Agencia EFE
La Corte Internacional de Justicia (CIJ), el máximo tribunal de Naciones Unidas, iniciará hoy lunes las audiencias públicas, con el testimonio de varios países, para emitir una opinión consultiva sobre “las consecuencias legales derivadas de las políticas y prácticas de Israel en el territorio palestino ocupado”.

El tribunal, situado en el Palacio de la Paz en La Haya, tiene programados seis días de audiencias, y empezará escuchando primero los argumentos del Estado de Palestina durante la mañana, a la que seguirán en los próximos días más de 50 países, entre ellos Países Bajos, Sudáfrica, España, Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, Estados Unidos y Rusia, que han manifestado su intención de participar en el procedimiento oral ante la Corte. También intervendrán tres organizaciones internacionales: la Liga Árabe, la Unión Africana y la Organización para la Cooperación Islámica.

Las audiencias se centrarán en los argumentos sobre “las consecuencias legales derivadas de las políticas y prácticas de Israel en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén Este” y buscan determinar una opinión jurídica no vinculante de la ocupación israelí en Palestina.

La CIJ analizará solo las circunstancias de la ocupación, puesto que la petición le llegó antes de la actual escalada de la violencia en la región, cuando el 7 de octubre, milicias del grupo palestino terrorista Hamás, que gobierna la Franja de Gaza desde 2007, penetraron en Israel, al que además lanzaron miles de cohetes, matando a 1.200 personas y secuestrando a otras 240.

En respuesta, Israel lanzó una contundente respuesta militar.

En diciembre de 2022 la Asamblea General de la ONU solicitó a la CIJ una opinión consultiva basada en las reglas y principios de, entre otros, la Carta de la ONU, el derecho internacional humanitario, el de derechos humanos y resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Un total de 87 países respaldaron esta petición a la CIJ, mientras que otros 26 Estados, incluidos Israel y Estados Unidos, votaron en contra.

La última vez que el tribunal emitió una opinión consultiva sobre el conflicto palestino-israelí fue en 2004, cuando la Asamblea General le pidió que se pronunciara sobre la legalidad del muro de separación.