Estados Unidos

Dos presidentes de México niegan haber recibido dinero del narcotráfico.

El primer día del juicio al capo narco Joaquín "Chapo" Guzmán, iniciado ayer martes en Nueva York, no defraudó a los que esperaban un proceso espectacular que salpicara a los más altos niveles en México. Esa fue la estrategia de la defensa del narco, que apenas se abrió la sesión denunció que el Cartel de Sinaloa que lideraba Chapo pagó millones de dólares en sobornos al presidente Enrique Peña Nieto y al exmandatario Felipe Calderón. De inmediato ambos, a través de sus cuentas de Twitter, negaron las denuncias.

"El gobierno de @EPN (Enrique Peña Nieto) persiguió, capturó y extraditó al criminal Joaquín Guzmán Loera. Las afirmaciones atribuidas a su abogado son completamente falsas y difamatorias", escribió en Twitter Eduardo Sánchez, vocero de la presidencia mexicana. Peña Nieto entregará el gobierno el 1 de diciembre al presidente electo Andrés López Obrador.

En tanto Calderón, mandatario entre 2006 y 2012, quien lanzó una ofensiva militar antidrogas, también negó las denuncias. "Son absolutamente falsas y temerarias las afirmaciones que se dice realizó el abogado de Joaquín el Chapo Guzmán. Ni él, ni el cártel de Sinaloa ni ningún otro realizó pagos a mi persona", escribió.

Ante el jurado, el abogado de Guzmán, Jeffrey Lichtman, aseguró que el verdadero jefe del cartel de Sinaloa es Ismael "Mayo" Zambada, coacusado en el proceso y prófugo de la justicia, quien habría pagado cientos de millones de dólares "al actual y al anterior presidente de México".

La fiscalía, no obstante, presentó a Chapo como un despiadado asesino que durante 25 años envió a Estados Unidos decenas de toneladas de droga.

Los argumentos de apertura comenzaron con horas de retraso luego de la retirada de dos jurados que debieron ser reemplazados: una mujer hispana que aseguró que el proceso le está provocando problemas de salud, y un hombre que dijo que no podría mantenerse si deja de trabajar durante más de cuatro meses, la duración estimada del juicio.

Chapo, uno de los jefes narco más famosos del mundo, es acusado de 11 delitos, y si es hallado culpable puede ser condenado a cadena perpetua.

"Hay otro lado de esta historia, el lado que el gobierno de Estados Unidos y de México no quieren que ustedes conozcan (...) sobre cómo funcionarios del gobierno pueden ser sobornados, y pueden conspirar para cometer los crímenes más serios", dijo en la corte Lichtman, un experimentado abogado que salvó de la cárcel a John Gotti Jr, hijo de un capo de la mafia neoyorquina.

"La verdad es que Chapo no controlaba nada, Mayo Zambada lo hacía", dijo Lichtman en la corte. "Mayo puede lograr que la gente sea arrestada y que el ejército y la policía de México mate a quien él quiera".

Al entrar a la corte, Chapo, vestido de traje oscuro, camisa blanca y corbata, tiró un beso a su joven esposa Emma Coronel, de 29 años, sentada entre el público.

La fiscalía, en cambio, presentó al Chapo como un temible y astuto narcotraficante que lideraba el sanguinario cartel de Sinaloa, traficaba "cantidades masivas de cocaína" en aviones, barcos pesqueros y hasta submarinos, y no dudaba en matar ni a sus familiares para ampliar su negocio o evitar ser atrapado.

Joaquín "Chapo" Guzmán es acusado de liderar el cártel de Sinaloa y convertirlo en la mayor organización criminal del planeta, con el envío de más de 155 toneladas de cocaína a Estados Unidos durante 25 años. "Este es un caso emblemático para el gobierno, no solo por los supuestos crímenes del acusado sino porque es un caso para dar el ejemplo en la guerra de Estados Unidos contra el narcotráfico internacional", dijo a la AFP René Sotorrio, un abogado de Miami que defiende a los hermanos Rivera Maradiaga, exlíderes del cártel hondureños Los Cachiros que podrían atestiguar contra el Chapo.

Sotorrio dijo que en más de 40 años de experiencia en casos federales nunca vio medidas tan extremas de seguridad. "La fiscalía tiene pruebas abrumadoras contra él", estimó Sotorrio. Un gran secreto rodea el caso. Habrían "decenas y decenas de individuos que de alguna manera han hecho negocios con la organización del Chapo y se han ofrecido como testigos contra él", según Sotorrio. Por esto, "lo más probable es que la fiscalía se sienta con cierta confianza", añadió.

Los testigos cooperantes que estén en prisión o en el programa de protección de testigos pueden lograr una reducción significativa de su pena, pero la fiscalía estima que ellos y sus familias corren riesgo de vida. Por eso el gobierno pidió al juez que en los bocetos de la corte no se dibujen las caras y peinados de algunos de ellos. En las fotos que se presenten como evidencia, sus rasgos serán esfumados para evitar que sean identificados. (AFP)