EFE, AFP
El Comité de Derechos Humanos (DDHH) de la ONU ha abierto un caso contra el régimen de Venezuela para investigar el fraude electoral en los comicios del pasado julio y le ha exigido conservar las actas de escrutinio.
Uno de los abogados denunciantes, Paulo Abrão, exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de DDHH, confirmó a EFE que el Comité les notificó ayer que ha abierto su caso y ha dictado varias medidas provisionales urgentes mientras lo investiga, principalmente conservar los materiales electorales clave como las actas de escrutinio.
Abrão es uno de los cinco abogados de la firma IHR Legal, radicada en Washington DC, que denunciaron ante el Comité en octubre violaciones de fraude electoral masivo, falta de transparencia, restricción al voto en el exterior, obstrucción al control ciudadano y supresión de acceso a la justicia en Venezuela.
La notificación del Comité, revisada por EFE, indica que este ha “solicitado al Estado parte que se abstenga de destruir el material electoral de las elecciones presidenciales” incluyendo las actas de escrutinio, y otros documentos necesarios para elaborar el acta de totalización, adjudicación y proclamación” mientras investiga.
Los abogados dijeron en una nota que la apertura del caso es un “avance crucial en la lucha por la democracia y los derechos humanos en Venezuela”, y que “probablemente concluirá con una decisión internacional muy trascendente e histórica que constatará que Nicolás Maduro no es el presidente electo de Venezuela”.
Los abogados exponen en su denuncia la situación en Venezuela antes, durante y después de las elecciones del 28 de julio, donde señalan un “patrón sistemático de desconocimiento de la voluntad popular expresada en el voto, cuando los resultados electorales no favorecen a Nicolás Maduro y sus aliados”.
Y advierten, al pedir medidas provisionales, “la posibilidad inminente de que se materialicen daños irreparables a los derechos humanos”, ya que no es “un típico caso en el que se cuestionan los resultados electorales por parte de un candidato” sino “un escandaloso y gravísimo desconocimiento del resultado de una elección”.
En ese sentido, destacan que “a pesar de que se impidió votar al 99 % de los millones de venezolanos que viven en el exterior, las actas de escrutinio publicadas por la oposición revelan que el gobierno en funciones perdió las elecciones por una mayoría abrumadora de quienes sí votaron dentro de Venezuela”.
El Comité de DDHH de la ONU es un organismo de 18 expertos independientes que supervisa la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por sus Estados partes.
Presión en Brasil
Por su parte, la líder opositora María Corina Machado pidió ayer martes a Brasil que reconozca a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela para aumentar la “presión” sobre el dictador Maduro.
“Lo que esperamos es que Brasil reconozca a Edmundo González como presidente electo para que se pueda presionar a Maduro y que se dé cuenta de que su mejor opción es una transición ordenada y pacífica”, dijo por videoconferencia Machado, en la clandestinidad, ante una comisión de la Cámara de Diputados brasileña. La dirigente afirmó que Maduro “está aislado, nacional e internacionalmente, debilitado, sin recursos”.
El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, recibió a Maduro con honores en Brasilia el año pasado, pero las tensiones entre los dos gobiernos escalaron durante semanas tras el fraude en las elecciones venezolanas.
Lula pidió que se publicaran las actas electorales que demostraban el triunfo de Maduro, lo que no ocurrió, y Brasil vetó la entrada de Venezuela al bloque de los Brics. Pero en noviembre Lula dijo en una entrevista televisiva que Maduro era un “problema” de Venezuela y no de Brasil, una declaración que el dictador venezolano recibió de forma positiva.
Uruguay acompaña planteo ante la CPI
Argentina exigió ayer martes a la Corte Penal Internacional (CPI) una “atención inmediata” a la situación en Venezuela y aseguró que su misión diplomática en Caracas ha enfrentado “situaciones de asedio por parte de fuerzas policiales”, mientras, Panamá, como Uruguay, condenaron la “demora injustificada” en la investigación de la CPI.
En la reunión anual de países miembros de la CPI, el embajador argentino, Mario Javier Agustín Oyarzábal, aseguró que la situación venezolana “exige atención inmediata” y lamentó “profundamente la falta de avances sustantivos en la investigación” abierta desde noviembre de 2021 ante el fiscal Karim Khan por crímenes de lesa humanidad en Venezuela. “Los derechos humanos y civiles son sistemáticamente vulnerados y la voluntad democrática de su población es ignorada de manera deliberada. Las detenciones arbitrarias, los tratos inhumanos y las violaciones graves de derechos fundamentales requieren investigaciones rigurosas e integrales que estén a la altura de las expectativas de justicia internacional”, señaló.
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