Redacción El País
En el duelo entre los candidatos a la Vicepresidencia de Argentina, todos los focos se posan sobre la aspirante de La Libertad Avanza, Victoria Villarruel, quien ha protagonizado fuertes polémicas, entre otras, su insistencia en revisar la estructura de memoria de los desaparecidos durante la última dictadura (1976-1983).

La candidata que acompaña a Javier Milei frente a la fórmula oficialista, integrada por Sergio Massa y Agustín Rossi, pidió esta semana que “todo el pueblo argentino” pueda “disfrutar” del predio de la antigua Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), uno de los mayores centros de detención clandestinos durante la dictadura, que hoy alberga un museo recién incluido en la lista de Patrimonio Mundial de la Humanidad de la Unesco.

“Son 17 hectáreas que podrían ser disfrutadas también por todo el pueblo argentino”, dijo al canal TN, al recordar que en su momento estaban “destinadas a ser escuelas y lo que más necesitamos son escuelas”. Después acotó ante otros medios que es “un espacio de la media memoria”, ya que insiste en la teoría de los ‘dos demonios’.

Villarruel es hija de un veterano de la guerra de las Malvinas en 1982 y sobrina de otro procesado por su accionar durante la dictadura.

La abogada preside el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas, dedicada a visibilizar las muertes provocadas por las organizaciones terroristas durante la década de 1970 en Argentina y reconocer los derechos de las víctimas de la guerrilla.

Desde 2021, es diputada nacional y ahora como candidata a vicepresidenta impulsa su agenda para “reconstruir la parte de la historia” que, entiende, “borraron” los Gobiernos del ya fallecido Néstor Kirchner, Cristina Kirchner y Alberto Fernández.

Villarruel apoya a los militares que “padecen la demonización y el maltrato del kirchnerismo” e insiste en que “no fueron” 30.000 los desaparecidos de la última dictadura militar, sino 8.751, por los nombres en el Parque de la Memoria.

“Es importante que reconozcamos que hubo víctimas del terrorismo que no tienen derechos humanos”, dijo en el último debate de vicepresidentes, y ha repetido muchas veces que propondría una auditoría en el área de Derechos Humanos del Gobierno, que considera un “agujero negro”.