AFP
El conflicto interno que tiene en jaque desde hace seis días a Ecuador toma vuelo internacional: Estados Unidos anunció ayer el envío de altos mandos militares, mientras que las fronteras con países vecinos se tensan y Colombia rechaza una expulsión masiva de presos.

Estados Unidos enviará a la jefa del Comando Sur, la general Laura Richardson, y a altos cargos antinarcóticos y diplomáticos a Ecuador para asesorar al presidente Daniel Noboa, en el poder desde noviembre.

Más de una veintena de bandas narco, integradas por unos 20.000 miembros, siembran terror en el país desde el domingo en represalia por las políticas de mano dura del gobierno del presidente Noboa para doblegarlos.

Desde entonces los motines en las cárceles no ceden, 178 funcionarios de prisiones permanecen como rehenes dentro de las penitenciarías y en las calles cada tanto estallan artefactos explosivos, arden vehículos y suenan disparos.

La ola de violencia interna que ha dejado 16 muertos provocó la solidaridad de la comunidad internacional pero también roces con algunos países. “Hemos aceptado el apoyo de Argentina, hemos aceptado el apoyo de los Estados Unidos (...) no es momento de por ego o vanidad, decir que no”, dijo el mandatario de 36 años.

“Necesitamos apoyo militar en fuerza de personas, de soldados. Así como asistencia en inteligencia, artillería y equipamiento”, añadió.

Brasil, Colombia, Chile, Venezuela, República Dominicana, España, la Unión Europea, la ONU, entre otros, rechazaron la arremetida narco. Francia y Rusia advirtieron a sus ciudadanos que no viajen a Ecuador.

Y sus vecinos Perú y Colombia, los mayores productores de cocaína del mundo, tomaron medidas para restringir el paso en sus fronteras.

Ecuador fue durante muchos años un país a salvo del narco, pero se ha ido transformado en un nuevo bastión del tráfico de droga hacia Estados Unidos y Europa con bandas enfrentadas por el control del territorio y unidas en su guerra contra el Estado.

En los últimos cinco años, la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes pasó de 6 a 46 en 2023 y la guerra interna toca fondo como ocurrió en Colombia en el siglo pasado con un ingrediente adicional: las cárceles en llamas.

Los narcos usan las prisiones como oficinas criminales desde donde gestionan el tráfico de droga, ordenan asesinatos, administran los réditos del crimen y pelean a muerte con rivales por el poder.

En medio de la actual crisis Noboa anunció la “repatriación” de 1.500 colombianos presos para mermar el hacinamiento en las cárceles donde hay unas 3.000 personas de más.

Pero la media cayó mal en el gobierno de Gustavo Petro que la considera una “expulsión masiva” y problemática pues los presos quedarían en libertad del otro lado de la frontera. La zona limítrofe fue militarizada el miércoles para evitar el paso de criminales.

La actual ola de violencia también empezó en una cárcel, cuando uno de los capos más temidos desapareció de su prisión en Guayaquil suroeste: Adolfo Macías, alias “Fito”, jefe de la principal banda criminal del país conocida como Los Choneros y señalado de haber amenazado al presidenciable Fernando Villavicencio días antes de su asesinato a disparos.

El gobierno reaccionó con presión militar y policial, pero el narco respondió sin piedad.

“Sabíamos que esto era una bomba de tiempo, una olla de presión que iba a explotar”, dice a la AFP Ramón Salazar, un trabajador de 38 años en Quito.

Tras varios días de confinamiento por el miedo, la actividad en las principales ciudades ha ido reanudándose. La mayoría de los comercios abrieron, el transporte público volvió a circular y solo algunas empresas mantienen el teletrabajo.

“Siento una frustración porque estamos solos, porque lamentablemente la función pública, la fuerza pública está ocupada en corruptelas”, añadió Salazar camino a su trabajo en el centro de la capital.

Cientos de soldados y policías buscan a Fito, mientras rige un estado de excepción y un toque de queda de seis horas, desde las 23:00 locales.