AFP, EFE
En Venezuela, la represión del régimen de Nicolás Maduro no se limita a la proscripción o detención de opositores políticos. A menos de cuatro meses de las elecciones presidenciales, el Parlamento de Venezuela, controlado por Maduro, aprobó esta semana un proyecto de ley contra el “fascismo”, término que funcionarios del régimen suelen usar para referirse a opositores, que establece prisión de hasta 12 años y elevadas multas.

La “Ley contra el fascismo, el neofascismo y expresiones similares” fue presentada ante la unicameral Asamblea Nacional por la vicepresidenta Delcy Rodríguez, tras ser propuesta el pasado 24 de marzo por Maduro, quien buscará un tercer mandato consecutivo en las elecciones del 28 de julio.

La ley que consta de 30 artículos, “tiene por objeto establecer los medios y mecanismos para preservar la convivencia pacífica y la tranquilidad pública”, así como “proteger a la sociedad venezolana del surgimiento de cualquier expresión de orden fascistas, neofascistas o de similar naturaleza”, según el texto.

En su artículo 22 el documento señala que “toda persona que solicite, invoque, promueva o ejecute acciones violentas como medio o vía para el ejercicio de los derechos políticos será sancionado con prisión de ocho a doce años e inhabilitación política por el tiempo de la condena”.

La “divulgación de mensajes prohibidos” en radio o televisión será castigada con la revocatoria de la concesión, mientras que se impondrán multas a “medios electrónicos o impresos” de entre 50.000 y 100.000 “veces el tipo de cambio de mayor valor publicado por el Banco Central”, equivalentes hasta a 100.000 dólares.

Además, el proyecto prohibe las reuniones o manifestaciones, así como “organizaciones políticas” donde se considere que existe una “apología” al fascismo.

“Esta ley contra el fascismo busca complementar la Ley de Partidos Políticos, pero busca también complementar y desarrollar (...) la ley del odio”, dijo Rodríguez.

Activistas de derechos humanos consideran que esta ley, que será sometida a una segunda discusión antes de su sanción definitiva, implica más “represión”, pues “atenta contra el derecho a la manifestación y las concentraciones públicas”, señaló en X el defensor de derechos humanos, Marino Alvarado.

En 2017, Maduro, cercado por protestas contra su gobierno que dejaron más de 120 fallecidos y 1.958 heridos, propuso la “Ley contra el Odio, la convivencia pacífica y la tolerancia”, que castiga con hasta 20 años de prisión a quienes sean señalados de “promover o incitar al odio”.

La oposición, en tanto, denuncia que esta ley, que prohibe la conformación de partidos políticos y organizaciones sociales señaladas de “promover el odio y la intolerancia” castiga la disidencia política.

La ONG Provea pidió ayer a la comunidad internacional que realice gestiones diplomáticas para evitar la aprobación del “proyecto de ley contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares”, por considerarlo un avance en la “construcción de un modelo de Gobierno totalitario”. “La comunidad internacional, especialmente los organismos con mandato en protección a los derechos humanos, deben realizar todas las gestiones diplomáticas necesarias para evitar la promulgación definitiva de la propuesta”, exhortó la ONG en una nota de prensa.

Provea sostuvo que este proyecto de ley significaría un “avance en la construcción de un modelo de Gobierno totalitario en el país, agravando aún más las garantías para el disfrute de los derechos humanos de la población”.

A juicio de Provea, la calificación como “fascismo” de las manifestaciones ocurridas en 2014 y 2017 “justificaría la violación sistemática de derechos humanos ocurrida durante ese lapso, nivelando institucionalmente a víctimas con victimarios y relativizando la investigación de la Corte Penal Internacional por delitos contra la humanidad”.

Añadió que el proyecto de ley presenta definiciones conceptuales “abiertas y de interpretación arbitraria”, ya que, según el artículo 4, los rasgos característicos del fascismo son “el racismo, el chovinismo, el clasismo, el conservadurismo moral, el neoliberalismo, la misoginia y todo tipo de fobia contra el ser humano y su derecho a la no discriminación y a la diversidad”.

“La penalización de elementos subjetivos como el ‘conservadurismo moral’ o la criminalización de una ideología, el neoliberalismo, es contraria el estado social de justicia y derecho establecido en la Constitución de 1999”, apuntó.

Foto: EFE