desregulación económica dictado en diciembre, cuya suerte depende ahora de la Cámara de Diputados.
El decreto “sigue vigente, va a pasar a la cámara de Diputados y vamos a ver cómo sigue esta historia”, declaró el senador oficialista Ezequiel Atauche, luego de la votación que concluyó con 42 votos en contra, 25 a favor y cuatro abstenciones.
Minutos después, Milei retuiteó una publicación en su cuenta de X que califica de “traidores a la patria” a los que votaron en contra.
Este rechazo ocurre luego del fracaso de su otro gran programa de reformas, la “ley ómnibus”, una amplia iniciativa que naufragó en Diputados en febrero y que volverá a debate con recortes y modificaciones.
¿Qué incluye el decreto?
El polémico Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 deroga o modifica más de 300 normas económicas, comerciales, laborales y civiles, y es una pieza fundamental del plan de gobierno de Milei para desregular y reducir al máximo la participación del Estado en la economía argentina.
Más allá de la votación de ayer jueves, buena parte del DNU seguirá vigente -con excepción del capítulo referido a una reforma laboral que fue suspendido por la Justicia-, ya que para que el decreto sea anulado por el Poder Legislativo debe ser rechazado también por la Cámara de Diputados.
“Basta que una sola cámara lo apruebe para que el decreto quede aprobado y para que quede rechazado se necesita que las dos cámaras expresamente lo rechacen”, explicó el constitucionalista Félix Lonigro.
El consultor político Carlos Fara señaló que el decreto “no tendrá un trámite sencillo” en la Cámara de Diputados. Fara dijo a la AFP que, en caso de que el DNU sea rechazado definitivamente en Diputados, constituiría “un golpe enorme” para el Ejecutivo, “porque las dos primeras grandes iniciativas del gobierno fueron la “ley ómnibus, que por ahora se cayó, y el DNU, que es su programa de gobierno”.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, dijo que si el decreto es rechazado en el Congreso, el gobierno tiene “plan B y plan C”.
Es la primera vez en 30 años que se rechaza un DNU en una cámara legislativa, que por ley debe analizar los decretos “de necesidad y urgencia” del Ejecutivo.
Entre las leyes derogadas por el DNU se encuentra la que regulaba el mercado de alquileres, así como normas que limitaban los aumentos que las empresas de medicina privada podían imponer a sus clientes.
Lonigro explicó que “si ambas cámaras lo rechazan todo vuelve a estar como antes”, aunque se mantendrán vigentes los contratos hechos durante el período en que estuvo vigente.
Desde su entrada en vigor, la iniciativa cosechó el repudio de sectores sociales afectados, en un contexto de 276% de inflación interanual y con más de la mitad de la población -de casi 46 millones de personas- bajo la línea de pobreza.
Dos frentes de tormenta
“El DNU es inconstitucional y eso es lo único que nosotros tenemos que evaluar. Y no lo digo yo, lo dice todo el espectro de constitucionalistas de la Argentina”, expresó durante su intervención en la sesión de este jueves el senador y presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), Martín Lousteau.
Desde su anuncio en diciembre, múltiples juristas expresaron públicamente que este decreto viola la Constitución y debería ser invalidado por la Justicia.
Para el consultor político Fara, “el DNU tiene dos frentes de tormenta: uno es el Congreso y el otro es la Justicia. Y en la Justicia ya buena parte del DNU está herido de muerte”.
Cruce con Villarruel
La sesión especial de ayer jueves fue convocada por la presidenta del Senado y vicepresidenta argentina, Victoria Villarruel, después de que senadores opositores pidieran tratar el DNU en el pleno.
Hubo críticas en el oficialismo por la decisión de Villarruel de convocar a la sesión en vez de esquivar la maniobra opositora.
El miércoles, la Presidencia argentina emitió un comunicado en el que expresó su “preocupación por la decisión unilateral de algunos sectores de la clase política que pretenden avanzar con una agenda propia e inconsulta”.
Sin especificar a quién se refería el texto, se desató una ola de especulaciones sobre los presuntos cortocircuitos entre Milei y Villarruel, ante lo cual Adorni aseguró este jueves en rueda de prensa que “no hay ningún tipo de pelea o interna con la vicepresidenta”. (Con información de AFP y EFE).
Moody’s: deterioro significativo en provincias
La calificadora de riesgo Moody’s dijo ayer jueves que avizora para este año un deterioro “significativo” en las cuentas fiscales de la mayoría de las provincias argentinas, creando “fuertes presiones de liquidez” y un incremento en la probabilidad de incumplimiento en los pagos de deuda. La agencia señaló en un informe que 2024 se presentaba ya como desafiante para las provincias por los crecientes vencimientos de deuda internacional a afrontar como resultado de las reestructuraciones llevadas a cabo en los últimos años. Sin embargo, “a partir de la reciente evolución del contexto macroeconómico junto con algunas medidas adoptadas a nivel nacional”, con un fuerte ajuste fiscal aplicado por el Gobierno de Javier Milei, el “deterioro del perfil financiero” de las provincias “será mayor al esperado originalmente”, apuntó la calificadora. Moody’s Local Argentina prevé una reducción de los ingresos de las provincias a causa de una caída en el nivel de actividad.
Actualizan ley sobre lavado y terrorismo
El Senado argentino sancionó ayer jueves una ley que actualiza su legislación sobre la prevención y represión del lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Con 69 votos a favor, quedó sancionada, por unanimidad, en el Senado, después de que había sido aprobada en la Cámara de Diputados en abril del año pasado. Esto sucede en medio de una visita del GAFI a Buenos Aires, que tiene lugar hasta el 26 de marzo, en el contexto de la cuarta ronda de evaluación de la calidad y efectividad de las normas con ese fin en Argentina. El propósito de la nueva norma es mejorar el cumplimiento técnico y la efectividad de la prevención del lavado de activos y la lucha contra el terrorismo -en medio de un rebrote de violencia asociada al narcotráfico en la provincia de Santa Fe y de Buenos Aires-, centrada en cinco ejes. Uno es la modificación al Código Penal para aumentar el monto objeto de punibilidad para perseguir penalmente a los casos graves, incorporar a combatientes terroristas extranjeros e incluir todo tipo de activos (entre ellos, virtuales) al tipo penal de financiación del terrorismo, e incorporar los previstos en convenciones internacionales vigentes en Argentina. Otro es la reforma de una ley para darle autarquía funcional, administrativa y económica a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y agregarle funciones, incorporar como delito precedente del lavado de activos la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva y a los proveedores de activos virtuales entre los sujetos a informar operaciones sospechosas a la UIF, entre otros.
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