Agencia EFE, AFP
Jesús Rafael Álvarez, uno de los cientos de detenidos en Venezuela tras la controvertida reelección del presidente Nicolás Maduro en julio, falleció bajo custodia del Estado, denunciaron ayer sábado varias ONG, que exigieron una investigación para determinar la causa de su muerte, ocurrida el pasado jueves, según afirmaron, la segunda que se registra del grupo de los presos políticos “poselectorales”.

Mientras tanto, las tensiones entre los gobiernos de Maduro y Milei se acentúan por la detención arbitraria del suboficial de la Gendarmería Nacional argentino en Venezuela. La cancillería argentina sugirió a sus ciudadanos no viajar al país caribeño. Por su parte, el Gobierno de Maduro pidió ayer a los integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) responder de manera “contundente” a sus “enemigos” (ver columna).

Jesús Rafael Álvarez, de 44 años, estaba recluido en la prisión conocida como Tocuyito, en el estado Carabobo (norte), uno de los centros penitenciarios intervenidos en 2023 por las autoridades y habilitados este año para encarcelar, según Maduro, a “todos los guarimberos (manifestantes violentos)”.

Sin embargo, de acuerdo al Comité por la Libertad de los Presos Políticos, Álvarez -padre de tres hijos- fue detenido arbitrariamente el 2 de agosto junto con su esposa, cuando se encontraban en su vivienda, en el Estado Bolívar (sur), “sin orden de captura” por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), debido a una “supuesta investigación”. Posteriormente, indicó la ONG, el Ministerio Público (MP, Fiscalía) los acusó de “terrorismo e instigación al odio”.

El hijo mayor de la pareja, Jesús Álvarez, dijo haberse enterado del fallecimiento de su padre, “por una noticia en las redes (sociales)” y exigió la entrega del cuerpo y la liberación de su madre, Anny Suárez, recluida en Bolívar. El comité exigió “justicia y reparación” para la familia y que se determine la causa del fallecimiento, así como “las responsabilidades de los órganos de seguridad, que no cuidaron su integridad física y mental”.

El pasado 14 de noviembre, dirigentes y partidos opositores informaron de la muerte de Jesús Manuel Medina Martínez, también detenido en el contexto de crisis poselectoral.

La mayor coalición opositora de Venezuela -la Plataforma Unitaria Democrática (PUD)- exigió ayer justicia por la muerte de Jesús Rafael Álvarez y la liberación de su esposa y la de todos los presos políticos, en medio de un agravamiento de la violación de los derechos humanos.

El Gobierno de Venezuela también mantiene una relación tensa con el de Argentina, que denunció que fuerzas de seguridad venezolanas detuvieron en ese país a un gendarme argentino la semana pasada, “sin motivo legítimo” y en “abierta violación de sus derechos fundamentales”, así como a un empleado local de la embajada en Caracas. “La cancillería argentina y el Ministerio de Seguridad expresan su más enérgico rechazo ante la detención arbitraria e injustificada del suboficial de la Gendarmería Nacional Argentina, Cabo Primero Nahuel Agustín Gallo, por parte de las autoridades venezolanas”, dijo el gobierno en el comunicado en la red social X y replicado por el presidente Javier Milei.

Poco después, en otro comunicado, el gobierno argentino condenó la “detención arbitraria e injustificada” de un empleado local de la embajada argentina en Caracas, al señalar que se trata de una violación de las normas internacionales que garantizan la inviolabilidad de las sedes diplomáticas y la protección de su personal y exigió su liberación. La cancillería argentina no identificó al empleado.

Las denuncias se producen en la misma semana en la que el canciller argentino, Gerardo Werthein, exigió a Maduro ante la Organización de Estados Americanos (OEA) que conceda salvoconductos a los seis opositores venezolanos refugiados desde marzo en la embajada argentina en Caracas.

Ayer la Cancillería argentina sugirió a sus ciudadanos “evitar viajar” a Venezuela y pidió a aquellos que residen en ese país “estar atentos a la evolución de los acontecimientos”. “Frente a la situación imperante en Venezuela, que afecta la libertad y seguridad de las personas, se recomienda a los ciudadanos argentinos evitar o posponer viajes a ese país y, aquellos que se encuentren residiendo, estar atentos a la evolución de los acontecimientos”, indicó Cancillería en un comunicado.

Argentina recomienda a sus ciudadanos evitar viajar al país caribeño por la falta de seguridad

El Gobierno de Venezuela pidió ayer sábado a los integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) responder de manera “contundente” a los “enemigos” que, afirma, están dentro y fuera del país, que recibe -aseguró- “amenazas todos los días”.

El ministro del Interior y Justicia, Diosdado Cabello, instó a los militares a dar respuestas que sean también “inmediatas” a “aquellos que quieran buscar la violencia como vía de tomar el poder político”, así como a quienes “quieren apoderarse de los recursos” del país petrolero. Señaló que hay “enemigos” que “llaman a la violencia” y han cometido “actos terroristas” contra “su propio pueblo” -aunque no especificó a quiénes se refería- y que el objetivo es “garantizar que el país siga siendo libre, soberano e independiente”.

El Gobierno de Javier Milei denunció la presencia de francotiradores apostados frente a la sede diplomática argentina en Caracas y la ocupación ilegal de viviendas vecinas, lo que configura “un cerco de facto con el claro objetivo de ejercer presión y generar un clima de terror sobre quienes se encuentran en el interior de la representación diplomática”, afirmó la Cancillería en un comunicado.

El ministro de Relaciones Exteriores brasileño, Mauro Vieira, dijo en entrevista con EFE que Brasil mantendrá las relaciones con Caracas “al nivel que están” a partir del 10 de enero, cuando tomará posesión el presidente de Venezuela para 2025-2031.

Vieira se desmarcó de las acusaciones al Gobierno de Nicolás Maduro por “falta de transparencia” y aseguró que Brasil no lo ha revalidado como ganador porque “solo reconoce Estados o países, no gobiernos”. El ministro, que dio una entrevista telefónica por su viaje a Chile para participar en el Evento Ministerial de Alto Nivel del Proceso de Cartagena+40, admitió que aún no ha decidido quién de su país asistirá a la investidura de Maduro, en caso de ser país invitado.

Aunque Vieira calificó las relaciones con Caracas de “absoluta” importancia, los vínculos bilaterales entre ambos países se han deteriorado gradualmente tras las elecciones de julio, sobre todo, ante la insistencia de Brasil en la publicación de las actas electorales, y por la situación de la sede argentina en Caracas.