CONMOCIÓN POLÍTICA
El hasta ayer presidente de Perú perdió todo respaldo; las FFAA y la Policía se alinearon al orden institucional.
Parafraseando a Gabriel García Márquez, la de Pedro Castillo es la crónica de una caída anunciada. Desde que llegó a la presidencia hace 16 meses, analistas políticos dentro y fuera de Perú se preguntaban cuánto dudaría en el cargo alguien sin experiencia y que no contaba con un partido político que le diera apoyo parlamentario. Además, en un país que hace dos décadas está en crisis política y con varios presidentes que no pudieron terminar su mandato.
Así que no fue sorpresa que el Congreso destituyera ayer miércoles al izquierdista Castillo y pusiera en su lugar a la vicepresidenta, Dina Boluarte.
Lo que sí sorprendió a muchos, fue la irracional medida de Castillo que llevó a su rápida destitución. Un rato antes de que el Congreso comenzara a tratar una moción de destitución -la tercera que enfrentaba- Castillo dijo que era blanco de “un ataque sin cuartel” por parte del parlamento y anunció su disolución.
Pero enseguida se dio cuenta de que estaba solo. Las Fuerzas Armadas y la Policía no lo apoyaron y el Congreso ignoró su decisión y procedió a destituirlo por aplastante mayoría.
La vicepresidenta Dina Boluarte, una abogada de 60 años, fue juramentada como jefa de Estado y dijo que gobernará hasta julio de 2026, cuando estaba previsto el fin del mandato de Castillo. Será la primera mujer en presidir Perú.
Desde que Castillo asumió la presidencia en julio de 2021 estuvo enfrentado al Congreso y la Fiscalía, que lo acusa de dirigir una presunta “organización criminal” que reparte contratos públicos a cambio de dinero.
La destitución de Castillo, que tenía una rechazo de 70% según sondeos recientes, fue aprobada por 101 votos de un total de 130 congresistas. Se necesitaban 87.
Tras la destitución, el gobierno del presidente estadounidense Joe Biden calificó rápidamente a Castillo de “expresidente” y dijo que los congresistas peruanos tomaron “medidas correctivas” de acuerdo con las reglas democráticas.
“Rechazaremos categóricamente cualquier acto que contravenga (...) cualquier Constitución, cualquier acto que socave la democracia en ese país”, afirmó el portavoz del departamento de Estado, Ned Price.
Autogolpe
Tras el mensaje de Castillo en el que ordenaba disolver los poderes legislativo y judicial y convocaba una constituyente, llovieron críticas y condenas.
“Se trata de un golpe de Estado que agrava la crisis política e institucional”, dijo Boluarte en Twitter.
“Hoy se ha dado un golpe de Estado al mejor estilo del siglo XX. Es un golpe destinado al fracaso, el Perú quiere vivir en democracia. Este golpe de Estado no tiene ningún fundamento jurídico”, dijo el presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Morales.
La fiscal de la nación, Patricia Benavides, señaló su “rechazo de manera enfática” a “todo quebrantamiento del orden constitucional”.
Detenido
Tras su anuncio de disolución del Congreso, Castillo abandonó el Palacio Presidencial y se dirigió a la Prefectura de Lima con su custodia policial.
Imágenes difundidas por la administración de justicia peruana lo mostraron sentado en un sillón rodeado de fiscales y policías.
“¡No era presidente; era un delincuente!”, gritaban opositores frente a la sede policial.
El paradero de su esposa e hijos era desconocido anoche en medio de rumores de un asilo en la embajada de México.
La Fiscalía de la Nación de Perú confirmó la detención de Castillo por la presunta comisión del delito de rebelión y quebrantar el orden constitucional. “El Ministerio Público dirigió esta tarde la detención de Pedro Castillo Terrones por el presunto delito de rebelión, (...) por quebrantar el orden constitucional”, informó la Fiscalía en un comunicado.
La caída de Castillo tiene lugar poco más de 30 años después del autogolpe del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), que disolvió el Congreso el 5 de abril de 1992.
El Congreso forzó la caída de Pedro Pablo Kuczynski, en 2018, y Martín Vizcarra, en 2020. Fujimori fue destituido por el Congreso en 2000.
Reacciones
Uruguay, al igual que la mayoría de los países de la región, condenó “enérgicamente” cualquier “intento de quebrantar el orden constitucional” en Perú e hizo un llamado a “respetar las instituciones democráticas” en ese país.
Así lo manifestó la Cancillería uruguaya mediante un comunicado en el que indicó que confía en que Boluarte “conduzca a garantizar la estabilidad política y la preservación del Estado de Derecho”.
Por su parte, México lamentó la crisis en Perú y abogó “por el respeto a la democracia y a los derechos humanos”, según escribió en Twitter el canciller Marcelo Ebrard. No obstante, momentos después, el presidente izquierdista Andrés Manuel López Obrador acusó a las “élites económicas y políticas” de la destitución de Castillo, en medio de un “ambiente de confrontación”.
El gobierno de Gustavo Petro, primer presidente de izquierda en Colombia, hizo un llamado al diálogo “para salvaguardar la democracia”, con la participación de “todos los actores políticos”.
“Colombia condena todo atentado contra la democracia, venga de donde venga”, señala un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano
El gobierno brasileño calificó la decisión de Castillo de disolver el Congreso de “incompatible con la estructura normativa constitucional de este país”.
Poco después, el mandatario electo, Luiz Inácio Lula da Silva, le deseó “éxito” a la vicepresidenta Boluarte, destacando que Perú necesita “diálogo, tolerancia y convivencia democrática”.
Ecuador manifestó su “profunda preocupación” por lo ocurrido, llamando a la democracia y a mantener el estado de derecho, según un comunicado de la Cancillería difundido por Twitter.
El mandatario boliviano, Luis Arce, denunció el “constante hostigamiento de élites antidemocráticas contra gobiernos progresistas”, lamentando lo ocurrido en Perú, que comparte frontera con Bolivia.
En Chile, el gobierno del izquierdista Gabriel Boric “reafirma su compromiso con la democracia y el diálogo como el camino para superar este complejo momento”, indicó en un comunicado.
Y el gobierno de Alberto Fernández en Argentina expresó su “profunda preocupación por la crisis política que atraviesa la hermana República del Perú, y hace un llamado a todos los actores políticos y sociales a que se resguarden las instituciones democráticas, el estado de derecho y el orden constitucional”, dijo la Cancillería.
Por su parte, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, felicitó a Boluarte como nueva presidenta de Perú. “Reafirmamos el apoyo de la OEA a la democracia, paz, institucionalidad y a la imperiosa necesidad de recomponer la senda democrática; con un diálogo incluyente, abierto, franco y respetuoso”, dijo Almagro en redes sociales.
Anteriormente, Almagro había rechazado en una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA las acciones tomadas por Castillo. “Lo ocurrido (…) constituye una alteración del orden constitucional”, sentenció el uruguayo.
La OEA envió a mediados de noviembre una misión de alto nivel a Perú para analizar la situación del país, a petición de Castillo.
En un informe preliminar, la misión recomendó a Perú iniciar un diálogo entre las partes.
“Esta crisis se podría haber evitado siguiendo las recomendaciones el grupo de alto nivel”, destacó ayer Almagro.