AFP/EFE
La activista y defensora de derechos humanos venezolana Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano, fue detenida por su supuesto vínculo con una conspiración que incluía un plan para asesinar al mandatario Nicolás Maduro, informó ayer domingo el fiscal general, Tarek William Saab.

La confirmación de la captura se conoce dos días después de que, según diversas organizaciones no gubernamentales y partidos políticos de la oposición, fuera detenida la también abogada en el aeropuerto internacional de Maiquetía -que sirve a Caracas-, donde tenía previsto tomar un vuelo junto con su hija.

En X, el fiscal señaló que San Miguel fue aprehendida tras emitirse una orden de captura en su contra por “estar presuntamente vinculada y referenciada en la trama conspirativa y de intento de magnicidio denominada Brazalete Blanco, cuyo objetivo era atentar en contra de la vida del jefe de Estado, Nicolás Maduro, y otros altos funcionarios”.

‘Brazalete Blanco’ se trata, según dijo Saab en enero, de la conspiración más reciente de cinco que las autoridades desmantelaron desde mayo del año pasado, por las que han sido detenidas más de una treintena de personas, entre civiles y militares.

El fiscal dijo ayer que el plan también incluía el “ataque a varias unidades militares en San Cristóbal (estado Táchira) y otras entidades del país”.

Aseguró que las investigaciones “continúan su curso, recabando elementos de convicción de personas relacionadas a estos graves hechos dentro y fuera del país”.

Amnistía Internacional (AI) pidió la libertad “inmediata e incondicional” de la activista y pidió el respeto a sus derechos y a la “medida cautelar de protección dictada a su favor” por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2012, así como “acceso a abogados y familiares”.

La activista había informado que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) solicitó al Estado venezolano presentar, “a más tardar el 6 de mayo”, un informe sobre el cumplimiento de una sentencia dictada en 2018 a su favor y de otras dos personas, por el despido de sus cargos públicos en 2004, tras haber firmado la convocatoria a referendo revocatorio del entonces presidente Hugo Chávez.

La activista y experta en temas militares en Venezuela, fue detenida cuando se disponía a viajar fuera de su país, denunciaron ayer domingo oenegés de derechos humanos y políticos de oposición, pero se la daba también por desaparecida ya que las autoridades no se habían pronunciado oficialmente sobre el caso.

“Consecuentes con nuestro mandato exigimos su inmediata libertad y denunciamos que este nuevo abuso forma parte de la penosa práctica de persecución contra quienes defienden y ejercen derechos”, publicó la ONG Provea.

“Alertamos al mundo que la arremetida represiva del régimen de Maduro continúa”, condenó María Corina Machado, principal figura de la oposición de cara a las presidenciales de 2024, pese a una inhabilitación política en su contra por 15 años.

El también líder opositor, Henrique Capriles, denunció en tanto que “una vez más desde el poder sigue la dinámica del terror, la persecución, criminalización y arbitrariedades para neutralizar a quienes piensan distinto”.

Amnistía Internacional había asegurado que “está monitoreando la denuncia de desaparición forzada” de San Miguel, y pidió el respeto a sus derechos.

El coordinador general de la ONG Provea, Oscar Murillo, exigió en su cuenta X al fiscal general, Tarek William Saab información sobre el paradero de San Miguel y su “inmediata liberación”. El Frente Amplio de Mujeres rechazó “contundentemente” la “detención arbitraria y desaparición” de la activista.