El fiscal especial en la causa de la AMIA, la mutual judía, Alberto Nisman, denunció ayer a la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, y su canciller, Héctor Timerman, por supuesto encubrimiento a Irán en el atentado cometido en 1994, informó la prensa local.

Nisman pidió además la declaración indagatoria de la jefa de Estado y un embargo por 200 millones de pesos (cerca de 23,2 millones de dólares).

Nisman acusó a la mandataria y a Timerman de “decidir, negociar y organizar la impunidad de los prófugos iraníes en la causa AMIA con el propósito de fabricar la inocencia de Irán”.

Según el escrito, de unas 300 páginas, el Gobierno ideó un “sofisticado plan delictivo” para favorecer a Irán y desvincular definitivamente a los sospechosos que son buscados por la Justicia argentina.

La presentación recayó en el juzgado de Ariel Lijo, el mismo que procesó por cohecho al vicepresidente Amado Boudou.

De acuerdo a Nisman, la “maniobra” comenzó dos años antes de la firma del Memorando de Entendimiento con Teherán en 2013 y contó con la participación del canciller Timerman, el diputado nacional Andrés Larroque y el dirigente “piquetero” Luis D’Elía.

El fiscal sostiene que esos contactos fueron con Mohsen Rabbani, uno de los máximos responsables por el ataque terrorista según la Justicia argentina y con pedido de captura.

El fiscal basa la acusación en diálogos telefónicos entre los protagonistas del tratado.

Según Nisman, las instrucciones partían de la propia presidenta y los motivos eran comerciales: el intercambio de petróleo por granos. Según la investigación, las negociaciones con Teherán comenzaron en 2011, cuando Fernández decidió acercarse a Irán para “restablecer relaciones comerciales plenas” con el país asiático con el objetivo de superar “la crisis energética argentina mediante un intercambio de petróleo por granos” e “incluso venderle armas”.

Para concretar el acuerdo, según el fiscal especial, también debía incluirse la garantía de la caída de las acusaciones que pesan sobre varios funcionarios de la república islámica, lo cual no sucedió.

Según el escrito de acusación, “el personal de inteligencia involucrado en el caso manipuló pruebas, personas y participó activamente en la fabricación de la hipótesis falsa para desviar ilegalmente el curso de la causa judicial, desincriminar a los acusados iraníes y -al mismo tiempo- acusar falsamente a terceros inocentes, atribuyéndoles con pruebas fraguadas la responsabilidad por el atentado”.

“Esto lo vengo trabajando hace más de dos años porque está involucrado personal de la Secretaria de Inteligencia cuyos nombres no puedo dar”, explicó Nisman, según indicó La Nación, citando a la Agencia Judía de Noticias.

El fiscal sostuvo que las pruebas colectadas “permitieron afirmar, sin margen de duda, que -al menos, para llevar adelante este plan delictivo- el gobierno puso en marcha un canal de comunicación paralelo entre Argentina e Irán a fin de transmitir e instrumentar las ordenes emitidas por la Presidente y, de ese modo, alcanzar los objetivos ilícitos”. “Este canal clandestino (...) operó como una diplomacia paralela”, añadió.

Según la denuncia, a través de D’Elía y el dirigente de la agrupación Quebracho, Fernando Esteche, Fernández “indirectamente” entabló comunicaciones con altos mandos iraníes y con Mohsen Rabbani, exagregado cultural en la embajada iraní en Buenos Aires.

En representación de Teherán el contacto fue Jorge “Yussuf” Khalil, una persona sin cargo en la embajada iraní en Buenos Aires pero con poder real, de acuerdo al fiscal.

El memorando entre ambos países fue firmado el 27 de enero de 2012, en Addis Abeba, capital de Etiopía, y luego aprobado por el Parlamento argentino.

La Justicia argentina tenía en la mira por el atentado a la AMIA -que causó 85 muertos- a varios iraníes.

Se trata de Ahmah Vahidi (imputado como coautor ideológico del atentado), Mohsen Rabbani (exconsejero de la embajada iraní y acusado de ser el cerebro del ataque), Ali Akbar Ashemi (expresidente iraní, 1989-1997, y acusado de dar instrucciones a Hezbolá de llevar a cabo el ataque), Ali Fallahijan (exministro de Inteligencia), Ali Akbar Volayali (ex- canciller), Mohsen Rezai (exjefe de la Guardia Revolucionaria y acusado de haber organizado el atentado), y Ahnmad Reza Ashgari o Mohsen Randjbaran (tercer secretario de la embajada iraní en Buenos Aires y acusado de haber liderado el operativo).

El secretario general de la Presidencia argentina, Aníbal Fernández , aseguró ayer que el pedido de indagatoria de la presidenta Cristina Fernández por el pacto con Irán en la causa AMIA por parte del fiscal Alberto Nisman “es ridículo”.

“Esto me hace pensar que es parte de la discusión dentro de la Secretaría de Inteligencia. Son manotazos de ahogado”, afirmó Fernández en declaraciones a un canal de TV.

“Es un sinsentido lo que está sucediendo. No tiene ningún asidero”, dijo.

El atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) fue el mayor acto terrorista registrado en la historia de Argentina, con un saldo de 85 personas muertas y 300 heridas. Un coche bomba estacionado frente al edificio de la mutual, en la calle Pasteur 633, en pleno centro de Buenos Aires, estalló poco después de las 9.30.

La potencia del estallido prácticamente derrumbó todo el edificio e incluso afectó viviendas aledañas, hizo volar autos estacionados y derribó árboles por toda la cuadra. De los 85 muertos, 67 eran empleados o asociados de la AMIA y el resto, gente que circulaba por la zona o vecinos. La calle Pasteur se transformó en escenario de catástrofe, con heridos por todos lados, ventanas estalladas, edificios rotos y gente desorientada.

Después de un largo y enredado proceso judicial, con la citación de decenas de testigos, en octubre de 2006, los fiscales Alberto Nisman y Marcelo Martínez Burgos acusaron formalmente al gobierno iraní de planificar el atentado y al movimiento Hezbolá de ejecutarlo. Según la investigación, Argentina fue elegida como blanco del ataque tras la decisión de su gobierno de suspender un acuerdo de transferencia de tecnología nuclear a Irán. 

La presidenta decidió “fabricar la inocencia” de Teherán en el casoANSA, EFE Y LA NACIÓN / GDA