JUICIO EN NUEVA YORK

La libertad de expresión es sagrada y está protegida en la Constitución estadounidense, pero esto no permite llamar a matar a legisladores en redes sociales. Eso decidió ayer miércoles un jurado de Nueva York, tras un proceso que evocó el ataque del 6 de enero contra el Congreso.

Brendan Hunt, alias “X-Ray Ultra”, empleado judicial de 37 años, acusado de haber amenazado de muerte a congresistas estadounidenses, entre ellos Nancy Pelos, Chuck Schumer y Alexandria Ocasio-Cortez (AOC), fue hallado culpable.

Fue declarado culpable tras una semana de juicio y apenas tres horas de deliberaciones, y puede ser sentenciado a hasta 10 años de cárcel.

Hunt fue inculpado por varios mensajes llamando a la violencia en las redes sociales. El primero, el 6 de diciembre, en Facebook, pedía a Trump organizar “una ejecución pública de Pelosi, AOC, Schumer, etc” y “ametrallar a esos comunistas”. “Si usted no lo hace, la ciudadanía lo hará”, escribió.

El último mensaje fue el 8 de enero, dos días después del ataque contra el Capitolio por parte de los partidarios de Trump.

Hunt publicó ese día un video de 88 segundos en la plataforma BitChute, preferida por la extrema derecha, titulado “Kill your senators” (Maten a sus senadores), en el cual dice mirando a la cámara: “Tenemos que regresar al Capitolio (...). Lo que deben hacer es armarse, ir a Washington, probablemente para la investidura (...) y meterles balas en la cabeza”.

Fue a raíz de este último mensaje que el jurado halló a Hunt culpable.

Brendan Hunt fue detenido el 19 de enero, en la víspera de la investidura de Biden, en su casa en el distrito neoyorquino de Queens.

Los fiscales reconocen que Hunt no estaba en el Capitolio, y ni siquiera en Washington. Entonces, ¿eran serias sus amenazas, tenía realmente la intención de atacar legisladores? ¿O eran simples “diatribas”, opiniones que tenía perfectamente “el derecho de expresar”, “tan chocantes como sean”, a raíz de la primera enmienda de la Constitución estadounidense, como dijeron sus abogados de oficio?

“La primera enmienda no protege” contra esas amenazas, dijo el fiscal David Kessler. “El gobierno no tiene necesidad de probar que el acusado intentó matar” a un legislador, la sola “amenaza es un delito”, dijo.