EFE, AFP/ Lima
El expresidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000) fue sepultado ayer sábado en un cementerio privado de la periferia de Lima tras haber fallecido el pasado miércoles a los 86 años por las complicaciones de un cáncer que padecía.

A la ceremonia fúnebre asistieron los hijos y familiares más cercanos al exmandatario, así como representantes del partido fujimorista, mientras que cientos de sus seguidores permanecieron en otra zona cercana del cementerio.

La despedida del octogenario expresidente ha estado marcada por un notable contraste entre la multitud que acudió a su velorio y la soledad del repudio a la cuestionada década que estuvo en el poder en 1990.

Representantes de la izquierda, como la legisladora Ruth Luque, de la bancada Bloque Democrático Popular, rechazaron les declaratoria de tres días de duelo nacional (desde el jueves hasta ayer) por el fallecimiento del exmandatario, condenado a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad y excarcelado en diciembre pasado por un indulto humanitario otorgado en 2017.

Ayer, luego de que un sacerdote realizara un breve responso fúnebre, los restos de Fujimori fueron depositados en una tumba individual ubicada a pocos metros del mausoleo familiar de Susana Higuchi, su exesposa y madre de sus cuatro hijos. Antes de la inhumación, Santiago Fujimori, hermano del exmandatario, agradeció las muestras de apoyo de sus seguidores, mientras que Kenji Fujimori, su hijo menor, reiteró su afirmación de que fue “el mejor presidente” de Perú.

Keiko Fujimori, la líder del partido Fuerza Popular que es su heredera política, también agradeció a sus partidarios, y dijo que hoy se comprometen “a construir un mejor futuro, con paz, con tolerancia, con armonía, con sonrisas”.

Antes de partir hacia el cementerio, los restos de Fujimori fueron despedidos con honores de Estado en el Palacio de Gobierno de Lima por la actual presidenta de Perú, Dina Boluarte, “conforme a los honores póstumos que se rinden a un exmandatario”.

Poco antes fueron llevados desde la sede del Ministerio de Cultura, donde fue el velatorio desde el jueves pasado, al que acudieron miles de personas, hacia el colindante Gran Teatro Nacional, donde se celebró una misa de cuerpo presente.

El Gobierno de Boluarte aplicó el ceremonial oficial, que fue instaurado durante el período de Alejandro Toledo (2001-2006).

El fujimorismo cuenta en Perú con una aceptación que oscila entre el 15 % y el 20 %, según todas las encuestas, lo que le ha proporcionado un grupo de seguidores constante a lo largo de los años, aunque también ha limitado los intentos de Keiko Fujimori por ocupar la jefatura del Estado.

La líder política ha perdido en tres ocasiones consecutivas las elecciones generales en su país, en 2011, 2016 y 2021, frente a Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y Pedro Castillo, respectivamente.

La muerte de su padre revivió la polémica nacional en torno a su legado, ya que sus simpatizantes lo honran por haber derrotado al grupo terrorista Sendero Luminoso y la crisis económica que afrontaba su país, pero sus detractores evocan la memoria de las víctimas de los crímenes de lesa humanidad por los que fue condenado, el autogolpe de Estado que dio en 1992 y los graves casos de corrupción por los que también fue sentenciado.

“Alberto Fujimori se fue con crímenes impunes y sin pedir perdón”, lamentaron familiares de víctimas asesinadas por militares en las matanzas de Barrios Altos y Cantuta, por las cuales el fallecido expresidente peruano fue condenado a 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad.

“Ya está muerto, el señor se fue sin pedir perdón a los familiares, ha sido una burla para nosotros”, dijo sollozando Gladys Rubina, hermana de una de las 15 víctimas de la masacre de Barrios Altos perpetrada un 3 de noviembre de 1991. “La muerte del expresidente nada me quita porque sigo llevando un dolor dentro de mí. A mi hermana Nelly me la mataron”, se lamentó Rubina de 56 años.

Para Carmen Amaro, hermana de una de las 10 víctimas del caso Cantuta (1992), Fujimori partió sin cumplir toda su condena y con un juicio en curso por la muerte de seis campesinos ejecutados por militares en Pativilca, al norte de Lima en 1992.

Las matanzas fueron cometidas por un escuadrón de la muerte del ejército, conocido informalmente como Grupo Colina y encargado de “operaciones especiales” de inteligencia en el marco de la lucha contra las guerrillas y el terrorismo de Sendero Luminoso bajo el gobierno de Fujimori, según determinó la justicia.