Chile celebra hoy, domingo, las elecciones de un nuevo Consejo Constitucional, el segundo en apenas un año, en medio del hartazgo y polémica sobre un proceso que comenzó con ilusión tras las protestas de 2019, conocidas como “estallido social”.

Se elegirán los 50 consejeros que redactarán una nueva propuesta de carta magna, que luego deberá ser aprobada o rechazada en diciembre de este año.

El Consejo tendrá seis meses para realizar su trabajo y, al contrario del anterior, deberá manejarse dentro de los márgenes de una docena de principios establecidos por los partidos políticos y sobre un borrador diseñado por un consejo de expertos.

Los 50 miembros deberán ser 25 de ellos hombres y 25 mujeres. Cada votante puede votar a un solo candidato o candidata. Podría elevarse a 51 o 52 constituyentes si se elige a alguno de los representantes de los pueblos originarios.

Hay 353 candidatos y 15 millones de habitantes con derecho a sufragio.

La mayor parte de los candidatos están vinculados a los partidos políticos: el Partido Republicano (extrema derecha) y el Partido de la Gente (populistas conservadores). O a las coaliciones electorales: Todo por Chile (centro izquierda), Chile Seguro (derecha), Unidad Para Chile (cercana al presidente, Gabriel Boric).

Además habrá tres candidatos independientes, procedentes de tres regiones. Jorge Sepúlveda (La Araucanía), Liset Quilodrán (Aysén) y Claudio Barrientos (Magallanes).

Asimismo hay dos candidatos de pueblos originarios, quienes podrían ser elegidos con una papeleta especial si reúnen el 1,5% de los votos a nivel nacional. Los postulantes son los mapuche Alihuen Antileo Navarrete y Julio Nelson Marileo.

El voto es obligatorio y se multará a quien no pueda justificar su ausencia.

A los resultados preliminares se les aplicará el principio de paridad. En caso de que resulten electas más mujeres que hombres tendrán que restarse algunas de ellas y sumarse algunos de ellos, y viceversa, hasta que resulten 25 y 25 de cada género. Probablemente, atendiendo al número de candidatos, las correcciones podrían favorecer a más hombres que a mujeres. Para nivelar, el candidato electo del sexo mayoritario menos votado será reemplazado por el más votado del sexo opuesto de ese partido.

Una imagen bien significativa del ambiente apático que reina en el país sobre estas elecciones pudo apreciarse ayer en la Plaza de Armas, en el corazón de Santiago, un lugar donde nada parece indicar que el país está ad portas de unos comicios y la propaganda luce por su ausencia.

Todas las encuestas coinciden en que la mayoría de los chilenos se han desacoplado del proceso constituyente. Así por ejemplo, Pulso Ciudadano de finales de abril mostró que un 51,1% de la población está nada o poco interesada, mientras que un 61,3% dijo tener nada o poca confianza en el futuro texto.

“Las elecciones son importantes porque cualquier constitución rige por varias décadas, pero quienes la están redactando son los mismos políticos de siempre que nos han llevado a la crisis actual”, dijo el artista José Sepúlveda en las cercanías de la plaza.

Chile se embarcó en la compleja tarea de sustituir su Constitución, vigente desde 1980, en plena dictadura, tras el estallido de 2019 a favor de más derechos sociales, considerado la protesta más grave y masiva desde el retorno de la democracia, que se saldó con una treintena de muertos y miles de heridos.

Pero ha llovido mucho desde entonces: la pandemia obligó al mundo a encerrarse, la inflación escaló a niveles no vistos en décadas, la primera propuesta constitucional fue rechazada de manera contundente en un plebiscito celebrado el 4 de septiembre del pasado año y los delitos más violentos se dispararon en varias regiones, lo que ha generado una inédita alarma ciudadana.

Para Mauro Basaure, sociólogo de la Universidad Andrés Bello, “Hace tres años se decidió redactar una nueva Constitución por las grandes demandas del estallido social, pero el actual proceso constituyente no ha tomado esas reivindicaciones”, dijo.

En la calle coinciden en que la gente está preocupada por la delincuencia, más que de la nueva Constitución. (Con información de EFE)