EFE/AFP
Con más del 74% de los votos escrutados, los chilenos rechazaron ayer por un 55,4% una segunda propuesta de nueva Constitucióny decidieron mantener la carta magna actual, heredada de la dictadura militar (1973-1990) y ampliamente reformada por los sucesivos gobiernos democráticos. La opción de aprobar el nuevo texto, redactado por un Consejo Constitucional en el que la oposición tenían mayoría, obtuvo el 44,5% de los votos.

Con este resultado, se cierra al menos durante la presidencia de Gabriel Boric (2022-2026) el debate constitucional, porque el mandatario ya ha dicho que no impulsará un tercer proceso constituyente.

El partido Unión Demócrata Independiente (UDI), que hizo campaña a favor de la nueva propuesta, fue el primero en salir a reconocer los resultados y su líder, Javier Macaya, dijo que los chilenos “no quieren cambios constitucionales ni tampoco refundaciones”.

Este segundo intento por tener una carta magna que sustituya a la que instauró en 1980 la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) arrancó en septiembre de 2022, cuando una contundente mayoría rechazó en otro plebiscito un proyecto escrito por una convención de mayoría izquierdista que proponía un profundo cambio en el modelo de país.

El resultado de ayer supone un varapalo para el Partido Republicano, que tuvo un peso fundamental en la redacción del nuevo texto y aspiraba a convertirse en la fuerza hegemónica de la derecha.

Mientras la derecha defendía que la propuesta se hacía cargo del problema de la inseguridad y ponía fin a la incertidumbre institucional que generaron las masivas protestas de 2019, la izquierda aseguraba que el texto era “dogmático” y profundizaba en el modelo neoliberal implantado durante el régimen militar.

“Independientemente del resultado vamos a seguir trabajando por las prioridades de la gente”, dijo tras depositar su voto el presidente Boric, quien no se ha involucrado directamente en esta elección, a diferencia de lo que hizo en el plebiscito del año pasado.

La opción de rechazar la propuesta constitucional se impuso en la mayoría de las dieciséis regiones del país, especialmente en la capital, Valparaíso (centro) y la norteña Antofagasta, según se anunció ayer.

El texto, que elaboró un consejo dominado por el Partido Republicano, es todavía más conservador que el heredado de la dictadura, afirman analistas.

Entre otros artículos, el marco normativo propuesto limitaba el rol del Estado en la economía de mercado y podría dar pie a revisar el derecho al aborto en sus tres causales (violación, inviabilidad del feto y riesgo para la madre). Además, endurecía el trato a los migrantes con la expulsión “en el menor tiempo posible” de quienes estén en situación irregular.

El aumento de los delitos violentos es asociado por los chilenos a la llegada de migrantes, pero la atención está más en una economía que no despega tras un fuerte ajuste para contener la inflación.

En noviembre de 2020, un 80% de los chilenos decidió iniciar un proceso para cambiar la Constitución vigente desde la dictadura como respuesta a las masivas protestas que estallaron en octubre de 2019.

Una Asamblea Constituyente dominada por la izquierda redactó un texto progresista, que incluía transformaciones profundas, pero que terminó ahuyentando a los electores, que lo rechazaron por un 62%.

Se inició otro proceso liderado ahora por el Partido Republicano, que redactó un texto bajo su ideario y sin tampoco llegar a un consenso.

Aunque reformada varias veces en democracia, el cambio de la Constitución de Pinochet era una vieja aspiración de la izquierda chilena, que apunta a su escasa protección que establece de derechos sociales como salud, vivienda, pensiones y educación. Pero frente a una propuesta todavía más conservadora, los partidos de la izquierda chilena llamaron a votar “en contra”.

“Yo siempre prefiero algo malo que algo pésimo”, dijo este domingo la expresidenta socialista Michelle Bachelet (2006-2010/2014-2018).