Nueve hombres condenados por “robo y sodomía” fueron flagelados por los talibanes en un estadio de fútbol repleto de personas ayer martes en la ciudad afgana de Kandahar, según el Tribunal Supremo.

Al campo de fútbol acudieron altos funcionarios locales del régimen talibán, que dieron una serie de discursos antes de que los condenados fuesen flagelados.

Un testigo ocular, que pidió el anonimato, afirmó a EFE que cientos de personas acudieron al lugar para presenciar la pena.

Otros testigos presenciaron además cómo los talibanes les cortaron las manos a cuatro personas que habían sido detenidas por asesinato, según informó un medio local, informó la agencia AP.

Los otros cinco acusados fueron acusados de sexo prematrimonial, lo que se considera un delito penal.

La práctica de administrar castigos corporales o incluso de ejecutar a personas en público, reintroducida en Afganistán por los talibanes desde que volvieron al poder en agosto de 2021, fue condenada repetidamente por organismos como Naciones Unidas.

El pasado diciembre, diez expertos en derechos humanos de la ONU pidieron a las autoridades talibanes que pongan fin a las ejecuciones y los castigos en ceremonias multitudinarias.

Los talibanes acostumbraban a aplicar durante su primer gobierno entre 1996 y 2001 brutales sanciones públicas como el ahorcamiento, amputaciones, lapidación o latigazos, en base a su rígida interpretación del islam y su estricto código social conocido como pastunwali.

Junto al retorno de los castigos públicos, las mujeres han experimentado un deterioro en sus derechos, como la prohibición de acceder a las universidades y escuelas secundarias, la segregación por sexos en lugares públicos, la imposición del velo o la obligación de ir acompañadas por un familiar masculino en trayectos largos.

Al menos tres organizaciones no gubernamentales internacionales reanudaron parcialmente sus actividades con personal femenino en Afganistán, después de haber recibido garantías de las autoridades talibanes de que las mujeres pueden seguir trabajando en el sector de la salud.

Las ONG prestan una ayuda esencial en este país, donde más de la mitad de los 38 millones de habitantes se enfrentan a una inseguridad alimentaria aguda, y donde 3 millones de niños corren el riesgo de sufrir malnutrición.