AFP, EFE
Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo consolidaron su mando absoluto en Nicaragua: como presidente y “copresidenta” controlarán todos los poderes del Estado y a la sociedad civil, según una reforma constitucional ratificada este jueves por el Parlamento.
El mandato de gobierno pasa de cinco a seis años y la ya poderosa Murillo sube de rango, de vicepresidenta a “copresidenta”, según la reforma.
Ortega, de 79 años que gobernó Nicaragua en la década de 1980 tras el triunfo de la revolución sandinista, está en el poder desde 2007 y ha instaurado en Nicaragua una dictadura familiar, junto a su esposa, de 73 años.
La reforma, aprobada por “unanimidad” por un Congreso dominado por el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), establece que los copresidentes coordinarán “a los órganos legislativo, judicial, electoral”, antes reconocidos como poderes independientes.
“Estos cambios drásticos marcan la destrucción del Estado de derecho y de las libertades fundamentales en Nicaragua”, aseguró el abogado estadounidense Reed Brody, miembro de un grupo de expertos de la ONU que evalúa los derechos humanos en Nicaragua.
El Congreso aprobó también una moción para que la norma sobre el mandato de gobierno sea retroactiva, con lo cual el actual periodo de Ortega se extenderá hasta 2028 gobernando junto a Murillo.
Nicaragua es definida ahora como un Estado “revolucionario” y “socialista”, e incluye entre los símbolos patrios la bandera rojinegra del FSLN, exguerrilla de izquierda que derrocó al dictador Anastasio Somoza en 1979.
La Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó en un comunicado su “profunda preocupación” al considerar que la reforma “profundiza retrocesos en libertades civiles y políticas” en el país centroamericano.
Ortega y Murillo radicalizaron sus posturas y aumentaron el control sobre la sociedad nicaragüense tras las protestas de 2018, cuya represión dejó 320 muertos según la ONU.
La reforma establece que el Estado “vigilará” a la prensa y a la Iglesia para que no respondan a “intereses extranjeros”, y en el caso de las empresas para que no apliquen sanciones como las que Estados Unidos ha impuesto a Nicaragua.
También oficializa el retiro de la nacionalidad nicaragüense a los considerados “traidores a la patria”, como hizo el régimen con unos 450 críticos y opositores en los últimos años.
Otra de las controvertidas normas de la Constitución reformada es la creación de una “Policía Voluntaria”, integrada por civiles, como “cuerpo auxiliar y de apoyo” a las fuerzas de seguridad, lo que hace referencia a lo ocurrido en 2018.
Con los rostros cubiertos con capuchas negras, más de 15.000 civiles han sido juramentados por las autoridades de Nicaragua como “policía voluntaria” desde mediados de enero, antes incluso de que fuera ratificada en su totalidad la reforma.
Durante las protestas de 2018, hombres encapuchados y fuertemente armados, que el régimen llamó el “pueblo”, intervinieron reprimiendo a los manifestantes.
La Constitución de 1987 ha sido reformada en una docena de ocasiones por los diputados afines a Ortega, incluida la que estableció la reelección presidencial indefinida.
Un día antes de la aprobación de la reforma, el régimen de Ortega-Murillo canceló la personería jurídica a otras 10 asociaciones que funcionaban como organismos sin fines de lucro, con lo que suman más de 5.600 las ONG ilegalizadas desde diciembre de 2018.
La disolución de esas organizaciones fue aprobada por la ministra del Interior, María Amelia Coronel: en cinco casos por incumplimientos a las leyes que los regulan y las otras cinco porque solicitaron su disolución “voluntaria”.
Con el cierre de estas ONG suman más de 5.600 las organizaciones de este tipo disueltas tras las protestas populares que estallaron en abril de 2018 en el país centroamericano, y en la mayoría de los casos han ordenado traspasar los bienes de esos organismos al Estado.
La crisis en Nicaragua se acentuó tras las controvertidas elecciones de 2021, en las que Ortega se adjudicó un quinto mandato -el cuarto consecutivo-, con los líderes de la oposición en prisión y a los que luego expulsó del país.
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