El Congreso chileno debate un polémico proyecto de ley de seguridad conocido como “Naim-Retamal”, que otorga más libertad de maniobra a la policía militarizada Carabineros en el uso de las armas de fuego. El Senado aprobó la ley por 40 votos a favor y 5 en contra, pero el texto volvió a la Cámara de Diputados.

Este proyecto supone la fusión de dos iniciativas anteriores que avanzaban de forma independiente y que los grupos de oposición lograron unir en medio de la indignación pública por la muerte de dos agentes de policía en procedimientos rutinarios.

A falta de la votación en Diputados, penúltima oportunidad para modificaciones, el proyecto ampara la llamada “legítima defensa privilegiada”.

Esta ley se suma a la aprobación hace unos días de cinco proyectos sobre seguridad pública, en un escenario marcado por la muerte de dos agentes de Carabineros durante el último mes y con el combate contra la delincuencia en el centro de la agenda nacional.

Este paquete de medidas orientadas a combatir el crimen en Chile incluyó textos en torno al secuestro, porte de armas, extorsión, sicariato y control migratorio.

La creciente inseguridad es una de las principales preocupaciones de los chilenos, según las encuestas de opinión.

En 2022 los homicidios crecieron 33,4% respecto l año anterior, según datos de la subsecretaría de Prevención del Delito.

Esta cifra significa la segunda mayor variación en América Latina, apenas detrás de Ecuador, donde aumentaron más de 80%. Los robos con violencia e intimidación subieron 63,1% en 2022 y los de automóviles 39,8%.

El presidente chileno, el izquierdista Gabriel Boric, ha dado un giro para apoyar las acciones contra el crimen. Incluso aseguró que concurriría él mismo a procedimientos policiales. “Son los delincuentes los que tienen que sentir miedo, no las instituciones ni menos la ciudadanía honesta y trabajadora, que es la gran mayoría”, afirmó el mandatario.

El ministro de Justicia, Luis Cordero, manifestó ayer miércoles su conformidad con el acuerdo que alcanzó el Gobierno con la oposición y que permitió la aprobación de la ley Naim-Retamal en el Senado, descartando por ahora que se presente un veto a la iniciativa y destacando un ánimo “auspicioso” de cara a su tercer trámite legislativo en Diputados.

“En estas condiciones no hay una decisión de vetar”, dijo el ministro a ADN Radio. “Porque hay un contexto de que los temas más relevantes quedaron abordados por este acuerdo”, recalcó.

El proyecto, sin embargo, es resistido por algunos sectores del gobierno, entre ellos el Partido Comunista chileno.

También la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al gobierno de Chile “tomar medidas inmediatas” para involucrar a la sociedad civil en la tramitación de la polémica ley.

“La propuesta reduce la rendición de cuentas, obstaculizando el acceso a la justicia para las víctimas de eventuales abusos y favoreciendo la impunidad”, dijo el jefe de ONU para los derechos humanos en América del Sur, Jan Jarab.

Este punto fue rebatido por el senador opositor y presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara Alta, Felipe Kast, defensor de la nueva ley. “Se va a presumir la legítima defensa, pero la investigación de la fiscalía siempre tiene que estar presente, porque estamos en democracia, no en dictadura, y siempre tiene que haber un control externo que pueda revisar si eso es cierto o no”, sostuvo Kast a los medios chilenos.

Con información de EFE, AFP y El Mercurio (GDA)