Jan Jarab y Pablo Ruiz Hiebra*
Cada 10 de diciembre conmemoramos el aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, un hito que marcó el camino hacia un mundo más justo y equitativo. En Uruguay, esta fecha nos invita a reflexionar sobre los avances alcanzados por el país en la materia. Pero también a reconocer que, a pesar de sus logros, el país aún enfrenta desafíos en la construcción de una sociedad plenamente inclusiva y respetuosa de los derechos de todas las personas.

Este año Uruguay desarrolló un proceso electoral pacífico y transparente, como viene siendo la tónica desde la recuperación de la democracia. Tal demostración cívica -impensable en muchos países- refuerza la posición de Uruguay entre las 24 democracias plenas del mundo, de acuerdo con el Índice de la Democracia (2023). Las y los uruguayos han sido capaces de construir uno de los países más estables de la región, algo encomiable. Sin embargo, el país no es ajeno a los desafíos que enfrentan el Estado de derecho y los derechos humanos en la actualidad.

Entre los asuntos pendientes, la justicia transicional sigue siendo una deuda para Uruguay. A pesar de algunos avances, los esfuerzos para encontrar a las personas desaparecidas y garantizar la reparación integral de las víctimas siguen siendo insuficientes. Más de medio siglo después del golpe de Estado, son muchas las víctimas de violaciones de derechos humanos cuyos casos permanecen sin respuesta. Es urgente acelerar los procedimientos judiciales, redoblar los esfuerzos en la búsqueda de las personas desaparecidas, superar los pendientes en materia de reparación integral, preservar la memoria y asegurar garantías de no repetición.

Foto: Archivo El País.

Otro desafío crítico para Uruguay reside en el sistema penitenciario y la justicia penal. El país es uno de los que presenta los más altos índices de privación de libertad en la región, como también hacinamiento y condiciones carcelarias inadecuadas. ONU Derechos Humanos ha venido acompañando los esfuerzos para repensar este paradigma, priorizando medidas integrales que garanticen la reinserción social de las personas condenadas y promuevan condiciones dignas en el sistema, poniendo atención al rol de todos los operadores del sistema de administración de justicia y con foco en la especial situación de las mujeres privadas de libertad.

Además, tal y como ha propuesto la ONU con sus Diálogos sobre el Futuro, se debe pensar con audacia en el largo plazo. Si el país no invierte decididamente en la reducción de la pobreza infantil, es probable que los índices de privación de libertad no se reduzcan, o incluso puedan aumentar. Es preciso invertir en oportunidades hoy, para cosechar los frutos sociales y económicos de este esfuerzo en 10 a 15 años. No debemos olvidar que el fenómeno incipiente del crimen organizado, aún en sus primeras etapas en Uruguay, plantea una amenaza que exige una respuesta coherente y preventiva, donde el fortalecimiento institucional será clave para evitar su expansión. Seguridad y convivencia son dos caras de la misma moneda.

A pesar de significativos esfuerzos, las desigualdades de género persisten como un desafío crítico en Uruguay. La prevalencia de femicidios, violencia y discriminación contra las mujeres refleja una problemática estructural que requiere una respuesta urgente. A su vez, la escasa representación de las mujeres y de otros grupos en los espacios de toma de decisiones -reflejada en los resultados de las últimas elecciones legislativas- junto con el auge de discursos de odio en el ámbito digital, obstaculizan el avance hacia una democracia más inclusiva y equitativa.

Este escenario debe interpelar a las nuevas autoridades -tanto del Ejecutivo como del Legislativo- a adoptar leyes, políticas y medidas que permitan garantizar los derechos de las mujeres en su diversidad, de las personas afrodescendientes, las personas con discapacidad, las personas privadas de libertad, las personas LGTBIQ+, las infancias y adolescencias, las personas en situación de calle, para que nadie se quede atrás.

El Plan Nacional de Derechos Humanos y los mecanismos internacionales en la materia ofrecen una valiosa hoja de ruta para las autoridades. En particular, las recomendaciones realizadas este año a Uruguay en el Examen Periódico Universal son una guía para fortalecer los derechos humanos en un horizonte temporal conciso, marcando prioridades claras en temas fundamentales para el país.

Para maximizar el impacto de estas recomendaciones, es crucial fortalecer la participación de las organizaciones de la sociedad civil en la toma de decisiones, para ampliar el espacio cívico e identificar soluciones conjuntas entre titulares de deberes y sujetos de derechos.

Este 10 de diciembre, el Día de los Derechos Humanos es una invitación a reafirmar, a todo nivel, el compromiso de trabajar por una sociedad donde los preceptos de la Declaración Universal sean una realidad para todas las personas, sin discriminación alguna.

*Jan Jarab es Representante de ONU Derechos Humanos en América del Sur. Pablo Ruiz Hiebra es Coordinador Residente de las Naciones Unidas en Uruguay