CAOS

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) informó este jueves que recibió unas 2.300 denuncias por vulneraciones de los derechos humanos desde el inicio de las protestas el pasado 18 de octubre, que dejaron ya 20 fallecidos, seis de ellos extranjeros.

Así lo comunicó la sede Regional Metropolitana del INDH, ente público independiente que monitorea las protestas sobre el terreno, en un comunicado hecho público el jueves, en la jornada 21 de movilizaciones.

El instituto asegura que la mayoría de querellas apuntan al "actuar vulneratorio" del cuerpo de Carabineros de Chile durante las tres semanas de manifestaciones, y también de miembros de las Fuerzas Armadas durante los estados de emergencia previamente decretados por el presidente Sebastián Piñera.

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De las más de 2.000 denuncias presentadas, 72 acusan a las fuerzas de seguridad de "torturas", incluyendo aquellas de carácter sexual.

Precisamente, este miércoles 14 agentes de Carabineros fueron formalizados por dos casos de tortura, uno de ellos contra un menor, cometidos el 21 de octubre durante las protestas en varias ciudades de Chile.

Otras querellas se basan en "acciones por homicidio frustrado y por lesiones de diversa índole, entre otros crímenes", indicó el organismo.

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Particularmente, el INDH se querelló por el homicidio de Alex Núñez el pasado 20 de octubre, cuando, según el ente, se encontraba protestando a la salida de una estación de metro de Maipú (Santiago) y, una vez iniciado el toque de queda, intentó huir de las fuerzas policiales con su esposa, resultando herido por un proyectil en el pie.

Acto seguido, los uniformados "le propinaron golpes en la cabeza y cuerpo, falleciendo durante la madrugada" en el principal hospital de la sanidad pública en la capital.

Las manifestaciones y protestas violentas que se registraron en Chile en el marco del estallido social suman este jueves 21 días con un saldo de miles de detenidos y heridos.

Se presentaron centenares de denuncias por abusos, tortura y violencia por parte de las fuerzas de seguridad y la ONU decidió enviar a un equipo de observadores para documentar posibles violaciones a los derechos humanos.