EFE, La Nación/GDA
Una huelga a nivel nacional convocado por la Unión Tranviarios Automotor (UTA) paralizó ayer viernes el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA, que incluye capital y periferia) y otras seis provincias argentinas, y se levantó a las 17.30 tras una convocatoria de Sergio Massa a todas las partes del conflicto.

El ministro de Economía anunció el fin del paro tras formular duras críticas al sector empresario, al que acusó de “tomar a la gente de rehén”, y también al gobierno de la ciudad de Buenos Aires, encabezado por el precandidato del Pro Horacio Rodríguez Larreta, por no participar de la mesa que destrabó el conflicto.

El paro, que comenzó a las 00.00 horas de ayer y concluyó a la medianchoche se debe, según el sindicato, a que las empresas de transporte “no cumplen con el pago del aumento salarial resuelto y acordado para trabajadoras y trabajadores representados por la UTA”.

Durante la última reunión paritaria -que regula en Argentina los ajustes salariales, normalmente por debajo de la inflación-, las autoridades nacionales brindaron subas en los sueldos reclamados por los gremios, pero las empresas de transporte no aceptaron el convenio alegando falta de recursos económicos y reclamaron aumentos en los subsidios estatales.

Según la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), el Estado debe subsidios por valor de 38.000 millones de pesos (unos 150 millones de dólares al tipo de cambio oficial actual).

La medida de fuerza afectó, además de AMBA, a la ciudad de La Plata y las provincias de Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Formosa, Misiones y Tucumán. El transporte entre la capital del país y el conurbano se vio afectado, además, por un paro repentino desde primeras horas de la mañana en una línea de tren que, no obstante, quedó levantado en torno a las 9.30 horas.

Massa convocó en la tarde a todas las partes del conflicto, que estuvieron más temprano reunidos en la cartera de Transporte, a un encuentro con él en Economía.

“La verdad es que hoy fue un día muy triste, en el que cuatro millones de personas perdieron el presentismo en el trabajo, no llegaron a un turno médico o no pudieron visitar a alguien querido”, dijo allí el jefe del Palacio de Hacienda.

EFE

Más allá del caos puntual que generó ayer, el caso supone una preocupación a nivel interno en el oficialismo, metido de lleno en la carrera electoral, con Massa como principal candidato.

El tigrense apareció ayer al mediodía en San Fernando, en la ampliación de una planta depuradora. Allí se refirió al conflicto como “un paro extraño” y apuntó a los empresarios al sostener: “A los parásitos del Estado que quieren extorsionar no les tenemos miedo”.

“Cada vez que toman el colectivo, de cada 100 pesos (unos 14,5 pesos uruguayos) que ustedes pagan, 80 pesos (11,6 uruguayos) los pone el Estado. Y estos empresarios no pretenden mejorar las condiciones de los trabajadores con mejores salarios”, agregó Massa en San Fernando.

Desde el ministerio de Transporte precisaron que el Estado nacional abonó esta semana 27.000 millones de pesos argentinos a las empresas prestatarias del servicio, lo que significa 6.500 millones de pesos más que el mes anterior.

“Es una barbaridad que le jode la vida a la gente”, expresó Larreta sobre el paro, y apuntó contra el gobierno, sobre el que dijo que “hace mucho no gobierna”.

En el conflicto mucho tiene que ver el ministro de Economía. Primero, porque el área de Transporte depende de Diego Giuliano, un hombre que responde a él.

Después, porque fue Massa quien le impuso a Roberto Fernández, jefe de la UTA, aceptar en enero una paritaria de 31% por seis meses para dar señales de estabilidad y control de la inflación.

Después de varias amenazas de paro, Fernández logró un reajuste, pero con una polémica: obtuvo un adicional mediante una resolución del Ministerio de Trabajo objetada por las cámaras empresarias, que preparan un recurso de amparo para judicializar la medida, ya que la consideran “ilegítima”.

En la UTA adelantaron que si los salarios se pagaban, no habría paro. Así se lo hizo saber Fernández a Giuliano y a los empresarios.

Lo que dilató la resolución del conflicto sería una cuestión burocrática del Banco Nación sobre la acreditación de los subsidios en las cuentas de las empresas.

Desde las cámaras empresarias, sin embargo, afirmaron que el Estado les debe aún $7000 millones y que el dinero depositado no alcanza para cubrir los costos. Y también salieron a fijar su posición. “Las cámaras de transporte automotor del AMBA informan que las escalas salariales dispuestas por el Ministerio de Trabajo de la Nación y el Ministerio de Transporte de la Nación no están homologadas y son ilegítimas”, expresaron los empresarios en un comunicado.

“La UTA reclama se aplique en la liquidación de salarios incrementos dispuestos por una resolución que no tiene validez jurídica, dado que impone un aumento salarial sin acuerdo del gremio y de las cámaras del sector”, finalizaron.