¿Se imagina a Vladimir Putin entre rejas por crímenes de guerra? El tema está planteado desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania el 24 de febrero de 2022. Sin embargo, no fue hasta ayer viernes que se dio el primer paso. La Corte Penal Internacional (CPI) emitió una orden de captura contra Putin por la deportación de niños en zonas de Ucrania ocupadas por Rusia, considerado un crimen de guerra.

La CPI, con sede en La Haya, también pidió la captura por el mismo motivo de Maria Alekseyevna Lvova-Belova, comisionada presidencial para los Derechos de la Infancia en Rusia.

El jefe de la administración presidencial de Ucrania, Andrii Yermak, consideró que la decisión del CPI es “solo el inicio” de la rendición de cuentas que se le exigirá a Rusia por sus acciones desde la invasión.

La CPI no precisó cómo pretende ejecutar las órdenes de arresto, teniendo en cuenta que Rusia no es miembro de ese tribunal. Este punto en encargó de subrayarlo el Kremlin ayer. “Rusia, como cierto número de Estados, no reconoce la competencia de ese tribunal, y en consecuencia, del punto de vista de la ley, las decisiones de ese tribunal son nulas”, declaró el portavoz del presidente ruso, Dmitri Peskov.

El expresidente ruso Dmitri Medvédev comparó la orden de arresto a Putin a papel higiénico. “No hace falta explicar dónde debe ser usado ese papel”, escribió en Twitter en inglés, junto a un emoticón de papel de baño.

Más de 16.000 niños ucranianos fueron deportados a Rusia desde el inicio de la invasión y muchos fueron trasladados a instituciones y casas de acogida. Cientos de esos niños fueron sacados de orfanatos y hogares de cuidado infantil ucranianos.

El presidente del tribunal, el polaco Piotr Hofmanski, declaró que las órdenes de arresto fueron emitidas tras una demanda del fiscal de la CPI, el británico Karim Khan, y que representaban un “momento importante en el proceso de justicia” de la Corte. La ejecución de estas órdenes depende “de la cooperación internacional”, agregó.

Durante un encuentro con Putin a mediados de febrero, Lvova-Belova declaró que había adoptado a un niño de 15 años de Mariúpol, una ciudad del sur de Ucrania ocupada por Moscú desde mayo.

La emisión de una orden de captura contra un jefe de Estado en ejercicio y miembro del Consejo de Seguridad de la ONU es un paso inédito para la CPI creada en 2002.

Su fiscal, Karim Khan, investiga desde hace más de un año posibles crímenes de guerra o contra la humanidad cometidos en Ucrania desde el inicio de la invasión rusa.

Khan declaró este mes tras una visita a Ucrania que los secuestros de niños eran objeto de “una investigación prioritaria”. “Los niños no pueden ser tratados como botín de guerra”, dijo Khan.

El fiscal alegó que estos actos de deportación de menores ucranianos y su adopción por familias rusas “demuestran la intención de sacar permanentemente a estos niños de su propio país”, un acto ilegal porque estos menores ucranianos “eran personas protegidas” en virtud de los Convenios de Ginebra, que regulan el derecho internacional humanitario.

La Convención de Ginebra prohíbe a las potencias de ocupación trasladar a civiles.

En un comunicado, la CPI esgrimió “motivos razonables para pensar que Putin es personalmente responsable de los crímenes mencionados”.

El presidente ruso es presuntamente responsable de manera directa por esos actos y por su “incapacidad de ejercer un control apropiado sobre los subordinados civiles y militares” que los cometieron o permitieron que se cometieran, subrayó.

Ni Rusia ni Ucrania son miembros de la CPI, pero el gobierno ucraniano aceptó la jurisdicción del tribunal y está colaborando con el fiscal Khan.

El jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, consideró la decisión de la CPI como el inicio de un proceso para que Rusia rinde “cuentas”.

“La gravedad de los crímenes y la declaración de la CPI hablan por sí solas. Se trata de una decisión importante de la justicia internacional y para el pueblo de Ucrania”, dijo Borrell

El gobierno británico también celebró la medida y dijo que esta obligaría “a quienes están en la cúpula del régimen ruso, incluido Vladimir Putin, a rendir cuentas”.

El ministro de Justicia de Alemania, el liberal Marco Buschmann, celebró la decisión de la CPI de emitir una orden de arresto contra Putin. “Quien ha alentado como Putin una guerra sangrienta debería rendir cuentas por ello ante un tribunal”, declaró al consorcio de medios alemán Redak-tionsnetzwerk Deutschland.

En cambio, el secretario general de la ONU, António Guterres, no quiso comentar la orden de la CPI contra Putin. “La CPI es una institución independiente del secretariado (de las Naciones Unidas) y no comentamos sus decisiones”, dijo Stéphane Dujarric, portavoz de Guterres.

Sobre si el propio Guterres aceptaría reunirse con Putin en este momento, se mantuvo en el mismo tono: “El secretario general hablará con quien tenga que hablar para hacer avanzar los temas que tiene sobre la mesa”.

Finalmente, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, se congratuló por la “decisión histórica” adoptada por la CPI. “Una decisión histórica, que dará inicio a una responsabilidad histórica” en la rendición de cuentas por los actos cometidos por las fuerzas rusas desde el inicio de la invasión de Ucrania, declaró Zelenski en la red social Telegram.

La orden emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) contra Vladimir Putin es la primera que este tribunal pide para un jefe de Estado aún en el ejercicio de su cargo. También es la primera vez que la CPI pide la detención del presidente de una de las cinco potencias con derecho a veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

Rusia no es miembro de la CPI porque no ha ratificado el Estatuto de Roma. Lo firmó en el 2000, pero retiró la firma en 2016 tras anexionarse Crimea. Ucrania tampoco ha ratificado el tratado, pero ha reconocido la jurisdicción de esta Corte para investigar los crímenes de guerra en el país. Esto permite a la CPI procesar a ciudadanos rusos, incluido su presidente, por delitos cometidos en Ucrania.

“Putin tampoco es inmune ante la CPI porque esta no reconoce la inmunidad de los jefes de Estado (único tribunal que no lo hace). La elección de los casos es también muy interesante: entre los muchos crímenes de guerra que se están cometiendo, el fiscal (Karim Khan) prioriza el secuestro de niños a gran escala”, explicó Marieke De Hoon, experta en Derecho Internacional, en declaraciones a la agencia EFE.

Los crímenes se cometieron desde el 24 de febrero de 2022, fecha del comienzo de la invasión rusa a Ucrania.

De Hoon cree que este caso es “relativamente fácil” porque Putin está “hablando públicamente de los éxitos de su campaña para ‘rescatar’ a niños ucranianos y ponerlos en adopción en familias rusas”, lo que legalmente es deportación forzada y se traduce en un crimen de guerra. “No es que no nieguen lo que están haciendo, es que argumentan que está justificado, algo con lo que dudo que los jueces de la CPI estén de acuerdo”, señala la letrada.

El principal desafío que tiene la CPI en este caso es la detención de Putin porque este tribunal no puede celebrar juicios en rebeldía. El caso estará paralizado hasta entonces.

De momento, Putin se arriesga a ser detenidos si viaja a uno de los 123 países miembros de la CPI porque los Estados firmantes de su tratado están obligados a cooperar con el arresto de los sospechosos.

Con información de AFP y EFE