ESTADOS UNIDOS

Una demanda por difamación presentada en 2017 por la republicana Sarah Palin sentará esta semana a The New York Times en el banquillo. La causa, desestimada en su día y recurrida por la exgobernadora de Alaska, apenas si resultaría noticiosa entre el alud de actuaciones judiciales que se registran cada año enEE UU: unos 40 millones de casos. Pero el proceso que enfrenta a la que fuera candidata en 2008 a la vicepresidencia y el diario es algo más: el ariete con que la derecha más recalcitrante pretende horadar el bastión de garantías constitucionales de la Primera Enmienda, que consagra, entre otras, la libertad de expresión.

Desde que Donald Trump amenazara en 2016 con arremeter contra los periodistas y los medios incómodos, las salvaguardas que ofrece la Primera Enmienda se han convertido en diana para la facción más ultra de su partido, en la que se sitúa Palin.

Todo empezó con un editorial publicado en junio de 2017, en el que el diario vinculaba un tiroteo de 2011 en Tucson (Arizona), en el que murieron seis personas y la congresista demócrata Gabby Giffords resultó herida muy grave, con la retórica incendiaria de Palin.

El Times reprodujo un mapa distribuido por el equipo de campaña de la republicana en el que aparecían varios distritos electorales, incluido el de Giffords, marcados con un punto de mira.

El rotativo reconoció su error y publicó una corrección dos días después, pero a Palin la fe de errores no le bastó. Alegando “mala fe” -una figura clave en el caso-, elevó la causa inicialmente rechazada a un tribunal federal de apelaciones, que la ha derivado a uno de Nueva York.

La exgobernadora solicita 420.000 dólares por el menoscabo de reputación que a su juicio provocó el artículo.

El delito de difamación es hoy una papa caliente no solo para los medios y los políticos, sino también en determinados ámbitos de la judicatura.

Dos jueces del Tribunal Supremo, Clarence Thomas y Neil M. Gorsuch -ambos conservadores-, se han pronunciado sobre la necesidad de actualizar una casuística que data de décadas. El último escribió que el modelo está obsoleto y se ha convertido en una patente de corso “para la publicación de falsedades”.

Gorsuch se refería concretamente a uno de esos casos célebres que jalonan la jurisprudencia americana: el caso Sullivan contra el New York Times, que en 1964 resolvió que una demanda por difamación debe probar mala fe o manifiesto desdén por la verdad, y que desde entonces protege a los periodistas y los medios de cualquier reclamación por parte de una figura pública. Gracias a este precedente, por áspera, desagradable o incómoda que resulte una información -o una opinión-, los personajes públicos deben aguantar el envite salvo que les conste mala fe en los actores.

Medio siglo después, la efervescencia de las redes sociales, que replican contenido muchas veces añejo, y en ocasiones sujeto a litigios, y la profunda polarización ideológica del país han puesto contra las cuerdas el precedente del caso Sullivan.

La incredulidad se adueña incluso de quienes creen que Palin fracasará en su intento. El abogado Theodore Boutrous, especialista en la Primera Enmienda, sostiene que, “según las decisiones de larga data del Supremo, Palin debería perder esta demanda. Si vence, (el fallo) tendría terribles consecuencias, al indicar a figuras públicas poderosas que ahora pueden demandar a los periodistas para tratar de asustarlos y evitar que publiquen comentarios e historias importantes sobre temas de interés público. Pero creo que perderá”.

El Times, que no ha perdido una sola demanda por libelo en 50 años en territorio estadounidense, acude al juicio para defenderse, pero también para defender la ley. “En este juicio buscamos reiterar un principio fundamental del derecho estadounidense: no se debe permitir que las figuras públicas utilicen demandas por difamación para penalizar errores no intencionales de los medios de comunicación”, explica un portavoz del diario.