TENSIÓN EN BOLIVIA

La ola de protestas contra la polémica reelección del presidente Evo Morales escala en Bolivia, donde el gobierno propuso ayer martes al candidato opositor Carlos Mesa sumarse a una auditoría internacional de la elección presidencial para intentar detener la violencia callejera.

Luego de una jornada que dejó al menos 30 heridos, entre ellos algunos de bala, el vicepresidente Álvaro García propuso a Mesa, el u201ccandidato perdedor, que se sume a la auditoríau201d de los comicios del 20 de octubre que estará en manos de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Mesa, un centrista que ya fue presidente entre 2003 y 2005, afirmó poco después que solo aceptará la auditoría u201csi (Morales) está dispuesto a no aceptar el resultado del Tribunal Supremo Electoralu201d mientras se realice la auditoría y si le reconocerá un u201ccarácter vinculanteu201d.

La respuesta llegó poco después a través del ministro de Cominicación, Manuel Canelas: u201cNosotros nos sometemos a lo que concluya la auditoríau201d.

El vicepresidente García detalló que la auditoría, que fue acordada la semana pasada por el gobierno y la OEA y que aún no tiene fecha, será acompañada u201cpor México, Paraguay y Perúu201d.

El pedido para que Mesa acepte la auditoría se produjo después que Morales acusó que seguidores del exmandatario pretendían cercar el despacho presidencial en el marco de las protestas iniciadas la semana pasada en gran parte del país para denunciar un fraude electoral.

La oposición u201cha decidido concentrarse y cercar la Casa Grande del Pueblou201d, como llama Morales a la Casa de Gobierno, alertó el mandatario la noche del lunes ante una multitudinaria concentración de trabajadores y campesinos, que festejaron su triunfo electoral en El Alto, ciudad vecina de La Paz.

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Morales, de 60 años y en el poder desde 2006, asegura que las protestas forman parte de un plan de u201cgolpe de Estadou201d en su contra que, según dijo, la oposición había decidido ejecutar.

Mesa, que pide la anulación de las elecciones, rechazó esas acusaciones y desafió eal gobierno en una masiva concentración, especialmente de jóvenes universitarios, en un barrio acomodado de La Paz: u201cAquí estoy, o voy a la cárcel o voy a la presidenciau201d.

Mesa, de 66 años, indicó que seguirá acompañando el paro y otras movilizaciones en reclamo de una segunda vuelta electoral.

El líder derechista del comité cívico de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, aliado de Mesa, llamó también a continuar una huelga, con cortes viales y manifestaciones callejeras, que se inició el miércoles pasado.

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Los opositores cuestionan el escrutinio de los comicios del 20 de octubre, que inicialmente anticipaba un balotaje, pero que tras un silencio de 20 horas en el conteo rápido de votos anunció unos resultados que presagiaban una victoria de Morales en primera vuelta, lo que generó sospechas y suspicacias.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) terminó confirmando el triunfo del presidente el viernes último con 47,08% de los votos contra 36,51% de Mesa, una diferencia de 10,57 puntos porcentuales. Un candidato gana en primera vuelta si obtiene al menos 40% de los votos y tiene una diferencia de 10 puntos con el segundo, de acuerdo con lo que establecen las normas en Bolivia.

En La Paz, manifestantes opositores bloquearon calles y chocaron con agrupaciones de mineros y campesinos oficialistas provenientes de zonas andinas llegados para cercar la ciudad, sede de los poderes Ejecutivo y Legislativo, y cortar el suministro de alimentos y la provisión de agua potable.

u201cEstamos haciendo un llamado para que nuestras bases vengan y (...) aumentemos este cerco. Nosotros no vamos a aceptar que haya un golpe de Estado. Vamos a defender la democracia, el respeto al voto indígena, campesino, intercultural, contra el racismou201d, sostuvo Henry Nina, líder sindical oficialista.

Los aliados de Morales dieron un plazo de 24 horas a los opositores para abandonar la protesta.

Los cortes de calles más drásticos son en la zona sur de La Paz, donde habita la clase media y alta, mayoritariamente contraria a Morales. Ahí también se exacerbó la pugna racial, en un país donde las familias más pobres son indígenas.

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u201cLas clases pudientes están enarbolando sus verdaderas luchasu201d, afirmó Manuel Morales, de la influyente plataforma Conade, que agrupa a personalidades como el rector de la universidad estatal, Waldo Albarracín, o el exdefensor del Pueblo Waldo Villena, y organizaciones políticas de oposición, principalmente centristas.

u201cA la larga, lo que se va a imponer es este movimiento nacional de defensa de la democraciau201d, señaló el líder del Conade.

De su lado, el ministro de Interior, Carlos Romero, sostuvo que los llamados de Mesa u201cpara tomar las instituciones públicas, para desalojar al gobiernou201d constituyen una u201cconvocatoria al golpe de Estadou201d.

u201cAntes los golpes de Estado eran con militares, (ahora son) institucionalesu201d, aseguró.

La misión de observadores de la OEA, la ONU y la Unión Europea había manifestado su apoyo a la realización de un balotaje para zanjar las diferencias.