Corrupción en Argentina: Las Coimas K
El presidente Macri cree que solo se reveló una mínima parte de la trama.
Empresarios y exfuncionarios argentinos comenzaron a declarar ante la justicia ayer jueves por el nuevo escándalo de sobornos, bautizado como "los cuadernos de la corrupción", que involucra a la expresidenta Cristina Kirchner.
La justicia argentina analiza el contenido de ocho cuadernos en los cuales el chofer del ex número dos del Ministerio de Planificación registró presuntos retiros y entregas de bolsos con dinero entre 2005 y 2015, años en que gobernaron el fallecido Néstor Kirchner (2003-2007) y su esposa Cristina (2007-2015).
Según los cuadernos, que detallan con meticulosidad montos, recorridos y puntos de recogida y de entrega de maletines con dólares en efectivo, los sobornos fueron utilizados para obtener la adjudicación de obras públicas.
Según la Fiscalía, los presuntos sobornos habrían alcanzado unos 160 millones de dólares.
Hasta ahora, se realizaron 34 allanamientos en los que fueron incautados 14 automóviles, el equivalente a unos 50.000 dólares en efectivo y dispositivos informáticos.
El arrepentido.
El chofer Oscar Centeno, autor de las anotaciones, un exsuboficial de ejército, fue detenido el miércoles al igual que una docena de empresarios y exfuncionarios.
Este jueves rindió indagatoria y optó por declararse como "arrepentido", admitió la autoría de los cuadernos y se acogió a un defensor público.
En octubre de 2016, el Congreso argentino aprobó la ley que ampliaba la figura de "arrepentido" —que ya se aplicaba a otros delitos— para los casos de corrupción, y establece que el acuerdo de colaboración ha de celebrarse exclusivamente entre el fiscal y las personas que brinden información.
Un acusado en una investigación de esta índole puede ser "arrepentido" solo antes de que la causa sea elevada a juicio oral, por delitos en los que haya participado y si su confesión ayuda a condenar a personas con similar o mayor responsabilidad. De esta forma podrá obtener una rebaja en la pena, aunque no eludir la cárcel.
No pueden acogerse funcionarios que sean sujetos a juicio político, es decir, el presidente, el vicepresidente, los ministros del Gobierno y los jueces de la Corte Suprema.
Para Leandro Despouy, quien fue auditor general entre 2002 y 2016, los llamados "cuadernos de la corrupción" van a abrir "una compuerta que en Argentina no se había abierto".
"Implica un gran número de empresarios, no son solo funcionarios. Puede ser el inicio de un Lava Jato en Argentina", declaró Despouy a la AFP, en referencia al enorme escándalo de corrupción de Brasil. Según el exfuncionario, lo más probable es que los empresarios colaboren con la justicia y se declaren víctimas de extorsión por parte del Estado.
Las detenciones realizadas en la madrugada del miércoles incluyen a Roberto Baratta, que era un subsecretario del Ministerio de Planificación y para quien trabajaba el chofer Centeno.
También fueron arrestados los empresarios Gerardo Ferreyra, de la constructora Electroingeniería, y Javier Sánchez Caballero, exgerente general de Iecsa, la constructora que pertenecía a Ángelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri.
"Jamas pagué coimas. Esto es un circo mediático", se defendió Ferreyra cuando fue trasladado esposado para declarar ante el juez.
Otro de los detenidos es el exsubsecretario legal de Planificación Federal Rafael Llorens, y el expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción, el empresario Carlos Wagner.
La expresidenta y actual senadora Cristina Kirchner fue citada a indagatoria el próximo 13 de agosto por el juez Claudio Bonadío, quien lleva la causa.
El domicilio de los Kirchner en Buenos Aires figura como uno de los destinos en las anotaciones del chofer, al igual que la Casa Rosada y la residencia presidencial de Olivos.
Juez acelera investigación a Cristina KBy EL PAIS
Cómo lo ve Macri.
"Esto es solo una parte mínima, acá lo que se descubrió es solo lo que tiene que ver con la energía", dijo el presidente Macri ayer en el marco de una reunión con su gabinete, informó el diario La Nación.
Macri vive el episodio como un ejemplo del modus operandi del kirchnerismo durante sus doce años de gestión al frente del Poder Ejecutivo. "Son décadas de apropiación del Estado por parte de la política", dijo el presidente a varios dirigentes durante la jornada. Y dio como ejemplo adicional las irregularidades con los viáticos, que complicaron por ejemplo al exvicepresidente Amado Boudou , procesado por el juez federal Ariel Lijo. "Caerá el que tenga que caer", habría dicho Macri según dos testigos.
Según el jefe de Gabinete Marcos Peña, el gobierno quiere "que la Justicia avance en tiempo y forma, objetivamente y sin hacer distinción de nada. Merecemos saber quién es responsable de cada delito", afirmó un allegado al jefe de Gabinete a La Nación.
Está citada a declarar el 13 de agosto por el juez Claudio Bonadio. El magistrado pidió allanar los domicilios particulares y el despacho en el Senado de la expresidenta, y prepara el pedido de desafuero.
Está preso desde diciembre de 2017 por el caso Río Turbio. Durante los gobiernos kirchneristas dirigió el estratégico ministerio de Planificación, por donde pasaban las adjudicaciones de obras públicas.
Era la mano derecha de Julio De Vido. Fue detenido el miércoles, cuando estalló el escándalo por los cuadernos de las coimas. Era el que salía a cobrar las coimas en un auto conducido por Oscar Centeno.
No tenía ningún poder de decisión, pero hoy es la pieza clave de la trama de corrupción gracias a sus anotaciones en los cuadernos. Está detenido, ayer declaró y se acogió a la figura del arrepentido. Sabe mucho.
Reclaman devolución de lo robado al Estado
Dos centenares de personas reclamaron ayer jueves ante el Congreso argentino la pronta aprobación de un proyecto de ley para "recuperar lo robado" al Estado por delitos de corrupción.
Convocada a través de las redes sociales, la movilización contó con la participación de ciudadanos independientes que, con bufandas, gorros y trajes a rayas blancas y negras, exigieron además que los jueces "metan presos a los políticos corruptos". El proyecto de la denominada ley de extinción de dominio de los bienes provenientes del delito fue aprobado por la Cámara de Diputados en junio de 2016 y desde entonces está a consideración del Senado. El pasado 24 de julio las comisiones del Senado comenzaron a analizar la iniciativa. Se han presentado tres proyectos alternativos al que ya cuenta con la aprobación de Diputados, pero los manifestantes reclamaron que se convierta en ley el proyecto que tuvo el visto bueno en la Cámara Baja.
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