INMIGRACIÓN

El gobierno de España está trabajando en un borrador para reformar una normativa que abre nuevas oportunidades para que los extranjeros puedan trabajar legalmente y, aunque esto no implique una regulación total de su situación, es un avance para facilitar un ingreso económico al cerca de medio millón de inmigrantes irregulares que viven en el país europeo.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones impulsa una modificación de la Ley de Extranjería con el objetivo de incorporar a miles de trabajadores extranjeros al mercado laboral. La medida apunta a que ocupen puestos vacantes en sectores donde hay escasez de mano de obra y se generan cuellos de botella que dificulta el funcionamiento de las empresas, entre ellos el transporte, la construcción, la hotelería, desarrolladores software, entre otros.

Entre las novedades presentes en el borrador se destaca la posibilidad de que los estudiantes extranjeros puedan adquirir un puesto de trabajo, además de medidas que simplifican el proceso burocrático para obtener papeles necesarios para presentarse en las vacantes de empleo.

Según datos oficiales, España, con una de las tasas más altas de desempleo de la zona euro (13,65%), mantiene 109.056 puestos de trabajo sin cubrir y el 69% de los empleadores advierte que tiene dificultades para cubrir vacantes.

Esta reforma ayudaría a mejorar una situación que ya es realidad en el país: la mayor parte de las personas adultas en situación administrativa irregular están trabajando, en especial en actividades del hogar - un 27%- y la hostelería - 24%- , de acuerdo al texto de la organización ONG Por Causa.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España, José Luis Escriva, subrayó que esta reforma responde a la necesidad de “construir un consenso nacional, como han hechos otros países de nuestro entorno en los últimos años, que permita abordar los problemas a medio plazo, sin olvidar los restos inmediatos” y genera un “consenso que debe ayudarnos a afrontar el reto demográfico y a garantizar la sostenibilidad de nuestro Estado de Bienestar”.

“Los cambios irán destinados a mejorar y flexibilizar la autorización de migración legal, cuyo sistema actual no está respondiendo a las necesidad del mercado laboral”, agregó el funcionario.

Hay quienes critican la reforma porque temen que el Gobierno “instrumentalice” a las personas migrantes y solo acceda a reconocer sus derechos por motivos estrictamente económicos, informó el medio español Público.

Por otro lado, organizaciones y entidades que se dedican a mejorar las condiciones de vida de migrantes y refugiados abogan por una reforma más ambiciosa que incluya “una flexibilización de los requisitos para la reagrupación familiar de los inmigrantes, el fomento de visados para buscar empleo y facilitar la reincorporación al mercado laboral de solicitantes de protección internacional como el asilo”, detalló la agencia EFE.

La organización Andalucía Acoge, que hizo aportaciones junto a otras entidades a través de un informe jurídico al borrador del Gobierno, considera que la reforma constituye “una oportunidad y tiene aspectos positivos”.

No obstante, plantea la necesidad de ir más allá ya que la modificación “continúa reforzando la idea de vincular inmigración y mercado laboral”, cuando “a estas personas se les debe reconocer la condición de ciudadanos de pleno derecho más allá de la coyuntura del mercado laboral”.

El último reporte sobre la regularización extraordinaria de migrantes de la ONG Por Causa, residen en España entre 475.000 y 514.000 migrantes sin papeles, una cifra que creció un 16% en el último año. En este colectivo, la gran mayoría son latinoamericanos, con preeminencia de mujeres, jóvenes y niños. Solo el 11% de los migrantes irregulares son africanos.