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El magistrado Celso de Mello, decano de la Corte Suprema de Brasil, ordenó este viernes la divulgación de un video que puede comprometer al jefe de Estado, Jair Bolsonaro, en una investigación sobre supuestas injerencias ilegales en la Policía Federal.

Según determinó el juez, que supervisa la investigación a cargo de la Fiscalía, el video que registró una reunión ministerial que se celebró el pasado 22 de abril debería ser difundido en forma parcial, con una edición que solo mostrará lo que tenga relación con el caso.

El vídeo, que ya fue hecho público, registró una reunión de Bolsonaro con su gabinete, y fue grabado en la sede de la Presidencia en Brasilia. Según afirma el exministro de Justicia Sergio Moro, sería una de las pruebas de las supuestas "presiones" e "injerencias ilegales" del mandatario en la Policía Federal.

"Es fácil imponer una dictadura aquí, facilísimo", dijo Bolsonaro en el video según informó el medio brasilero Estadao. Y, por ello quiere que la población se arme: "El pueblo armado nunca será esclavizado", agregó. 

Estadaoindicó que el mandatario de Brasil dijo: "¿Por qué estoy armando a la gente? Porque no quiero una dictadura". Quien no aceptara estas condiciones debía abandonar el gobierno, añadió Bolsonaro en la grabación.

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dijo a sus ministros que no estaba dispuesto a ver a su familia o amigos "jodidos" debido a que no podía cambiar a funcionarios de seguridad, según Reuters. 

Reuters, por su parte, informó que Bolsonaro dijo que " he intentado cambiar oficialmente a nuestra gente de seguridad en Río de Janeiro y no he podido hacerlo. Eso se acabó. No voy a esperar a que mi familia o mis amigos se jodan", dijo Bolsonaro. "Fin de la historia. No estamos bromeando". Y agregó, de acuerdo a Efe, "va a cambiar. Si no los puedo cambiar, cambio a sus jefes. ¿No puedo cambiar al jefe? Cambio al ministro", afirmó dirigiéndose a Moro, quien renunció dos días después.

De acuerdo a EFE; Bolsonaro dijo en el video que "no puedo ser sorprendido por noticias. Tengo a la PF (Policía Federal) que no me da informaciones. Tengo a la inteligencia de las Fuerzas Armadas y no tengo informaciones. La Abin (Agencia Brasileña de Inteligencia) tiene sus problemas" pero "da alguna información", dice el mandatario.

Moro renunció días después de esa reunión ministerial y atribuyó su decisión a esas "presiones" de Bolsonaro sobre un órgano policial autónomo, las cuales calificó de "injerencia política inaceptable".

Las sospechas vertidas por Moro llevaron a la Fiscalía a iniciar una investigación, supervisada por el decano del Supremo, quien hace diez días determinó que la Presidencia debía entregar el video a la Justicia.

Las imágenes ya han sido analizadas y Celso de Mello decidió este viernes que fueran hechas públicas, pero limitó el contenido que se difundió a lo relacionado estrictamente con la averiguación.

En el marco de esa investigación, el magistrado también pidió este viernes a la Fiscalía que analice la posible necesidad de que sean incautados los teléfonos celulares del gobernante y de uno de sus hijos, Carlos, quien es concejal en Río de Janeiro, sobre la base de algunas noticias publicadas en medios locales.

"La pretensión investigadora del Estado impide que los órganos públicos competentes ignoren aquello que se apunta en una 'notitia criminis'", señaló el juez en esa nota, con lo que sugirió que está inclinado a la aprehensión de los teléfonos, aunque la decisión será tomada finalmente por la Fiscalía General.

La sugestión del magistrado provocó una dura reacción por parte del gobierno, que se pronunció mediante una dura nota difundida por el general de la reserva del Ejército Augusto Heleno, ministro de Seguridad Institucional.

"El pedido de aprehensión del teléfono celular del Presidente es inconcebible" y, si así ocurriera, sería "una afronta a la autoridad máxima" y "una interferencia inadmisible", que hasta "pudiera tener consecuencias imprevisibles para la estabilidad nacional", afirmó la nota.

Ese comunicado oficial fue rechazado por casi todos los partidos políticos y hubo quien lo llegó a considerar casi una "amenaza" a la democracia.

Uno de ellos fue el jefe del grupo del Partido Socialista en la Cámara de Diputados, Alessandro Molon, quien calificó la reacción de Heleno como "una amenaza de golpe y un crimen contra la seguridad de la Nación"