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Congreso de Perú aprobó denuncia contra Pedro Castillo

Fiscalía lo acusa de organización criminal en el Estado.

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El expresidente de Perú Pedro Castillo
El expresidente de Perú, Pedro Castillo.
Foto: AFP

El Congreso de Perú aprobó ayer viernes el informe final de una denuncia constitucional que recomienda a la Fiscalía acusar al expresidente Pedro Castillo por presuntamente encabezar una organización criminal durante su Gobierno para obtener dinero a cambio de licitaciones fraudulentas de obras públicas.

Con 59 votos a favor, 23 en contra y 3 abstenciones, el hemiciclo dio luz verde al informe final de la denuncia presentada por la Fiscalía de la Nación contra el exmandatario, por lo que ahora el Ministerio Público deberá presentar una acusación formal.

El documento recomienda acusar a Castillo por la presunta comisión de los delitos contra la tranquilidad pública, en la modalidad de organización criminal agravada por su presunta condición de líder, y contra la administración pública, en la modalidad de tráfico de influencias agravado, así como presunto cómplice del delito contra la administración pública en la modalidad de colusión.

El expediente responde a presuntas irregularidades en las obras del Puente Tarata II, en el norteño departamento de San Martín, y en otros supuestos casos de corrupción relacionados con la empresa pública Petroperú y el Ministerio de Vivienda.

En otras dos votaciones, el Parlamento también aprobó acusar por el mismo caso a los exministros de Transportes y Comunicaciones y de Vivienda, Construcción Civil y Saneamiento, Juan Silva y Geiner Alvarado, respectivamente, por la presunta comisión del delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal.

La Comisión Permanente del Congreso aprobó el pasado 10 de febrero dicho informe, tras la denuncia constitucional presentada en noviembre pasado por la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra el exmandatario y sus exministros.

Castillo cumple una orden judicial de 18 meses de prisión preventiva dictada tras su intento fallido de golpe de Estado, que llevó al Congreso a destituirlo el 7 de diciembre pasado por “permanente incapacidad moral” y designar en su reemplazo por sucesión constitucional a su vicepresidenta, Dina Boluarte.

En base a EFE

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