CRISIS

Guaidó desafía: “¿Quién se atreve a secuestrar al presidente?”.

Mientras el régimen de Nicolás Maduro estrecha el cerco judicial contra el líder opositor Juan Guaidó, al que la oficialista Asamblea Constituyente le quitó la inmunidad parlamentaria el martes de noche, el gobierno de Estados Unidos anunció el plan “Día 2” para enviar dólares en efectivo a los venezolanos.

Se trata de un “plan de rescate y reestructuración” de la economía venezolana luego de la caída de Maduro, anunció ayer miércoles el consejero económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow. “Los dólares son la respuesta”, dijo el principal asesor económico del presidente Donald Trump, durante un evento organizado por el diario The Christian Science Monitor.

“Estamos muy involucra- dos en eso”, dijo. “Lo llamamos «Día 2»”, reveló.

Además de la crisis política, Venezuela está sumida en una debacle económica que según la ONU ha obligado a más de 3 millones de personas a abandonar el país desde 2015.

Kudlow deploró la crisis humanitaria, política y “de interferencia extranjera de Cuba, Rusia y China” en Venezuela y enfatizó que Maduro “tiene que ser reemplazado”.

“Lo queremos fuera”, dijo Kudlow, enfatizando que cuando esto ocurra, la asistencia y reestructuración económica de Estados Unidos a Venezuela “comenzaría de inmediato”.

“Hemos estado trabajando con bancos en la región, tenemos planificación monetaria, tenemos planificación con el FMI. Y nos moveremos tan rápido como podamos”, señaló sobre el plan que prepara junto con el asesor de seguridad nacional de Trump, John Bolton, y el Departamento del Tesoro.

Kudlow, quien preside el Consejo Económico Nacional de Estados Unidos (NEC, por su sigla en inglés), explicó que la iniciativa busca “poner efectivo” en Venezuela a través de “bancos, iPhones, aplicaciones y muchas formas inteligentes”. “Y el efectivo no será en bolívares, sino en dólares. Al menos al principio, por lo que no hay demanda de bolívares”, dijo.

Tras estimar una inflación de 10.000.000% para 2019, el FMI dijo en enero que Venezuela, declarada en cesación de pagos parcial en noviembre de 2017 por varias agencias calificadoras, verá contraerse aún más su economía este año, lo cual ubicaría la caída del PIB real en más del 50% desde 2013.

Agregó que las discusiones incluyen a representantes de Juan Guaidó, reconocido presidente por más de medio centenar de países que están forzando la salida de Maduro para organizar nuevas elecciones.

Kudlow no descartó sanciones económicas estadounidenses adicionales para forzar la salida de Maduro. “Haremos lo que sea necesario”, dijo.

Estados Unidos ya impuso medidas contra más de 80 funcionarios y exfuncionarios del régimen, incluido Maduro, y unas treinta entidades. Además, aplicó a fines de enero sanciones a la petrolera Pdvsa, que funcionarán de hecho como un embargo al crudo venezolano desde el 28 de abril.

En tanto, senadores demócratas y republicanos presentaron en el Congreso de Estados Unidos el proyecto de ley Verdad para ayudar a restablecer la democracia y atender la creciente crisis humanitaria en Venezuela.

La iniciativa es impulsada por el demócrata Bob Menéndez (Nueva Jersey), el miembro de más alto rango en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, y por el republicano Marco Rubio (Florida), considerado uno de los artífices de la estrategia del gobierno de Trump para sacar del poder a Maduro.

Verdad, siglas en inglés de Venezuela Emergency Relief, Democracy Assistance and Development Act, incrementa la asistencia humanitaria, aumenta las medidas contra la “cleptocracia”, apoya a Guaidó para restablecer la democracia, y acelera la planificación de las instituciones financieras para reconstruir el país en la era pos Maduro.

El proyecto de ley eleva a 400 millones de dólares la ayuda humanitaria para Venezuela y autoriza la remoción de medidas punitivas estadounidenses a funcionarios sancionados que no estén involucrados en violaciones a los derechos humanos y reconozcan a Guaidó, entre otras medidas.

Guaidó está desde la noche del martes bajo amenaza de arresto, luego de que la oficialista Asamblea Constituyente lo despojara de sus fueros parlamentarios. Aunque hasta ayer miércoles a última hora no existía orden de detención, Guaidó no descarta que pueda terminar preso, una amenaza que promete enfrentar con más presión en las calles y de los más de medio centenar de países que lo respaldan como presidente interino de Venezuela y no reconocen al régimen de Nicolás Maduro.

Para Cecilia Sosa, expresidenta de la Corte Suprema de Justicia, “cualquier cosa puede suceder”, pues la ofensiva contra Guaidó no tiene una “explicación jurídica, sino política”.

El proceso contra Guaidó continuará en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por tratarse de un caso político, pero la Fiscalía podría presentar cargos por delitos ordinarios, comentó Sosa. El oficialismo controla ambos órganos.

Empeñado en quebrar el principal sostén de Maduro, los militares, Guaidó les lanzó un desafío: “Quiero saber quién de las Fuerzas Armadas o de los cuerpos de seguridad se va a prestar para secuestrar al presidente de la República”.

Un reflejo de la crisis política en Venezuela

Una sola sede legislativa para que sesionen dos parlamentos antagónicos

El Palacio Federal Legislativo es la sede del Parlamento venezolano. Desde hace dos años en ese edificio funcionan dos legislativos: la Asamblea Nacional, presidida por Juan Guaidó, de mayoría opositora y electa en 2016; y la Asamblea Constituyente, un órgano presidido por Diosdado Cabello, el número dos del régimen de Nicolás Maduro, integrado exclusivamente por oficialistas y electo en 2017 en unos comicios cuestionados y a los que no se presentó la oposición por falta de garantías.

La Asamblea Nacional de Guaidó funciona en el Hemiciclo de Sesiones en el área norte, mientras la Constituyente lo hace en el Hemiciclo Protocolar, donde estaba el antiguo Senado, ubicado en el área suroeste del Palacio Federal Legislativo, también conocido como Capitolio Federal.

La construcción del edifico, que llegó a albergar a los tres poderes del estado hasta 1961 que quedó para el Legislativo, comenzó en septiembre de 1872 y culminó totalmente en 1877.