El Ministerio de Defensa de Brasil no baja la guardia ante la posibilidad de una nueva manifestación golpista. El monitoreo realizado por las agencias de inteligencia del gobierno detectó el miércoles por la noche un nuevo llamado a la acción, que estaba previsto para ayer a las 18:00 en todas las capitales brasileñas.
Sin embargo, llegada la hora, no se observaron manifestantes ni militantes identificados como bolsonaristas en las inmediaciones de la Plaza de los Tres Poderes, fuertemente custodiada por la Fuerza Nacional, incluso con helicópteros.
La convocatoria comenzó a circular desde el martes en los grupos de WhatsApp y Telegram de los bolsonaristas, bajo el título “Mega manifestación nacional por la reanudación del poder”.
La valoración del Palacio del Planalto es que, tras la represión que se produjo tras los hechos del domingo, con 1.500 detenciones, la posibilidad de que una nueva protesta de este calibre tenga éxito es baja.
Aun así, el martes por la noche se instaló un dispositivo de seguridad para proteger los palacios de Planalto, Alvorada, Jaburu (residencia del vicepresidente) y Granja do Torto.
También se ordenó la prohibición de cualquier “interrupción a la libre circulación”.
La medida, tomada por el ministro del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, responde a un pedido presentado por la Abogacía General de la Unión (AGU), que señaló el riesgo de nuevos actos golpistas. También está prohibida la ocupación de edificios públicos.
Por otro lado, el Fiscal General de la Unión, Jorge Messias, creó ayer miércoles el Grupo Especial de Defensa de la Democracia (GEDD) para dar seguimiento a los hallazgos e investigaciones sobre los atentados.
Además, el Ministro de Justicia y Seguridad Pública, Flávio Dino, prorrogó la autorización para el uso de la Fuerza Nacional de Seguridad Pública en Brasilia hasta el 19 de enero, tras las amenazas detectadas el martes y ayer.
Además, según consta en la edición de ayer del Diario Oficial, Dino autorizó la movilización de policías militares desde ocho estados a la capital federal hasta el 31 de enero. Todavía no hay información sobre cuántos agentes serán desplazados.
Lula arremete contra Bolsonaro
El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, lamentó ayer que su antecesor, Jair Bolsonaro, aún no haya reconocido su derrota en las elecciones de octubre.
“Lamentablemente el presidente que dejó el poder el 31 de diciembre no quiere reconocer la derrota. Aún hoy vi declaraciones suyas en que sigue sin reconocer la derrota”, afirmó el mandatario en referencia a un video que Bolsonaro publicó en sus redes sociales con declaraciones de un elector poniendo en duda la fiabilidad de las urnas.
En un discurso que pronunció ante un grupo de parlamentarios, el líder progresista afirmó: “Solo puedo considerar que se trata de un grupo de chiflados, de un grupo de personas con poco sentido del ridículo, porque ya presentaron recursos ante la Justicia, y la Justicia no solo reafirmó el resultado de las urnas como condenó al partido que cuestionó las elecciones a pagar una cuantiosa multa”. “No me gustaría pensar que lo que ocurrió fue un golpe”, agregó.
Mensaje de Bolsonaro
El expresidente Jair Bolsonaro compartió en su cuenta oficial de Facebook, en la noche del martes, un video que cuestiona la victoria del presidente Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones y ataca al Tribunal Superior Electoral y al STF.
El mensaje estuvo disponible en el perfil del expresidente durante dos horas y luego fue borrado tras la repercusión en la publicación. El contenido compartido presentaba una entrevista en la que el abogado bolsonarista de Mato Grosso do Sul, Felipe Giménez, afirma que Lula fue “elegido por el servicio electoral y por los ministros del Supremo Tribunal Federal y del Tribunal Superior Electoral”. Por esto, el expresidente podría enfrentar cargos, según abogados penalistas y profesores de derecho consultados por O Globo. Las hipótesis van desde la incitación al delito hasta delitos contra el honor.
El expresidente fue dado de alta tras su internación por un “fuerte dolor abdominal”, y permanece en Orlando, Florida.
Investigación
La Procuraduría General de la República (PGR) solicitó al STF abrir una investigación a tres diputados federales por incitación a actos de terrorismo contra los Tres Poderes. El pedido de investigación busca determinar la responsabilidad de los diputados federales graduados André Fernandes (PL-CE), Clarissa Tércio (PP-PE) y Silvia Waiãpi (PL-AP).
La PGR menciona que uno de los objetivos de la investigación, André Fernandes, publicó una foto en una red social de la puerta de la oficina del ministro Alexandre de Moraes destrozada por los atacantes. Clarissa Tércio, por su parte, difundió un video promoviendo la invasión al Congreso: “Acabamos de tomar el poder”. Waiãpi también está acusada de difundir videos de las invasiones promoviendo los actos.
“Las publicaciones que realicen en las redes sociales antes y durante las invasiones pueden constituir una incitación pública a la comisión de un delito (conducta prevista en el artículo 286 del Código Penal) y un intento de abolir, mediante la violencia o la amenaza grave, el Estado democrático. de derecho”, dijo la PGR en un comunicado.
Defensa de Ibaneis dice que hubo “sabotaje”
La defensa del gobernador destituido del Distrito Federal, Ibaneis Rocha, afirmó en un documento enviado al Supremo Tribunal Federal (STF) que el plan de seguridad elaborado para la manifestación del domingo sufrió “actos de sabotaje” por parte de las fuerzas de seguridad locales y acusa a la policía de haber actuado con “connivencia” y “colaboración” con los golpistas y haber cometido “deserción”. El documento fue remitido al ministro Alexandre de Moraes, quien el domingo destituyó a Ibaneis de su cargo por 90 días al considerar que fue negligente al preparar el esquema de seguridad de la protesta.
En el documento, los abogados admiten que la primera impresión es que hubo una “aparente falta de preparación de los hechos anunciados”, pero argumentan que “varios agentes que se encargaron de ejecutar el protocolo de actuación siguieron la inaceptable y criminal línea de connivencia y colaboración con grotescos actos terroristas, todo lo contrario a lo que se había alineado anteriormente”.
Según ellos, “la manifestación golpista promovida fue posible por la operación de sabotaje en las fuerzas de seguridad locales”, y también hubo “deserción de los puestos por parte de algunos policías”.
Uno de los puntos destacados es que en la madrugada del domingo, el entonces secretario de Seguridad en funciones, Fernando de Sousa Oliveira, envió un audio a Ibaneis afirmando que la protesta se desarrollaba de manera “ordenada y pacífica”.
El pleno del STF analiza la decisión de Moraes y por mayoría de mantener la destitución de Ibaneis. También hay suficientes votos para mantener la orden de captura de otros dos responsables del esquema de seguridad: el exministro y exsecretario Anderson Torres y el excomandante de la Policía Militar Fábio Augusto.
Detenidos
Los últimos 80 detenidos por los actos del domingo fueron enviados al sistema penitenciario del Distrito Federal en la tarde de ayer. Forman parte de las más de 1.500 personas detenidas en el campamento instalado frente al Cuartel General del Ejército. Debido al elevado número de detenidos, no se individualizaron las conductas y los imputados firmaron el acta diciendo que sabían que eran responsables de seis delitos: terrorismo, abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, asociación delictuosa, incitación a la violencia, amenaza y daños a la propiedad pública.
Hasta ser trasladados a la prisión de Papuda (para hombres) y a Colmeia (para mujeres), los sospechosos estuvieron alojados en el polideportivo de la Academia Nacional durante más de 55 horas.
Los defensores dicen que presentarán solicitudes de hábeas corpus, alegando que los presos no tienen antecedentes penales y que se venció el plazo para celebrar una audiencia de custodia, que debería tener lugar dentro de las 24 horas.
Condena conjunta de EE.UU. y Brasil
Más de 70 legisladores brasileños y estadounidenses condenaron ayer miércoles, en una declaración conjunta sin precedentes, los “actos antidemocráticos de la extrema derecha” ocurridos el pasado domingo, cuando partidarios radicales del expresidente Jair Bolsonaro invadieron y atacaron la sede de los Tres Poderes en Brasilia. En el texto, miembros del Legislativo de Brasil y Estados Unidos citan el ataque del 6 de enero de 2021 al Capitolio, sede del Congreso estadounidense, en Washington, cuando simpatizantes del expresidente Donald Trump intentaron impedir la ratificación de Joe Biden y su victoria en las elecciones presidenciales de ese año. “Las democracias dependen de la transferencia pacífica del poder. Así como los extremistas de extrema derecha están coordinando sus esfuerzos para socavar la democracia, debemos permanecer unidos en nuestros esfuerzos para protegerla”, se lee en la nota conjunta.
Según los parlamentarios involucrados en la iniciativa impulsada por la Oficina Washington Brasil (WBO), “no es ningún secreto que agitadores de extrema derecha en Brasil y Estados Unidos están coordinando esfuerzos”.
Citan como ejemplo las reuniones del diputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), hijo del expresidente, quien se reunió tras las elecciones presidenciales del año pasado con Trump y sus exasesores Jason Miller y Steve Bannon, “quienes alentaron a Bolsonaro a disputar la resultados de las elecciones en Brasil”. “Poco después de las reuniones, el partido de Bolsonaro intentó invalidar miles de votos en las elecciones brasileñas. Todos los involucrados deben rendir cuentas”, dice el comunicado.
Bannon, recuerda el grupo, fue condenado a cuatro meses de prisión por desacato al Congreso el pasado mes de octubre. El cargo, del que el republicano fue declarado culpable en julio, se refiere a su negativa a cooperar con la comisión que investiga la invasión del Capitolio.
“Para salvar la democracia en nuestros dos países y el resto del mundo, instamos a todos los representantes electos de nuestros dos países, independientemente del partido político, a unirse a nuestro llamado”, agregan. La declaración fue firmada por 39 parlamentarios brasileños, incluidos senadores y diputados federales, y 35 miembros del Congreso de los Estados Unidos.
En base a O Globo (GDA) y EFE
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