EFE
A 20 días que se cumpla un año de que un grupo de opositores se refugiara en la embajada de Argentina en Caracas, el régimen de Nicolás Maduro endurece el asedio sobre la sede diplomática. La líder opositora venezolana María Corina Machado reiteró ayer viernes su petición de salvoconductos para los cinco asilados que quedan en la Embajada argentina, quienes, desde noviembre de 2024, denuncian un asedio policial, además del corte del suministro de agua potable y de electricidad.
“Esto es lo que viven mis compañeros asilados en la Embajada de Argentina en Caracas bajo protección de Brasil. Sus días, sus noches, su salud, su vida en medio de un asedio”, manifestó Machado en X.
A su juicio, “esta es la realidad” de una embajada -dijo- “convertida en cárcel”, como también denuncian los asilados Magalli Meda, Claudia Macero, Pedro Urruchurtu y Humberto Villalobos.
“Terrorismo de Estado bajo la mirada del cuerpo diplomático”, expresó la líder opositora al reaccionar a una entrevista que hizo el diario argentino La Nación a Meda, quien reitera su denuncia de asedio.
Machado ha hecho múltiples llamados a los diplomáticos acreditados en Venezuela a que reaccionen y se pronuncien sobre la situación de los asilados.
El jueves, el quinto asilado en la embajada, Omar González, consideró que él y sus compañeros están “en un limbo”, por lo que reiteró su llamado a la comunidad internacional a que “no cierre los ojos” y tome “medidas urgentes” en “defensa de la dignidad” de los “perseguidos políticos”.
Los salvoconductos, que permitirían a los asilados salir del país con garantías, están contemplados en la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954 -constantemente citada por Argentina para solicitar estos permisos-, firmada y ratificada por el país austral y Venezuela.
Los cinco antichavistas ingresaron en la sede diplomática el 20 de marzo de 2024, tras ser acusados por la Fiscalía del régimen de Maduro de los presuntos delitos de traición a la patria y conspiración.
Un día después, se refugió Fernando Martínez Mottola -exministro y exasesor de la coalición opositora-, quien permaneció en la residencia hasta el 19 de diciembre de 2024. Martínez murió el miércoles de un derrame cerebral.
La residencia permanece bajo la protección de Brasil desde agosto de 2024, luego de que el régimen de Maduro expulsara ese mes al cuerpo diplomático argentino.
Sin embargo, Venezuela revocó en septiembre pasado esta autorización a Brasil tras denunciar la supuesta planificación de actos terroristas en el interior de la sede por parte de los opositores asilados, a quienes la Fiscalía acusa de presuntos delitos de traición a la patria y conspiración.
Después de la medida, la Cancillería de Brasil indicó que “permanecerá con la custodia y defensa de los intereses” de Argentina hasta que el Ejecutivo de Javier Milei “designe a otro Estado aceptable” para el régimen de Maduro.
Familiares de presos
Ayer viernes un grupo de familiares de políticos, activistas y otros detenidos en Venezuela exigió al Ministerio Público investigar los “tratos crueles e inhumanos” contra opositores.
En la quinta y última jornada consecutiva de la llamada “Ruta por la Justicia y la Libertad”, durante la que visitaron distintas instituciones del Estado esta semana, los manifestantes exigieron frente a la sede del Ministerio Público, en Caracas, la “investigación imparcial de abusos, torturas, muertes bajo custodia y persecución política”, así como la “revisión de casos de presos políticos”.
Andreína Baduel, hija del exministro de Defensa Raúl Baduel -que murió en prisión en 2021, tras 12 años detenido-, aseguró que aún “no hay respuestas oportunas” por el fallecimiento de su padre, y denunció que su hermano Josnars Adolfo Baduel, arrestado en 2020, sufre un “aislamiento prolongado”, por lo que tiene más de un mes sin saber “absolutamente nada de él”.
“Reiteramos el patrón de persecución, de tortura y de violaciones sistemáticas de derechos humanos”, dijo la activista, miembro del Comité por la Libertad de los Presos Políticos. También exigieron a la Fiscalía la “libertad plena e inmediata de los presos políticos, civiles y militares”, permitir visitas en los centros de reclusión y sin restricciones, la entrega de alimentos, medicinas y otros bienes esenciales, garantizar una atención médica “oportuna y especializada” y cesar los “traslados arbitrarios”.
Además, pidieron revisar los casos de los detenidos, entre ellos, los de “todos los presos políticos que están abandonados en muchos comandos policiales” y “en condiciones infrahumanas”, señaló Sairam Rivas, pareja del exconcejal de Caracas Jesús Armas, detenido el pasado 10 de diciembre.
ONU reclama por desaparecidos
Expertos en derechos humanos de Naciones Unidas pidieron ayer viernes en un comunicado a las autoridades venezolanas que informen del paradero de las víctimas de desaparición forzada en el contexto de las elecciones presidenciales de julio de 2024. “Ante instituciones nacionales parcializadas y disfuncionales, las víctimas recurren cada vez más a mecanismos internacionales para conocer la verdad sobre sus seres queridos, señalaron los cinco expertos que componen el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas. Subrayaron que han recibido testimonios de familiares, abogados y organizaciones de la sociedad civil, quienes se han quejado de que sus denuncias y recursos de habeas corpus no están siendo procesados, y en ocasiones, ni siquiera aceptados. “El uso creciente de la desaparición forzada como un arma para silenciar a miembros de la oposición, personas percibidas como tales, activistas prodemocracia y personas defensoras de derechos humanos, busca generar un efecto disuasorio en toda la sociedad”, lamentaron.
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