Martín Moreno/La Nación (GDA)
Luego de fracasar con el tratamiento de la ley ómnibus, Javier Milei logró retomar la iniciativa con su apuesta a convocar a gobernadores y jefes de la oposición a un gran acuerdo nacional para impulsar profundas reformas económicas y sociales. Pero el Presidente enfrenta ahora el desafío de conducir el diálogo en los próximos tres meses -el lapso que tiene hasta el 25 de mayo, cuando aspira a rubricar el “pacto fundacional” en Córdoba- para reconstruir la confianza con los legisladores que integran los espacios cooperativos con la Casa Rosada. Después de los últimos desencuentros y los reproches públicos de Milei a la “casta”, el vínculo se ha ido deteriorando, por lo que los aliados piden tiempo antes de firmar la paz.

Es que si bien los bloques dialoguistas de la Unidad Cívica Radical (UCR) y Hacemos Coalición Federal están dispuestos a colaborar con el oficialismo para discutir cambios estructurales, como las modificaciones en la legislación laboral, previsional o tributaria, y convalidar los capítulos de la truncada ley ómnibus que reunían consenso, los aliados aspiran a que Milei dé garantías de que su llamamiento al diálogo va a en serio y no se trata de un globo de ensayo para dar un golpe de efecto. Por lo pronto descreen que el Presidente haya optado por una tregua, sino que intuyen que se vio forzado a escuchar el reclamo de los gobernadores para evitar el choque de trenes.

Tras el traspié de la ley bases, especulan los aliados, Milei no puede exponerse a otra derrota legislativa, por lo que requiere armar un colchón de apoyos para darle sustentabilidad a su plan.

Ahora los dialoguistas quieren tener mayores certezas del plan que implementará Milei para avanzar con los acuerdos tanto con los gobernadores por el pacto fiscal como con los jefes parlamentarios.

Antes de aceptar el pliego -la mayoría de los puntos reúnen consensos-, reclaman saber la letra fina de las reformas que planteó Milei y si la propuesta se discutirá libro cerrado o la Casa Rosada aceptará incorporar ejes, como la educación o la salud, la ciencia y la industria. En el caso del paquete de leyes anti-casta que anunció Milei, como quitar privilegios o ficha limpia, hay consenso entre los aliados para avanzar. El único tema espinoso es la eliminación del financiamiento público de los partidos políticos.

“Milei no confía en los gobernadores y nosotros no confiamos en él. La única manera de reconstruir esa confianza es a través del diálogo”, plantea un referente de HCF.

Pro, el socio más estrecho de los libertarios, salió en bloque a respaldar la iniciativa del Presidente. El propio Mauricio Macri -que no estaba al tanto de la sorpresa, pero había hablado con Milei sobre la necesidad de hacer un acuerdo institucional con las provincias- y los gobernadores Ignacio Torres o Rogelio Frigerio o el senador Luis Juez, que conduce al macrismo en la Cámara alta, anticiparon que estarán en Córdoba para rubricar el gran acuerdo nacional que propuso Milei.

Pero las espadas de la UCR o de la bancada de Pichetto en el Congreso se mostraron más cautelosos que los representantes del macrismo. Es más: la sorpresiva jugada de Milei volvió a dejar expuestas las grietas internas que existen en las bancadas cooperativas con los libertarios.