AFP, EFE
Muy graves e infundadas”; “todavía no estoy muerto”. Así reaccionó el expresidente Jair Bolsonaro a la decisión de ayer miércoles del Supremo Tribunal de Justicia (STJ) de llevarlo a juicio por supuestamente liderar un golpe de Estado contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Bolsonaro asegura que el juicio busca bloquear su postulación para las elecciones de 2026, lo que hace que Brasil esté por entrar en una situación parecida a la del juicio a Lula que le impidió ser candidato en 2018, las elecciones ganadas por Bolsonaro.
Cinco magistrados del STJ aceptaron por unanimidad el pedido de la fiscalía, que imputó a Bolsonaro, de 70 años, por supuestamente liderar una organización criminal que buscó impedir la investidura de Lula tras las elecciones de 2022.
Bolsonaro, que se expone a una pena de prisión de hasta unos 40 años, tachó las acusaciones de “muy graves e infundadas” y rechazó darse por vencido.
“Todavía no estoy muerto. Voy a volver a recorrer Brasil” para reunir a sus votantes, prometió.
Bolsonaro, que ya está inhabilitado políticamente hasta 2030, mantiene su voluntad de aspirar de nuevo a la presidencia en las elecciones de 2026.
Aunque no hay ningún plazo legal, “hay expectativa de que el caso sea juzgado este año” para no interferir en los comicios, dijo a la AFP el abogado penalista Enzo Fachini.
El supuesto plan golpista contemplaba medidas como la elaboración de un decreto para justificar un “estado de defensa” e incluso el asesinato de Lula y del juez Alexandre de Moraes, según la fiscalía. El complot no se habría consumado por falta de apoyo de los altos mandos del Ejército.
La investigación vincula también directamente a Bolsonaro con los disturbios del 8 de enero de 2023, cuando cientos de personas asaltaron las sedes de los tres poderes en Brasilia mientras pedían una intervención militar.
Hasta ahora, 497 personas han sido condenadas por su implicación en los disturbios y otras 532, acusadas de delitos menos graves, han firmado acuerdos con la justicia.
“La dictadura vive de la muerte, no solo de la sociedad, no solo de la democracia, sino de seres humanos de carne y hueso que son torturados, mutilados y asesinados cuando contrarían los intereses de aquellos que tienen el poder”, declaró la jueza Carmen Lúcia Antunes al emitir su voto.
Es una decisión “histórica porque por primera vez bajo un régimen democrático, Brasil juzgará una tentativa de golpe”, dijo a la AFP Marcio Coimbra, director del think tank Casa Política.
“La historia de Brasil está marcada por golpes de Estado, ya tuvimos siete golpes militares” y los brasileños “percibieron que aunque no tuvieran éxito no eran juzgados”. “Eso es una evolución de la democracia”, agregó el analista.
Junto a Bolsonaro, serán juzgados siete colaboradores, incluidos exministros como Walter Braga Netto (Defensa) y Anderson Torres (Justicia), y un excomandante de la Marina, según decidió la corte.
Bolsonaro compareció inesperadamente en el tribunal el martes, primer día de deliberaciones, y mantuvo un semblante serio, sentado en primera fila. Ayer miércoles no se presentó en la audiencia.
El expresidente siguió el segundo día de la audiencia en el despacho de su hijo, el senador Flávio Bolsonaro
“Hay indicios razonables de la fiscalía que apuntan a Bolsonaro como líder de la organización criminal”, dijo el juez Moraes antes de emitir su voto.
La defensa de Bolsonaro intentó sin éxito apartar a Moraes. Este juez, blanco del supuesto plan de asesinato y al frente de varias causas contra el expresidente, fue cuestionado por tener “interés personal” en el caso.
El voto de los cinco magistrados, todos ellos de perfil izquierdista, fue unánime y permitirá abrir un juicio para el que todavía no hay fecha y que Bolsonaro aguardará en libertad. Entre los magistrados que decidieron la suerte de Bolsonaro también figuran Flávio Dino, exministro de Lula, y Cristiano Zanin, exabogado del presidente.
De hecho, la defensa de los acusados trató sin éxito de impugnar a tres jueces: De Moraes, por ser juez y víctima; Flávio Dino, por ser exministro de Lula y un exrival político de Bolsonaro; y Cristiano Zanin, por haber trabajado como abogado personal de Lula.
“Es Jair, es Messias, es Bolsonaro”, dijo ayer miércoles el expresidente en alusión a su nombre completo para descartar otro candidato en su lugar a las elecciones de 2026.
Bolsonaro compara su situación con la del presidente Donald Trump, quien regresó a la Casa Blanca a pesar de sus problemas judiciales, y espera que el mandatario estadounidense ejerza “influencia” a su favor.
La incertidumbre sobre su futuro ocurre mientras Lula, de 79 años, se muestra ambiguo sobre sus intenciones de aspirar a la reelección.
Antes de volver al poder por tercera vez en 2023, Lula también tuvo problemas con la justicia por un escándalo de corrupción que lo llevó a prisión, aunque sus condenas fueron luego anuladas.
Los cargos por los que Bolsonaro será juzgado son abolición violenta del Estado democrático de derecho, intento de golpe de Estado, implicación en organización criminal armada, daño calificado y deterioro de patrimonio.
El juez Moraes, instructor de la causa, argumentó que “la organización criminal siguió todos los pasos necesarios para derrocar al Gobierno legítimamente elegido” en las elecciones de octubre de 2022.
La intervención militar no se materializó, según el magistrado, por “la resistencia de los comandantes del Ejército y la Fuerza Aérea” a imponer medidas de excepción.
El propio Bolsonaro ha admitido haber discutido la aplicación de estas medidas con la cúpula militar, pero ayer reiteró que el estado de sitio y de excepción son “dispositivos constitucionales” y hablar de ellos “no es crimen”.
La causa se apoya en pruebas recabadas por la policía, entre ellas un borrador de decreto para declarar el estado de sitio, y en la confesión del antiguo edecán de Bolsonaro, el teniente coronel Mauro Cid.
El PT aplaude
El Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil, que lidera el presidente Lula da Silva, aplaudió la decisión de la Corte de abrir un juicio penal contra el exmandatario Jair Bolsonaro y otros “siete de sus esbirros” por supuesto intento dar un golpe de Estado.
“Es un momento único en nuestra historia, el de procesar y juzgar, dentro de la Constitución, a aquellos responsables por atentar contra el Estado democrático de derecho”, afirmó el jefe del PT, el senador Humberto Costa en una nota.
De Fernando Collor de Mello a Lula
Jair Bolsonaro es en el primer expresidente a ser juzgado por intento de golpe de Estado desde el regreso a la democracia en Brasil. Pero desde el fin de la dictadura militar (1964-1985), cuatro de los siete ocupantes del palacio de Planalto antes de Bolsonaro fueron condenados, encarcelados o destituidos. Fernando Collor de Mello (1990-1992) renunció a la mitad de su mandato en medio de un proceso de destitución por corrupción. De regreso a la política en 2006 como senador, fue condenado más tarde a ocho años de prisión.
Objeto de la investigación “Lava Jato”, Luiz Inácio Lula da Silva fue encarcelado 580 días, desde abril de 2018 hasta noviembre de 2019. Acusado de haber recibido un tríplex de una empresa de construcción a cambio de contratos públicos, su condena fue anulada por el STJ, que consideró, entre otras cosas, que el juez que lo había condenado había sido parcial.
Dilma Rousseff (2011-2016) fue destituida durante su segundo mandato consecutivo por el Parlamento, que la acusó de maquillaje de las cuentas públicas.
Y Michel Temer (2016-2018) fue acusado de corrupción en el marco de la investigación “Lava Jato”, y fue encarcelado por pocos días dos veces en 2019 por obstrucción a la justicia.
Cristiano Zanin - 49 años
Fue abogado de Lula, que lo postuló para la máxima instancia judicial del país en 2023. Es el actual presidente de la Sala Primera, por lo que su voto sirve de desempate. Su nombramiento generó polémica por su estrecha proximidad con Lula, a quien defendió durante los procesos por corrupción.
Flávio Dino - 56 años
Estuvo al frente del Ministerio de Justicia en el Gobierno de Lula hasta que lo nombró en 2024 para el Supremo, una decisión que levantó suspicacias por su cercanía con el presidente. Militante del Partido Comunista, fue diputado, gobernador de Maranhão y senador.
Alexander de Moraes - 56 años
Instructor del proceso por el supuesto intento de golpe y enemigo número uno de Bolsonaro, quien lo ha calificado en diversas ocasiones de “dictador”. Está el Supremo desde 2017. Mantiene un duro enfrentamiento con Elon Musk. El año pasado suspendió la red social X durante un mes.
Cármen Antunes - 70 años
Es la única mujer entre los 11 jueces que integran el plenario del Supremo. Al igual que Zanin y Dino, fue nombrada por Lula, pero en 2006, durante el primero de sus tres mandatos. Abogada, es profesora titular de la Universidad Católica Pontificia de Minas Gerais.
Luiz Fux - 71 años
Tras graduarse en Derecho, Fux fue abogado de la petrolera Shell y fiscal de su natal estado de Río de Janeiro. Después, trabajó como juez en diversas instancias hasta que en 2011 la entonces presidenta y sucesora de Lula, Dilma Rousseff, lo postuló para el Supremo.
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