Por Diego Cabot/La Nación/GDA
La privatización de las empresas públicas, fue, quizá, una de las medidas más anunciadas en la campaña de Javier Milei. Finalmente, el andamiaje jurídico para avanzar apareció en la ley ómnibus que elevó el Poder Ejecutivo al Congreso. Ahora, de acuerdo a lo que decidan las mayorías, se empezará a desandar un camino, que está lejos de ser lineal, para que el Estado se desprenda de 41 compañías públicas.

“Atendiendo la necesidad de concentrar la actividad del Estado en sus funciones esenciales, se dispone la privatización de determinadas empresas públicas, en el marco de la normativa al efecto vigente de la ley N° 23.696 de Reforma del Estado, con el fin de generar mayor competencia y eficiencia económica, reducir la carga fiscal, mejorar la calidad de los servicios, promover la inversión privada y profesionalizar la gestión de las empresas”, se lee en la norma.

El listado de empresas, que constituye un anexo de la ley, incorpora algunas compañías que ya se descontaban como Aerolíneas Argentinas, el Correo Argentino, los ferrocarriles o Aysa (dedicada a la prestación de servicios de agua y cloacas). Sin embargo, algunas de ellas sorprendieron como el Banco de la Nación, y todas sus empresas subsidiadas, como Nación Servicios o Nación Seguros; la Casa de la Moneda y Nucleoeléctrica Argentina, entre otras. También están el 51% del paquete accionario de YPF; Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), la mina de carbón ubicada en Santa Cruz y la usina, que no anda, pero que se construyó durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner para utilizar ese mineral.

Como se dijo, nada será lineal. Cada una de estas empresas tienen no solo realidades distintas en materia financiera sino también, societaria o patrimonial. En principio, empezará el camino para convertirlas a todas en sociedades anónimas. Al menos, eso es lo que estaba en el polémico decreto de necesidad y urgencia que empezará a regir esta semana.

El camino legislativo recién empieza. Luego vendrá otro tan arduo como es adecuar la regulación para que cada empresa quede en condiciones de ser vendida, y sobre todo, apetecible para el capital privado.

Foto: Aerolíneas Argentinas

Administración General de Puertos S.E.

Aerolíneas Argentinas S.A.

Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A.

Agua y Saneamientos Argentinos S.A.

Banco de la Nación Argentina

Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A.

Casa de Moneda S.E.

Contenidos Públicos S.E.

Corredores Viales S.A.

Correo Oficial de la República Argentina S.A.

Construcción de Viviendas para la Armada Argentina S.E.

DIOXITEK S.A.

EDUC.AR S.E.

Empresa Argentina de Navegación Aérea S.E.

Energía Argentina S.A.

Fábrica Argentina de Aviones “Brig. San Martín” S.A.

Fabricaciones Militares S.E.

Ferrocarriles Argentinos S.E.

Innovaciones Tecnológicas Agropecuarias S.A.

INTERCARGO S.A.U.

Nación Bursátil S.A.

Pellegrini S.A.

Nación Reaseguros S.A.

Nación Seguros de Retiro S.A.

Nación Servicios S.A.

Nucleoeléctrica Argentina S.A.

Playas Ferroviarias de Buenos Aires S.A.

Polo Tecnológico Constituyentes S.A.

Radio de la Universidad Nacional del Litoral S.A.

Radio y Televisión Argentina S.E.

Servicio de Radio y Televisión de la Universidad de Córdoba S.A.

Talleres Navales Dársena Norte S.A.C.I. y N.

TELAM S.E.

Desarrollo del Capital Humano Ferroviario SAPEM.

BELGRANO CARGAS Y LOGÍSTICA S.A.

ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS S.E.

OPERADORA FERROVIARIA S.E

Vehículo Espacial Nueva Generación S.A.

Yacimientos Carboníferos Fiscales Empresa del Estado

Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD)

YPF S.A.