El exmandatario de Brasil, Jair Bolsonaro, compareció este miércoles ante la Policía Federal para declarar sobre el intento golpista del pasado 8 de enero, días después de la asunción de Luiz Inácio Lula da Silva. Esto se da en el marco de un proceso que tramita en la Corte Suprema y que lo tiene como "investigado".

Fue interrogado durante unas dos horas y evitó contactos con los periodistas, pero rechazó toda participación en unos sucesos que "repudió ese mismo día", según afirmó Fabio Wajngarten, exministro de Información y actual asesor del exmandatario.

Wajngarten negó que Bolsonaro haya alentado el golpe con su negativa a reconocer el triunfo de Lula en los comicios de octubre pasado o que haya incitado a sus seguidores a protestar en forma violenta contra el proceso electoral.

"Con el fin de la elección, el presidente pasó la página, no articuló nada, se recluyó y viajó el 30 de diciembre a Estados Unidos", aún como mandatario, y permaneció en ese país durante tres meses, afirmó Wajngarten, quien dijo que Bolsonaro ofreció volver a la Policía Federal a fin de esclarecer su situación.

El proceso apunta a identificar a los "autores intelectuales" y a quienes financiaron los sucesos de enero.

El Congreso de Brasil oficializó este miércoles la apertura de una comisión parlamentaria para investigar el suceso.

El presidente del Senado, Rodrigo Pacheco, se encargó de leer la petición de apertura de la comisión, cuya instauración ha sido promovida por la oposición de derecha, la cual sostiene que el Gobierno incurrió en "omisiones" y "fallos" de seguridad, con una aparente intención de generar una "ola de solidaridad" con Lula.

Esa versión, calificada como "un disparate" por el oficialismo, ha sido defendida sobre todo por el diputado Eduardo Bolsonaro, uno de los tres hijos del exmandatario que actúa en política y que puede llegar a integrar la comisión.

Aunque el Gobierno inicialmente se opuso a la instauración de ese grupo parlamentario, por el "ruido político" que puede generar, pasó a apoyarlo la semana pasada, cuando se difundieron unos videos que llevaron a la renuncia del ministro de seguridad de la Presidencia, Marco Gonçalves Dias.

En las imágenes, el ahora exministro aparece en el interior del Palacio presidencial en medio de la invasión, junto a otros de los miembros de la seguridad, en una actitud que pudiera sugerir una cierta complacencia y hasta amabilidad con los golpistas.

La comisión estará integrada por 16 senadores y 16 diputados, y su composición será definida en función de la representatividad de los grupos parlamentarios, en los que el Gobierno tiene mayoría.

Sobre esa base, el oficialismo aspira a ejercer los dos puestos claves en la comisión. Se trata de la presidencia, que orienta el curso de la investigación, y la instrucción del proceso, a cargo de un parlamentario que será responsable del informe final.

Esos cargos también son fundamentales para decidir el orden de los convocados a declarar, entre los que pueden figurar políticos muy vinculados a Bolsonaro, algunos detenidos por los sucesos de enero.

Foto: AFP

Entre ellos, está el exministro de Justicia Anderson Torres, en cuya residencia la Policía encontró un borrador de un decreto que planteaba anular las elecciones de octubre y mantener en el poder al líder de la ultraderecha, quien dice desconocer esa minuta.

Sin embargo, el Partido Liberal (PL), que tiene a Bolsonaro en sus filas, aseguró que va a pleitear la presidencia, aferrado a una "tradición" según la que el grupo que propone la comisión es el que la dirige.

"Como autor del requerimiento, el PL aspira a la presidencia", dijo este miércoles el diputado Altineu Cortes, jefe de ese partido en la cámara baja.

Esos cargos, que generarán los primeros embates políticos de la comisión, serán definidos en los próximos días, antes de la primera reunión formal de la comisión, prevista para dentro de unos 15 días.

Por el intento golpista fueron detenidas 2.151 personas, de las cuales unas 300 permanecen en prisión, en tanto que el resto responderá ante los tribunales en libertad y bajo estrictas medidas cautelares.

La Corte Suprema ya aceptó los cargos contra los primeros 100 acusados en el primer juicio preliminar, en el que ocho magistrados votaron a favor y dos pusieron reservas con relación a algunos cargos o por considerar que debían ser juzgados en otras instancias.

Los cargos contra los imputados incluyen una vasta serie de delitos, entre los que figuran "abolición violenta del Estado Democrático de Derecho", "daños calificados", "asociación para delinquir" e "incitación al crimen", todos tipificados en el Código Penal.

De forma paralela, el Supremo abrió este martes un nuevo juicio preliminar contra otros 200 sospechosos de haber participado en la invasión, un proceso en el que los magistrados podrán votar hasta el 8 de mayo.

EFE