EFE.
La Corte Constitucional de Ecuador validó 10 de las 20 preguntas planteadas por el presidente Daniel Noboa para ser incluidas en el plebiscito que el Gobierno impulsa y así buscar reformas en materia de seguridad, justicia, inversión y trabajo.

En cambio, nueve fueron rechazadas por la Corte Constitucional, algunas por plantear un incremento de poder del presidente, mientras que otras cuatro de las preguntas aceptadas deberán pasar un análisis adicional por parte del tribunal, ya que implican modificaciones en la Constitución.

Entre las preguntas admitidas por el máximo tribunal para que formen parte de esta consulta popular, está la que sugiere que las Fuerzas Armadas controlen el ingreso de armas y explosivos, en torno a las cárceles; elevar las penas por los delitos de terrorismo, narcotráfico, delincuencia organizada, asesinato y sicariato; tipificar como delito la tenencia de armas y municiones que son de uso exclusivo de la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas; expropiar bienes de origen ilícito, entre otros.

Por otra parte, la Corte Constitucional rechazó que formen parte de esta consulta popular seis preguntas, entre ellas, la que plantea la creación de zonas de interés nacional en las que se revoquen concesiones mineras, para evitar la infiltración de la minería ilegal; la propuesta de reformar el código penal para que el presidente indulte a policías, militares y agentes de prisiones que sean imputados por delitos relacionados con el uso de la fuerza contra sospechosos de delito; el planteamiento para que policías y militares sean juzgados por tribunales policiales y militares en casos de presuntos delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, ni que sean ingresados en prisión preventiva mientras son procesados.

La misma opinión negativa resultó de la pregunta para evaluar a los jueces, con una auditoría a sus declaraciones patrimoniales y de la posibilidad de que el presidente pueda calificar proyectos de ley urgentes más allá de aquellos en materia económica.

La mayoría de las preguntas están planteadas en el contexto del “conflicto armado interno” que Noboa ha declarado contra el crimen organizado tras una oleada de atentados y actos violentos atribuidos a estas bandas de narcotráfico, a las que el gobierno ha pasado a considerar grupos terroristas.