ARGENTINA

Cristina Kirchner contraatacó con todo al pedido de condena que hizo el lunes la Fiscalía al acusarla como la jefa de una organización delictiva en el Estado argentino. Los fiscales pidieron 12 años de prisión efectiva, la inhabilitación de por vida para ocupar cargos públicos, y un embargo por unos 36,4 millones de dólares.

La vicepresidenta reaccionó ayer martes con un feroz discurso de defensa en el que denunció lo que considera una persecución judicial para proscribirla de la política.

“Nada, absolutamente nada de lo que dijeron (los fiscales) fue probado. Cuando dije que tenían la sentencia escrita, me quedé corta”, dijo en un descargo de más de dos horas transmitido por redes sociales desde su despacho de la presidencia del Senado.

Mientras transcurría su discurso, cientos de seguidores de la coalición oficialista Frente de Todos le manifestaron apoyo en las puertas de su casa en Buenos Aires, donde se encuentran en vigilia desde el lunes por la noche, y luego frente a la sede del Congreso.

“Esto no es un juicio contra mí, es un juicio al peronismo, a los gobiernos nacionales y populares”, sostuvo Cristina Kirchner, de 69 años, que fue presidenta de Argentina entre 2007 y 2015.

La vicepresidenta ya había tenido una primera reacción el lunes por la noche luego del pedido de prisión por parte del fiscal Diego Luciani.

“Si algo faltaba para confirmar que no estoy ante un tribunal de la Constitución, sino ante un pelotón de fusilamiento mediático-judicial, es impedirme el ejercicio del derecho de defensa ante cuestiones que nunca figuraron en el acto de acusación del fiscal al que asistí durante 5 días en mayo de 2019”, escribió en Twitter.

Y anunciaba que a través de sus redes sociales iba a dar su versión de “por qué me están prohibiendo hablar en el juicio después del obsceno guion que montaron los fiscales”, anunció.

La vicepresidenta, que goza de fueros parlamentarios, había solicitado una ampliación de su declaración indagatoria, pero el tribunal desestimó el pedido al considerar que esa etapa ya había cerrado y que ella podrá exponer sus puntos en los ale- gatos de la defensa, a partir del 5 de septiembre.

“Son 12 años (de pedido de cárcel), los 12 años del mejor gobierno que tuvo Argentina en las últimas décadas, por eso piden 12 años. Por eso me van a estigmatizar y condenar. Si naciera 20 veces, 20 veces haría lo mismo”, exclamó la vicepresidenta. “Quieren tomarse revancha, esto disciplina a la clase política para que nadie se atreva a hacer dos veces lo mismo”, afirmó.

La declaración de Cristina Kirchner fue criticada por dirigentes de la oposición, entre ellos Patricia Bullrich, presidenta del Pro, el partido del exmandatario Mauricio Macri. “En vez de defenderse de las acusaciones, habla de otra cosa totalmente distinta. Típica maniobra de dilación. El Tribunal será quien decidirá si lo que ha dicho el Fiscal es suficiente o no. La vicepresidenta tiene que esperar, y luego tendrá la posibilidad de ir al Tribunal de Casación”, dijo Bullrich.

La acusación se remonta a sus dos periodos como presidenta (2007-2015) y al anterior (2003-2007) de su esposo Néstor Kirchner, fallecido en 2010.

La Fiscalía la describió como jefa de una asociación ilícita, que orientó la atribución de licitaciones de obra pública en la provincia de Santa Cruz, su cuna política, para favorecer al empresario Lázaro Báez.

La Fiscalía estimó en unos 1.000 millones de dólares la suma que habría sido defraudada al Estado.

El proceso judicial comenzó en 2019 y se estima que el veredicto de los jueces se conocerá hacia fines de año. En caso de condena, Cristina Kirchner puede apelar. Hasta que no haya una sentencia firme de la Corte Suprema y debido a su inmunidad política como vicepresidenta y titular del Senado, no iría presa ni tampoco quedaría inhabilitada.

La exmandataria fue respaldada este martes por el ministro de Justicia, Martín Soria, quien sostuvo que “le impidieron a Cristina Kirchner defenderse cuando el código procesal es muy claro: en cualquier momento los imputados pueden hacer uso de la palabra para defenderse”.

Soria opinó que quedó “al descubierto la falta de imparcialidad de este tribunal y estos fiscales”, en declaraciones a la radio.

El lunes, instantes después de conocerse el pedido de Luciani, el presidente Alberto Fernández publicó un comunicado en nombre del Gobierno a través de las redes. El texto fue reproducido por múltiples funcionarios oficialistas, entre ellos el ministro de Economía, Sergio Massa, quien pese a cuestionar a la Justicia, no nombró a Cristina Kirchner.

Por su parte, el jefe de Gabinete Juan Manzur también difundió el mismo comunicado en nombre del Gobierno nacional. “Como Jefe de Gabinete y peronista, quiero expresar mi más enérgico repudio a la acusación sin sustento jurídico ni pruebas materiales, presentada por la fiscalía en contra de la expresidenta Cristina Kirchner durante el ejercicio de su mandato constitucional”, sostuvo en su perfil de Twitter.

El lunes, los diputados del Frente de Todos también emitieron un comunicado para manifestar su apoyo a Cristina Kirchner. Los parlamentarios acusaron a la Justicia de perseguir a la vicepresidenta, y se sumaron así a los más de 500 intendentes que difundieron una carta en el mismo sentido.

Cristina Kirchner también recibió la solidaridad de aliados de la región. “Manifiesto mi más incondicional solidaridad con la vicepresidenta de Argentina y presidenta del Senado argentino, Cristina Fernández de Kirchner”, escribió en su cuenta de Twitter la exmandataria brasileña Dilma Rousseff.

El expresidente boliviano Evo Morales, en tanto, dijo que “la hermana @CFKArgentina es víctima de un ataque inclemente de ‘lawfare’, o guerra política que usa a la justicia como arma, para inhabilitarla”. “Repudiamos la actuación de fiscales que imitan al (brasileño) juez (Sergio) Moro”, agregó. (AFP, La Nación/GDA)

“Ataque desmedido que debilita las instituciones”

Asociación de jueces respondió las críticas de la vicepresidenta

La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional repudió el discurso de Cristina Kirchner que atacó al tribunal que la juzga y a los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, que pidieron que la vicepresidenta sea condenada a 12 años de prisión. La entidad que agrupa a los jueces argentinos rechazó las expresiones agraviantes de ministros, diputados y senadores que fueron contra los funcionarios judiciales.

“La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional repudia las expresiones perjudiciales para el sistema republicano que realizaron altos funcionarios públicos pertenecientes al Poder Ejecutivo y Legislativo”, señaló el organismo.

Los jueces dijeron que “usar calificativos inapropiados en el marco de un procedimiento judicial en curso no hace más que debilitar las instituciones democráticas”, para enfatizar que “esas expresiones tienden a descalificar la legitimidad que lleva adelante el Poder Judicial y los Ministerios Públicos y generan desconfianza en la ciudadanía”.

“Consideramos desmedido el ataque a jueces y a fiscales”, dijo la entidad que nuclea a fiscales, jueces y funcionarios judiciales. Destacaron que no obstante estos “ataques”, seguirán “convocando a la concordia, defendiendo siempre la independencia de poderes y promoviendo el correcto funcionamiento de la Justicia y de la democracia”. (La Nación / GDA)