BRASIL

Los jueces rechazaron dos recursos que cuestionan parcialidad del ex juez.

El expresidente Luis Inácio Lula da Silva seguirá preso. La Corte Suprema de Brasil rechazó ayer martes liberar a Lula mientras analiza la actuación del exjuez de la operación anticorrupción Lava Jato y actual ministro de Justicia, Sergio Moro.

Por tres votos contra dos, los jueces de la segunda corte del Supremo Tribunal Federal (STF) decidieron postergar para el próximo semestre el debate sobre la conducta de Moro y rechazaron una propuesta de conceder hasta entonces la libertad provisoria a Lula. Los magistrados habían rechazado previamente, por cuatro votos contra uno, otro recurso que también pedía la liberación de Lula, que se había presentado el año pasado.

Aunque habían sido retirados de su agenda para este martes, la Corte acordó tratar los dos recursos: uno por supuestos vicios en el juicio de tercera instancia y otro por sospechas contra Moro.

Lula, de 73 años, purga desde abril de 2018 una pena de ocho años y 10 meses de cárcel por corrupción y lavado de dinero. La pena la cumbre en una dependencia policial en la ciudad de Curitiba.

Su defensa busca anular la sentencia de Moro en primera instancia, alegando que el juez forma parte de una conspiración para impedir el retorno del Partido de los Trabajadores (PT) de Lula al poder.

Los abogados de Lula presentaron el recurso que cuestiona la actuación del exmagistrado en diciembre pasado, después de que Moro aceptara ser ministro de Justicia del presidente Jair Bolsonaro, quien derrotó en octubre al delfín de Lula, Fernando Haddad.

Pero sus argumentos ganaron fuerza este mes cuando el portal The Intercept Brasil publicó presuntos mensajes de Moro con los fiscales del Lava Jato, que aparentan una voluntad de perjudicar políticamente al expresidente.

“Ya habíamos presentado incontables pruebas de que el expresidente no tuvo un juicio justo, imparcial, independiente. No cometió ningún delito y tiene derecho a ser juzgado por un magistrado imparcial”, afirmó ayer uno de sus abogados, Cristiano Zanin Martins.

En 2017, Moro declaró a Lula culpable de corrupción y lavado de dinero por haberse beneficiado de un apartamento tríplex puesto a su disposición por OAS, una de las constructoras involucradas en el escándalo de sobornos de Petrobras.

Ese dictamen fue confirmado por un tribunal de apelaciones y luego el Supremo Tribunal de Justicia (STJ).

Pero la historia podría dar un giro favorable al expresidente si la máxima corte del país considerase que Moro no actuó con imparcialidad, coordinando acciones con la parte acusatoria del caso, como afirma The Intercept.

El ahora ministro Moro, que no reconoce la autenticidad de los mensajes revelados por The Intercept, niega haber confabulado con los fiscales de la operación Lava Jato.

“No es inusual que un juez converse con un abogado, con un fiscal, con la policía”, defendió la semana pasada ante una comisión de senadores que lo interrogó sobre las revelaciones del portal, sin reconocer la veracidad de los mensajes y afirmando que estos pudieron ser “adulterados” por hackers.

The Intercept Brasil -que obtuvo los mensajes a través de una fuente anónima- cuenta entre sus fundadores al periodista estadounidense Glenn Greenwald, quien en 2013 reveló los programas de vigilancia masiva implementados por la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) de Estados Unidos.

Folha de Sao Paulo publicó eel pasado domingo nuevos mensajes privados de miembros de la operación Lava Jato, que sugieren que fiscales actuaron para evitar que tensiones entre Moro y la Suprema Corte paralizaran las investigaciones.

Folha y The Intercept anunciaron una asociación para verificar y publicar una serie de reportajes sobre el contenido de estos mensajes, que han puesto en tela de juicio la imparcialidad de la operación Lava Jato.

De acuerdo con Folha, los diálogos indican que tanto los fiscales como Moro temían que el entonces magistrado del Supremo Tribunal Federal Teori Zavascki, muerto en un accidente aéreo en 2017, repartiera las investigaciones bajo el control de Moro en Curitiba en un momento considerado “crítico”, ya que las investigaciones de las corruptelas de la constructora Odebrecht avanzaban a pasos largos.