El Ministro del Supremo Tribunal Federal (STF) brasileño, Alexandre de Moraes, ordenó ayer martes la detención del exministro de Justicia Anderson Torres. La Policía Federal (PF) realizó ayer un allanamiento e incautación en su residencia en Brasilia, pese a que el exjerarca se encuentra actualmente en Estados Unidos viajando con su familia. Moraes también ordenó la detención del excomandante general de la Policía Militar del Distrito Federal, coronel Fábio Augusto, detenido por la policía cuando se encontraba en su domicilio en Brasilia.
Moraes sospecha que Torres, en su calidad de secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, fue uno de los responsables de las fallas en el esquema de seguridad que resultó en la invasión a los edificios de los Tres Poderes el domingo.
Oficial de carrera de la policía federal, Anderson Torres fue ministro de Justicia del presidente Jair Bolsonaro y se alineó con varias de las agendas de su jefe, como las falsas acusaciones contra las máquinas de votación electrónica. Por participar en una transmisión en vivo en la que Bolsonaro difundió esta noticia falsa, Torres se convirtió en objeto de una investigación abierta por parte del Tribunal Superior Electoral (TSE).
Al dejar el gobierno de Bolsonaro, retomó el cargo de Secretario de Seguridad del Distrito Federal, que ocupó durante la primera administración del gobernador del DF (ahora apartado), Ibaneis Rocha.
Ayer por la mañana, en redes sociales, Anderson Torres alegó que “le clonaron su WhatsApp”.
El siguiente mensaje fue compartido por Torres en su Instagram una hora antes de que se hiciera pública la acción en su contra desatada por la Policía Federal: “Hola, me clonaron mi WhatsApp, no acepto ningún mensaje ni llamada”, escribió.
Los investigadores estiman que la publicación puede ser una estrategia para justificar una posible ausencia de mensajes de su celular, el cual será incautado.
También ayer martes, Moraes ordenó la detención del excomandante general de la Policía Militar del Distrito Federal, coronel Fábio Augusto.
El coronel fue exonerado de su cargo por el interventor federal en la seguridad del DF, Ricardo Cappelli. La actuación de la Policía Militar en los actos terroristas en la Esplanada dos Ministérios fue criticada por varias autoridades, incluido el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, y motivó el decreto de intervención.
Por acción u omisión
En un discurso durante la toma de posesión del director general de la Policía Federal, Andrei Rodrigues, Moraes afirmó que la lucha contra los terroristas que cometieron actos de vandalismo en Brasilia continuará y que “las instituciones sancionarán a todos los responsables”, incluidos “ los que animaron, por acción u omisión”.
“Las instituciones sancionarán a todos los responsables. Los que realizaron los actos, los que financiaron, los que alentaron”, aseveró Moraes.
El ministro, que el lunes ordenó la desmovilización de todos los campamentos bolsonaristas del país, con la detención de los manifestantes que quedaron allí, dijo que la lucha contra los actos antidemocráticos continuará.
“Tenemos que luchar con firmeza contra la gente antidemocrática, la gente que quiere dar un golpe de Estado, la gente que quiere un régimen de excepción”, dijo.
Por otro lado, el partido Republicanos decidió expulsar del partido a un empresario vinculado a a los hechos del domingo y conocido de la diputada federal Carla Zambelli (PL-SP).
La medida se tomó luego de que O Globo revelara que el empresario, Maurício Nogueira, era dueño de uno de los ómnibus que llevaron a los golpistas a los actos de vandalismo del 8 de enero en Brasilia.
El empresario es de Franca, en el interior de São Paulo, y se postuló para diputado estatal en 2022.
Los republicanos afirman que “se debe expulsar a todos los afiliados que se identifiquen que hayan participado en el destrozo y que se hayan excedido en la manifestación democrática pacífica”, según expresaron en un comunicado.
Nogueira está vinculado políticamente a Zambelli. Recibió 45.335 reales del fondo del Partido Republicano para postularse a un escaño en la Asamblea Legislativa de São Paulo (Alesp), pero obtuvo poco más de 5.000 votos.
Bienes
El fiscal general adjunto del Ministerio Público en el Tribunal de Cuentas de la Federación, Lucas Rocha Furtado, pidió la indisponibilidad de los bienes de Bolsonaro, del gobernador Rocha y del exsecretario de Seguridad, Anderson Torres.
La solicitud fue presentada ayer y destaca que los actos de vandalismo ocurridos el pasado domingo provocaron “numerosas pérdidas al erario federal”.
El subfiscal general también pidió el bloqueo de “otros responsables, especialmente de quienes financiaron los hechos ilegales mencionados”.
OEA se reúne con motivo del ataque
El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) celebrará hoy miércoles una reunión extraordinaria para “considerar los actos antidemocráticos” que han pasado en Brasil.
Durante la sesión se espera que la delegación de Brasil exponga los hechos ocurridos el domingo -cuando seguidores del expresidente Jair Bolsonaro asaltaron las sedes del Parlamento, la Presidencia y el Tribunal Supremo, en Brasilia- para luego dar paso a las intervenciones del resto de representantes de otros Estados.
La OEA explicó ayer martes que la sesión fue solicitada por las misiones de Antigua y Barbuda, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Honduras, Panamá, Uruguay y por la Secretaría General del ente multilateral. Los presidentes de Chile, Gabriel Boric, y Colombia, Gustavo Petro, que comparten liderazgo en la nueva ola progresista que surca Latinoamérica, levantaron el lunes la voz contra el intento de golpe de Estado en Brasil y pidieron “unidad” regional.
En una comparecencia conjunta en La Moneda (sede del Gobierno chileno), ambos mandatarios confirmaron su intención de pedir una reunión extraordinaria en OEA por la crisis desatada el domingo en Brasil.
La calma regresaba a Brasilia el lunes, tras los ataques de la víspera contra las sedes de los tres poderes por bolsonaristas radicales.
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