CRISIS POLÍTICA

El régimen de Daniel Ortega recibió ayer martes una fuerte condena en la OEA, que le exigió la inmediata liberación de los opositores presos. La resolución obtuvo el apoyo de 26 países -entre ellos Uruguay-, la oposición de tres -entre los que está la propia Nicaragua- y la abstención de cinco -como los casos de Argentina y México.

La Organización de los Estados Americanos (OEA) condenó “inequívocamente” el arresto de opositores al régimen de Ortega en Nicaragua y pidió su “inmediata liberación”, según la resolución votada en una sesión extraordinaria virtual del Consejo Permanente de la OEA, su órgano ejecutivo.

Además de Nicaragua, votaron en contra Bolivia y San Vicente y las Granadinas, en tanto Argentina, Belice, Dominica, Honduras y México se abstuvieron.

El Consejo Permanente de la OEA resolvió “condenar inequívocamente el arresto, acoso y restricciones arbitrarias impuestas a los precandidatos presidenciales, a los partidos políticos y a los medios de comunicación independientes, y pedir la inmediata liberación de los precandidatos presidenciales y de todos los presos políticos” en Nicaragua, indicó la declaración.

Además, expresó su “grave preocupación” por el hecho de que el régimen nicaragüense no haya implementado a mayo de este año las reformas electorales para garantizar la transparencia de los comicios previstos para el 7 de noviembre, un plazo que había sido fijado por la Asamblea General de la OEA en octubre pasado.

Y exhortó “enérgicamente” al gobierno de Ortega a aplicar “sin demora” todas las medidas acordes con las normas internacionales “a fin de promover unas elecciones transparentes, libres y justas en noviembre, incluido el buen recibimiento de observadores electorales de la OEA y de otros países”.

La resolución, patrocinada por Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Paraguay y Perú, fue también respaldada por Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Colombia, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Jamaica, Panamá, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela (representada por un delegado del líder opositor Juan Guaidó).

El gobierno uruguayo divulgó ayer martes una declaración en línea con la resolución votada en la OEA.

El pasado fin de semana el régimen detuvo a seis disidentes sandinistas, incluidos los exguerrilleros Dora María Téllez y Hugo Torres, y el exvicecanciller Víctor Hugo Tinoco.

Además, la Policía de Nicaragua, que dirige Francisco Díaz, consuegro de Ortega, mantiene bajo arresto a cuatro precandidatos presidenciales para las elecciones de noviembre: Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro García.

Ortega, uno de los líderes de la revolución sandinista que en 1979 depuso al entonces dictador Anastasio Somoza, gobernó el país hasta 1990 luego de la victoria de la insurrección popular. En 2007 retornó al poder y, ahora, el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) no descarta postularlo para un cuarto mandato sucesivo.

Nicaragua declaró “inadmisible, de nulidad absoluta y sin ningún efecto vinculante para el gobierno” de Ortega el texto adoptado por la OEA. “La política intervencionista del gobierno de Estados Unidos, y de los países que se suman a esta acción de injerencia en contra del Estado soberano de Nicaragua, son los responsables del fraccionamiento, la falta de relevancia y la atomización de la OEA”, dijo el embajador nicaragüense, Luis Alvarado.

El delegado de Estados Unidos, Bradley Freden, no respondió a las críticas, sino que reiteró el “llamado urgente” de Washington para que el gobierno de Nicaragua “cambie de rumbo” y subrayó la disposición para trabajar en ese sentido con el resto de los miembros de la OEA. “No podemos permitir silenciosamente que Daniel Ortega consolide otra dictadura en nuestro hemisferio. Debemos defender la democracia y la libertad”, dijo.

El régimen de Ortega mantiene una relación muy conflictiva con la OEA, en particular con su secretario general, el excanciller uruguayo Luis Almagro, quien en enero de 2019 inició el proceso para aplicar a Nicaragua la Carta Democrática Interamericana, que podría abrir la puerta a su suspensión del organismo.

Ese proceso apenas ha avanzado porque es necesaria una amplia mayoría de dos tercios de los Estados miembros y muchos de ellos temían que la suspensión de Nicaragua sirviera para cerrar la puerta a la diplomacia, tal y como ocurrió con el régimen venezolano de Nicolás Maduro.

Sin embargo, las represión que Ortega ha lanzado en las últimas semanas, ha reavivado el debate sobre la posibilidad de suspender a Nicaragua.

La suspensión es la mayor sanción de la que dispone la OEA y que, en sus 70 años de historia, solo ha aplicado a dos países: Honduras, en 2009, después del golpe de Estado que depuso a Manuel Zelaya como presidente, y Cuba, en 1959 tras el triunfo de la Revolución de Fidel Castro.

La semana pasada, Almagro pidió suspender la participación de Nicaragua en la OEA por considerar que en el país centroamericano se produjo una “alteración del orden constitucional”. (Con información de AFP y EFE)

Hay 134 presos políticos, 12 más que en mayo

El número de opositores encarcelados en Nicaragua se elevó a 134 en junio, 12 más que en el mes pasado, según informó ayer martes el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas.

La lista, avalada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), reflejó un hecho inédito en la historia de Nicaragua, como es el arresto de cuatro aspirantes a la Presidencia por la oposición, dos exvicecancilleres, dos históricos exguerrilleros sandinistas disidentes, un exdirigente empresarial, y tres mujeres líderes de grupos adversarios al régimen.

De los 134 presos políticos, 124 han sido aprehendidos en el marco de la crisis que vive Nicaragua desde abril de 2018 cuando estalló una revuelta popular contra el presidente Daniel Ortega, incluyendo a 38 arrestados en más de una ocasión, mientras que otros diez habían sido encarcelados antes de ese año, según el informe.

La cantidad de personas detenidas es en realidad superior, ya que solamente incluye los nombres de presos cuyos familiares han dado su consentimiento para ser divulgados, indicó el mecanismo.

La aspirante a la Presidencia Cristiana Chamorro Barrios, hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro, quien venció a Ortega en las elecciones de 1990, es una de nueve mujeres encarceladas y la única detenida bajo arresto domiciliar, dice el informe.

En una actualización sobre las personas capturadas en los últimos días, sus familiares calificaron dichos actos como secuestros, y agregaron que no han podido verles desde que el momento de las detenciones, y sus abogados no han tenido acceso para ejercer la defensa legal.