EFE
Asolo tres días de completar su primer año en el cargo, el presidente colombiano, Gustavo Petro, enfrenta una tormenta mayúscula por la presunta financiación ilegal de su campaña electoral de 2022, denunciada por su propio hijo Nicolás Petro Burgos, y cuyas consecuencias jurídicas y políticas son imprevisibles.

La temperatura del escándalo ha ido en aumento desde el pasado sábado cuando Petro Burgos y su exesposa, Daysuris Vásquez, fueron detenidos en Barranquilla como parte de una investigación por la que el primogénito acabó imputado por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, y su ex por lavado de activos y violación de datos personales.

Sin embargo, la revelación del fiscal del caso, Mario Burgos, de que parte del dinero obtenido ilegalmente por el hijo del presidente llegó a su campaña, prendió las alarmas en el Gobierno y, aunque todavía no se han hecho públicas pruebas de esa denuncia, llevó al jefe de Estado, que el 7 de agosto cumplirá un año en el cargo, a darle poder a un abogado para que lo represente. Este abogado es el juez de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, Mauricio Pava Lugo.

Petro, que el jueves rechazó que su hijo haya ensuciado su campaña con dinero recibido del narcotraficante Samuel Santander Lopesierra, alias “El hombre Marlboro”, y de un hijo del controvertido empresario Alfonso “Turco” Hilsaca, ve en el caso una conspiración “para intentar abrir el camino del derrumbe del primer Gobierno popular en Colombia”.

“Son muy graves las declaraciones de Nicolás Petro. Los hechos conocidos no son una conspiración golpista. Incumbe al Gobierno reiterar el respeto a las instituciones y al Estado de derecho. Este asunto tiene que resolverse en las salas de la justicia, no en la calle”, dijo ayer Alejandro Gaviria, quien fue ministro de Educación durante los primeros siete meses del actual Gobierno.

El presidente admitió ayer que ha recibido “con dolor, a nivel personal, las informaciones sobre presuntas irregularidades en el desarrollo de la campaña presidencial en la costa”, donde su hijo estaba construyendo su feudo electoral como diputado a la Asamblea del Departamento del Atlántico.

Si las denuncias se confirman y la tormenta política se fortalece, podría llegar al propio Petro, que paradójicamente se caracterizó en su carrera por denunciar la corrupción.

En el hipotético caso de que Petro se vea salpicado, sería la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes la encargada de comenzar un proceso de destitución en su contra.

El presidente de dicha Comisión, Wadith Manzur, informó ayer viernes que desde marzo pasado, cuando Daysuris Vásquez hizo las primera denuncias contra Nicolás Petro, lleva a cabo “un proceso en contra del presidente de la república” que “se encuentra en etapa de investigación previa”.

“Se viene adelantando un proceso en contra del presidente de la República por los hechos relacionados con las declaraciones de la ciudadana Daysuris Vásquez Castro meses atrás, éste se encuentra en etapa de investigación previa”, informó Manzur, del partido Conservador.

La Comisión de Investigación y Acusación es la única con legitimidad para estudiar casos contra un presidente electo y puede elevar, tras la investigación de caso, su destitución a la Cámara de Representantes para que se plantee en el Senado.

El fiscal primero delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá, Mario Burgos, dijo el jueves en una audiencia judicial que Petro Burgos reveló que parte del dinero recibido de manera ilegal de un narcotraficante y de empresarios la usó en beneficio propio y otra fue a parar a la campaña presidencial de Petro en 2022.

“En realidad, de dichos dineros unos ingresaron a sus arcas (de Nicolás Petro) y otros a la campaña presidencial de 2022 en la cual resultó elegido nuestro actual presidente, el doctor Gustavo Petro Urrego”, manifestó el fiscal.

Burgos reveló además un entramado de tráfico de influencias, coimas y otros ilícitos en el departamento del Atlántico, donde Nicolás Petro es diputado de la Asamblea regional, posición que supuestamente aprovechó para cometer los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito por los que fue imputado por la Fiscalía.

En la audiencia del jueves, que fue reanudada ayer viernes, Nicolás Petro rechazó las versiones de quienes aseguran que confesó los supuestos ilícitos que involucran a la campaña presidencial de su padre porque fue presionado por la Fiscalía.

“Señor juez, es para dejar una constancia de que mi colaboración con la justicia ha sido una decisión totalmente libre y fuera de todo tipo de presión”, dijo al pedir la palabra.

Junto con Petro Burgos, la Fiscalía también imputó, por los delitos de lavado de activos y violación de datos personales, a su exesposa que fue quien hizo a la prensa en marzo pasado unas denuncias que llevaron al ente acusador a abrirles una investigación.

El escándalo que salpica al presidente Petro, recuerda lo ocurrido en Colombia hace 28 años con el entonces mandatario Ernesto Samper que dio origen al “Proceso 8.000”.

Samper ganó las elecciones de 1994 y asumió el 7 de agosto, pero antes de que pudiera acostumbrarse a las rutinas de Gobierno ya tenía la sombra de los llamados “narco-casetes”, unas grabaciones de audio sobre la supuesta financiación ilegal de su campaña por el cartel de las drogas de Cali. Por esas denuncias se le abrió en 1995 una investigación, el llamado “Proceso 8.000”, número que le correspondió en los tribunales.

Foto: Archivo AFP / Eitan Abramovich

El abogado principal de Nicolás Petro Burgos alertó ayer viernes que la vida de su defendido corre riesgo porque hay gente que no quiere que se sepa la verdad sobre el escándalo de corrupción que salpica a la campaña de su padre, el presidente Gustavo Petro, y por eso pidió en una audiencia que se le conceda la detención domiciliaria.

Según el abogado José David Teleki, Nicolás Petro ha sido “hostigado” por medio de redes sociales y llamadas telefónicas, entre otras formas, por lo que consideró que están en una “situación bastante compleja que puede implicar riesgos inminentes para la vida de mi defendido y su apoderado”.

“Mi defendido es un testigo clave para desbaratar por completo una estructura corrupta que debe ser investigada y que debe conducir a sus responsables ante los estrados judiciales”, expresó el letrado.

Teleki añadió que “para eso es indispensable Nicolás Petro, su voz, sus palabras no las pueden acallar ni por presiones de ningún tipo”, y dijo “con toda franqueza” que hay que “estar alerta porque desde el Ejecutivo estamos siendo vistos no con buenos ojos, como debería ser, porque la verdad la merece el país, sino con algunos resquemores”.

“Si él fuese a una cárcel, su señoría, no dura 24 horas (...) Si pisa una cárcel tenga la seguridad que lo van a estar esperando para asesinarlo”, enfatizó el abogado en su pedido al juez que lleva el caso del hijo del presidente y de su exesposa Daysuris Vázquez.

Según el abogado defensor, “el único propósito” del hostigamiento a su defendido es “que no se sepa la verdad en Colombia” y añadió: “La verdad no tiene ni colores políticos ni intereses económicas, es una sola”. Por eso, Teleki pidió la detención domiciliaria.