Óxido, el libro de Jorge Lanata que se editó esta semana en Uruguay, se detiene, claro, en sus últimas investigaciones, como la que indagó cómo era “la ruta del dinero K”; pero, más allá de lo reciente, el periodista buscó demostrar que “Argentina está oxidada”, que “la corrupción es su óxido” y que este problema es parte de su esencia y su historia.

Lanata cita a Natalia Volosin, también periodista y doctora en Derecho por la Universidad de Yale, para ahondar en el manejo discrecional de tierras por parte de Juan Manuel de Rosas. Así se señala que su residencia familiar “en realidad pertenecía al Estado y había sido construida con fondos públicos”.

La incautación de bienes fue algo que atravesó a los gobiernos de Rosas, y Óxido recuerda que cuando este fue sometido a juicio se debatió la posibilidad de confiscar sus bienes, “pero nadie se atrevía a tomar una decisión final ya que estaban en juego las responsabilidades colectivas”.

Para Carlos D’Amico, gobernador de la provincia de Buenos Aires entre 1884-1887, Bartolomé Mitre fue “el padre del fraude”, recuerda Lanata.

Y luego cita: “En vez de garantir al pueblo el ejercicio de los derechos electorales, Mitre ha sido el que en Buenos Aires primero, y en la República después, inventó los medios fraudulentos de hacer ilusorios esos derechos. Fue Mitre el que para oponerse al voto de los soldados de Urquiza en 1852, en vez de recurrir a las armas, porque el abuso de la fuerza no tiene más remedio honrado que la fuerza, inventó el fraude, que se hizo en grande escala, y con el cual triunfó entonces lo que se llamaba la lista del pueblo”.

Del autor del Facundo, en Óxido se señala que “hizo de todo”: fue almacenero, tuvo una maderera, se asoció a una imprenta; luego fundó escuelas y proyectó una casa “isotópica”; pero, también, fue acusado de vivir del Estado, por cobrar de él cinco sueldos a la vez, y “algo más comprometedor”, de vivir de su esposa.

Lanata le dedica varias páginas a los dos primeros gobiernos de Juan Domingo Perón (1946-1955). El suceso más relevante de sus primeros años en el poder fue la nacionalización de los ferrocarriles ingleses. Y recuerda que “en opinión del historiador Peter Waldmann, ‘fue una operación muy prolongada y objeto de enconadas polémicas públicas por sus altos costos’”. También advierte sobre el “pago de lealtades con puestos públicos y los retornos por tratos privilegiados”.

Héctor Cámpora -presidente en 1973 cuando el peronismo volvió al poder- declaró en 1943 un patrimonio de $ 30.000, que en 1955 ya había crecido a $ 2.000.000. En el caso del vicepresidente, Alberto Teisaire, se comprobó que pudo acumular “de la nada” $ 14.000.000. Lo mismo logró Antonio Benítez, presidente de la Cámara de Diputados, y arrancó con una base de $ 120.000.

Otro capítulo de la corrupción peronista fueron los acomodos. Desde Juan Duarte, hermano de Evita, nombrado secretario presidencial, a algunas hermanas de ella, que consiguieron ubicar a sus esposos en puestos políticos. Esta el caso de Oscar Nicolini, “una suerte de padrastro de Eva”, que fue director de la AFA y también ministro de Comunicaciones.

Foto: Editorial Sudamericana.

Arturo Umberto Illia, de la Unión Cívica Radical, gobernó entre 1963 y 1966, y fue relevado con un golpe de Estado. Lanata aclara que su nombre no fue incluido en el libro por corrupto, sino todo lo contrario: “fue el primero en intentar, seriamente, la limpieza de los ductos” oxidados por la corrupción.

Es que, “en 1964, Illia introdujo el delito de enriquecimiento ilícito en el Código Penal”. Al asumir el poder, tenía “una casa discreta y una auto modesto”. Ambos los vendió para pagar un tratamiento clínico de su esposa. Salió del poder y devolvió 220 millones de pesos que tenía como gastos reservados. Luego se fue a Cruz del Eje, y allí atendió a enfermos en el fondo de una panadería, porque no tenía dinero ni para alquilar un consultorio.

La tercera esposa de Perón, María Estela “Isabel” Martínez de Perón, gobernó tras la muerte de su marido, en 1974, hasta 1976, cuando empezó la última y más cruenta dictadura en Argentina. Lanata recuerda que Isabel fue acusada por el destino de los cheques de la fundación benéfica Cruzada de la Solidaridad, la que presidía.

“El cheque que más la comprometía era uno de 9 millones de dólares, producto de donaciones de distintos empresarios, que se había depositado en su cuenta personal del Banco Santander. Isabel dijo que de ese tema no sabía nada”, cuenta el periodista, y también señala que con el regreso de la democracia, el radical Raúl Alfonsín desistió el cobro de ese dinero por parte del Estado, lo que hizo a través de un decreto.

Todo el proceso militar, que en Argentina duró siete años, fue una “olla de corrupción”, se advierte en Óxido. Así se señala que los militares robaron inmuebles a sus prisioneros, los que escribanos cercanos al gobierno represivo validaban fraguando transferencias. Todo se inscribía a nombre de testaferros. La ESMA, uno de los más sangrientos centros de detención, tenía una imprenta en la cual se falsificaban documentos (desde DNI, a pasaporte y títulos de propiedad).

El capítulo de la dictadura es extenso, y también se detiene en el mundial de 1978, cuando la corruptela abarcó la obra pública, y de desviar dinero a través de empresas privadas. Luego, durante la presidencia de Reynaldo Bignone, “se escribió una de las páginas más oscuras y controvertidas de la historia económica reciente”, dice Lanata, en referencia a la estatización de la deuda privada por un monto de US$ 15.000 millones. La operación permitió que pasivos privados pasaran a manos del Estado.

Óxido también consigna la “Operación Chocolate”, cuando en mayo de 1982, en plena guerra de Malvinas, se hizo una colecta para recaudar abrigo y comida para los soldados. Un chocolate, que fue donado por un joven y que contenía una carta, fue encontrado luego vendiéndose en un kiosco. El caso llegó a la tapa de la revista Gente.

Es largo también el capítulo que se refiere a Carlos Saúl Menem, y en donde Óxido también presenta algunas tapas del diario Página 12, en los tiempos que era dirigido por Lanata. “En diciembre de 1990 estalló el caso del frigorífico Swift. El entonces embajador de EE.UU., Terence Todman, se quejó en una nota diplomática de que funcionarios habían pedido coimas para ‘agilizar los papeles’ de liberación de impuestos para la instalación en el país del frigorífico”, cuenta el periodista.

También da cuenta de otra causa, de 1994, por el pago de 21 millones de dólares en coimas en el marco de un plan para que la empresa IBM informatizara 525 sucursales del Banco Nación. No falta, tampoco, la polémica venta de armas de contrabando a Ecuador y Croacia. Lanata recuerda que pese a todo esto “en 2015 Menem recibió la única condena que quedaría firme, a 4 años y 6 meses de prisión, por el pago de sobresueldos a funcionarios de sus gobiernos con fondos de la SIDE”, la secretaría de inteligencia.

Fernando De la Rúa asumió el 10 de diciembre de 1999. Todo indicaba que se iba rumbo a un gobierno “aburrido”, algo con lo que el presidente era irónico. Sin embargo, la corrupción dejó su marca. “Uno de los escándalos, el de las coimas en el Senado, provocó la renuncia del vicepresidente (Chacho Álvarez); el otro, en el PAMI, el alejamiento de la ministra de Desarrollo Social, Graciela Fernández Meijide”, rememora Óxido. El primer caso refirió al pago de coimas hacia legisladores opositores del Partido Justicialista para sacar adelante una reforma laboral propuesta por la Alianza, el gobierno de coalición liderado por De la Rúa, que era radical. El otro, tuvo que ver con que Ángel Tinetto, uno de los titulares del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, el PAMI, que “había beneficiado a las clínicas de su esposa con una decisión de compra. La acusación fue una bomba porque la esposa del director no era otra que la hermana de la ministra de Desarrollo Social”. De la Rúa huyó en un helicóptero, dos días antes de la Navidad de 2001. Lo otro es historia reciente y más conocida.