AFP
El expresidente brasileño Jair Bolsonaro negó este miércoles su participación en un supuesto plan para impedir la asunción de su sucesor Luiz Inácio Lula da Silva, en declaraciones ante la Policía Federal en Brasilia.

Bolsonaro llegó a la sede policial pasado el mediodía y se retiró casi tres horas después, según medios locales. "No había ningún plan", dijo el exmandatario a periodistas a su salida.

El senador Marcos do Val, quien era aliado de Bolsonaro, dijo en febrero a los medios haber participado en diciembre de una supuesta reunión con el entonces presidente, y un exdiputado, en la que se tramaba un plan para impedir la asunción de Lula.

El supuesto plan, según do Val, consistía en forzar a decir algo comprometedor y grabar en secreto al presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), Alexandre de Moraes, para incriminarlo.

Los bolsonaristas acusan al magistrado de interferir en la campaña electoral a favor de Lula, quien venció en los comicios de octubre y asumió en enero un tercer mandato al frente de Brasil.

Do Val dijo inicialmente a la revista Veja que Bolsonaro fue quien le presentó el plan, pero cambió su versión más tarde, afirmando que el exmandatario se mantuvo "en silencio" durante la reunión.

Es la cuarta vez en lo que va del año que Bolsonaro se presenta ante la Policía Federal para declarar en el marco de una investigación. En mayo negó su participación en la supuesta falsificación de certificados de vacunación contra el covid-19, investigada por las autoridades.

Antes había comparecido para negar cualquier participación en los ataques contra las sedes de los poderes públicos en Brasilia en enero, perpetrados por sus seguidores. Y también por el ingreso irregular a Brasil de valiosas joyas obsequiadas por Arabia Saudita en 2021.

Hace dos semanas, Bolsonaro fue declarado inelegible durante ocho años por el TSE, por haber "abusado del poder" al difundir desinformación sobre el sistema electoral en Brasil.

El exmandatario, que quedó así fuera de las próximas elecciones presidenciales en 2026, enfrenta más de una decena de otros procesos administrativos en el tribunal electoral y es objeto de cinco investigaciones en la corte suprema, con penas susceptibles de prisión.