Las denuncias de violaciones de Derechos Humanos (DD.HH.) en Venezuela se hacen más frecuentes desde las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, que fueron seguidas de protestas multitudinarias en contra de los resultados oficiales que dieron por ganador al presidente Nicolás Maduro. En esas protestas, ocurrieron once muertes y alrededor de 1.300 arrestos, según la ONG Foro Penal.

Hay otras muertes y arrestos políticos de años anteriores, de los que dan cuenta los familiares de la víctimas y otros actores sociales venezolanos.

¿Cómo viven los presos políticos en Venezuela? Al respecto, El País conversó con Diego Cabrita Mora, abogado venezolano especializado en Derechos Humanos (DD.HH.), quien fue secretario de la Comisión de Asuntos Internacionales en el Parlasur (2016-2021), consultor en seguridad pública en la Organización de Estados Americanos-OEA (2023), entre otros cargos. Hoy, es director de la asociación civil “Agenda de Derechos” (RAD, por su sigla en inglés), que brinda apoyo a migrantes y en casos de trata de personas, desde Uruguay.

Varios de los colegas de Cabrita están presos en el Helicoide, un edificio en Caracas que sirve como sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y como centro penitenciario. “Hay activistas aislados en el Helicoide, sufren penurias y sus abogados no han podido constituirse como sus defensores. Desde las ONG tratamos de ayudar a sus familias; muchas quedaron sin ingresos”, compartió Cabrita.

El abogado contó a El País que, si bien los presos políticos están aislados, a veces logran acceder a algún teléfono celular compartido que “alquilan”. Habitualmente son los propios familiares quienes pagan sobornos a los guardias de seguridad para esos fines, porque es la única forma de comunicarse con ellos.

Los familiares están “desesperados” -dijo Cabrita-, saben que los presos políticos viven hacinados, hay unas 30 personas por celda y están mezclados con presos comunes. “La única clasificación es de hombres y mujeres, pero no por delito, edad u otro criterio”, acotó.

Cabrita señaló que los presos políticos viven una serie de limitaciones: comida escasa y a veces en mal estado, duermen en el sueldo, reciben muy poca luz natural, las salidas al patio son restringidas, no desarrollan actividad alguna. “Tienen que cuidarse de lo que hablan porque hay infiltrados y, si dicen cosas contra el gobierno, son castigados”, agregó.

“Las celdas tienen unas instalaciones allí mismo (para defecar), tienen que hacer sus necesidades frente a los demás. Como las prisiones están en el subsuelo del edificio, pasan frío de noche”, dijo Cabrita.

Consultado sobre cómo los presos políticos se enteran de lo que sucede fuera del recinto, respondió que “no tienen acceso a noticias” y que “la mejor forma de enterarse es por lo que comentan los nuevos presos que ingresan”.

La atención médica, según manifestó, también es escasa. Son atendidos por médicos del Helicoide o, llevados al Hospital Militar solo si tienen que ser intervenidos quirúrgicamente. “Están prohibidas los médicos privados. No hay dentistas”, agregó. Sí hay un gimnasio que es parte de las llamadas ‘prisiones VIP’, por el que pagan algunas familias para los presos. “Pero la mayoría no puede hacerlo porque pasa necesidades afuera, explicó el abogado.

Foto: AFP

Cabrita señaló que existen dos ‘celdas de castigo’ en el Helicoide, conocidas como “El Bañito” y “El Tigrito”, que son pequeños lugares de confinamiento individual, sin luz, donde permanecen los presos políticos por tiempo indeterminado, como castigo.

“El Bañito es una cápsula encofrada -originalmente para tuberías de aguas negras- que son utilizadas sobre todo para los exmilitares y exguardias nacionales. Luego de estar allí, los filman para las redes sociales, obligados a decirle a la población que no cometan los mismos ‘delitos’ que ellos, que pasarán muy mal.

“Así desestimulan a las población, para que no tengan seguidores”, dijo Cabrita, quien habló también de que el régimen ha aplicado descargas eléctricas sobre los presos.

Las situaciones extorsivas son frecuentes, advirtió. A muchos familiares les han ofrecido la posibilidad de liberarlos a cambio de dinero y con la condición de que se vayan de Venezuela. “Sabemos que una de las opciones que ofrecen es Uruguay”, detalló el abogado. Sin embargo, agregó que ese tipo de propuestas no se concretan. “En realidad no los quieren soltar”, concluyó.

Cabrita llegó a Uruguay hace 9 años, en busca de seguridad dado que en Caracas fue secuestrado en dos ocasiones (“secuestros express”), y continúa su activismo desde el exterior. En ese contexto, mantiene comunicación con expresos políticos y familiares de presos políticos de su país, entre ellos Rocío San Miguel, especializada en asuntos militares y directora de la ONG Control Ciudadano, quien fuera su profesora en DD.HH. en Caracas; el diputado William Dávila, su antiguo jefe en el Parlasur; y Jackson Vera y Ricardo Cariel, quienes retrataban o presentaban documentación sobre las irregularidades cometidas por el régimen chavista; entre otras afectados.

La información que compartió Cabrita para esta nota fue cotejada por El País con otros activistas y organizaciones de DD.HH.