Francia entra en una semana decisiva para ver si continúa la crisis política causada por la aprobación sin voto en la Asamblea Nacional de la reforma de las pensiones, o si el Gobierno consigue apaciguar una tensión cada vez más elevada.

La primera ministra, Élisabeth Borne, ha citado hoy, lunes, a los presidentes de los grupos parlamentarios en la Asamblea Nacional para intentar restaurar el diálogo y tratar de avanzar en la agenda legislativa. Pero tres de esos grupos, el del izquierdista La Francia Insumisa, el comunista y el ecologista, ya han avanzado que no acudirán y en cambio han convocado para mañana, martes, una marcha sobre el Palacio de Matignon, la sede del Gobierno.

El miércoles será el turno para la reunión convocada por Borne con los principales líderes sindicales. Los ocho sindicatos que integran el lado social de la protesta han confirmado su asistencia, pero insisten en pedir que el Gobierno congele la puesta en marcha de la reforma de las pensiones para dejar tiempo a discutir nuevas posibilidades.

Pero Borne ha advertido ya de que poner en suspenso una ley aprobada legalmente “es algo que no existe” y que espera hablar con los líderes sindicales de otros asuntos relacionados con el trabajo, como carreras profesionales o empleos especialmente penosos. Esto anticipa que la cita del miércoles puede no acabar bien.

El jueves habrá una nueva jornada nacional de manifestaciones y huelgas convocada por los sindicatos, la undécima desde que empezaron estas protestas en enero contra la reforma de las pensiones.

La incidencia de los paros y el nivel de asistencia a las manifestaciones puede ofrecer ese día un nuevo termómetro de si la protesta social va a mantener su intensidad a pesar de los intentos del Ejecutivo por pasar página y apaciguar al país.

A calmar los ánimos no contribuyó el ministro del Interior, Gérald Darmanin, quien denunció en una entrevista publicada ayer que el “terrorismo intelectual de extrema izquierda” de algunos dirigentes políticos que, en su opinión, justifican la violencia y criminalizan la acción de la policía.

Además de las acusaciones de exceso de dureza de las fuerzas del orden durante las protestas sobre las pensiones, la violencia de los enfrentamientos en una manifestación ecologista el pasado 25 de marzo ha abierto un nuevo debate con acusaciones cruzadas.

Jordan Bardella, presidente de Agrupación Nacional (el partido ultraderechista de Marine Le Pen), consideró también que el presidente, Emmanuel Macron, “ha perdido la batalla de la opinión (pública) y va camino de perder la batalla del orden”.

Jean Luc Mélenchon, líder de La Francia Insumisa y blanco de los dardos del ministro del Interior y de Bardella, recalcó que no está “en contra de la policía”, pero que esta debe ser “respetuosa de los ciudadanos”.

En otro orden, Francia inició ayer, domingo, el camino hacia la posibilidad de legislar sobre la eutanasia, con la presentación de las conclusiones de una convención ciudadana convocada por el Gobierno, y que se mostró favorable a instaurar algún mecanismo de suicidio asistido. La convención, formada por 184 personas elegidas por sorteo y que inició sus trabajos el otoño pasado, presentó ayer su documento final, en el que considera “necesario” regular esta práctica con garantías.

Mientras cada vez más países en Europa Occidental regulan la eutanasia, Francia, lo que hace que personas con enfermedades incurables o que sufren dolores insoportables vayan a países como Bélgica o Suiza en busca de ayuda.

Los miembros de la convención entregarán formalmente sus conclusiones al presidente Macron, quien tiene programado un discurso sobre el asunto, en el que podría anunciar si tiene intención de trabajar en un proyecto de ley que regule la ayuda activa a morir. Las conclusiones, aprobadas por 92 % de los miembros de la convención, recalcan la necesidad de emprender “un debate nacional sereno sobre este delicado asunto”, dijo una fuente del Elíseo a la prensa local.

También insisten en que debe haber “condiciones muy precisas”, como un consentimiento claro y razonado, expuesto de forma repetida, en casos de enfermedad terminal o de dolores muy intensos.

El Colegio de Médicos se adelantó a la presentación del documento y se mostró “desfavorable” a la participación de los facultativos en la administración de la eutanasia.

El Parlamento luso, liderado por la mayoría absoluta del Partido Socialista (PS), aprobó el pasado viernes por cuarta vez la legalización de la eutanasia y la muerte médicamente asistida, una actualización de la versión que fue rechazada hace dos meses por el Tribunal Constitucional.

Este nuevo proyecto debe volver a las manos del jefe de Estado luso, Marcelo Rebelo de Sousa, que una vez más debe decidir si la aprueba, la veta o la reenvía al Tribunal Constitucional.

Se aplicaría exclusivamente en casos de mayores de edad, con “sufrimiento de gran intensidad”, por “lesión definitiva de gravedad extrema” o “enfermedad grave e incurable”.

Además, marca un plazo mínimo de dos meses entre el inicio del proceso y la muerte médicamente asistida y establece un acompañamiento psicológico obligatorio para el enfermo.

Con información de EFE y AFP